El Gobierno amplía tres meses el veto de desahucios en alquileres
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer en el Congreso la ampliación en tres meses tanto de la prohibición de los desahucios de familias vulnerables que viven de alquiler, como de la posibilidad de que este tipo de hogares obtengan un aplazamiento o condonación en el pago y una extensión del plazo de vencimiento del arrendamiento.
Las medidas fueron aprobadas en marzo del año pasado, después del estallido de la pandemia de coronavirus, y en los meses posteriores se optó por prorrogarlas y ampliarlas en varias ocasiones, pero estaba previsto que venciesen el 9 de mayo coincidiendo con el final del estado de alarma.
La iniciativa da tiempo a PSOE y Unidas Podemos para tratar de solventar sus diferencias sobre la futura ley de vivienda. Los dos socios tienen previsto incorporar en la norma una regulación de los desahucios para los colectivos vulnerables (los del alquiler ahora quedan prohibidos hasta el 9 de agosto, mientras que los hipotecarios se han vetado hasta el 2024).
El pleno del Senado aprobó ayer definitivamente la ley orgánica que deroga el artículo 315.3 del Código Penal, que castiga con hasta tres años de cárcel a los piquetes informativos que coaccionen a otros trabajadores a seguir una huelga. La ley salió adelante con 139 votos a favor, 106 en contra y de la Policía Nacional y Municipal conversan con varias mujeres durante un desahucio en Madrid.
También pactaron que los ayuntamientos puedan imponer un recargo en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a las viviendas que permanezcan vacías durante más de dos años cuando sus propietarios tengan más de cuatro casas. Con todo, las posiciones de ambas formaciones siguen muy alejadas sobre la regulación de los precios del alquiler y sobre la imposición a los grandes propietarios para que destinen parte de sus pisos a alquileres sociales.
El Ministerio de Transportes ha precisado que la moratoria de los desahucios de hogares vulnerables en alquiler podrá incluir a aquellas familias que no tengan 14 abstenciones, sin que se intorujese enmienda alguna, con lo que el texto no tiene que volver a pasar por el pleno del Congreso.
Primero se votaron y rechazaron las dos propuestas de veto presentadas por PP y Vox, partidarios de mantener un tipo penal específico para la coacción en el contexto de una huelga. La portavoz del PP, Cristina Ayala, consideró que esta derogación es una «chapuza» y una medida sectaria y propagandística con la que el PSOE ha querido hacer un gesto al sindicalismo.
contrato cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad. En esos casos, el juez podrá decidir suspender el desahucio cuando los propietarios sean personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas.
Como ya se reguló hace meses, esa medida no se podrá aplicar cuando la vivienda sea la residencia habitual o segunda residencia del propietario o este la haya cedido a una persona física o jurídica para el mismo fin, cuando la entrada en el inmueble se haya producido con intimidación o violencia, cuando existan indicios de que la vivienda se esté utilizando
El portavoz de Vox José Manuel Marín Gascón, aseguró que su grupo está a favor del derecho de huelga, pero en contra de que se ejerza bajo presión, coacción o violencia, ya que «cada vez que hay una huelga aparecen los piquetes que dejan de ser informativos para volverse violentos».
El portavoz socialista, Toni Ferrer, histórico líder de UGT hasta su incorporación al PSOE, defendió que la posibilidad de extender la huelga informando a los trabajadores es inseparable del ejercicio del derecho fundamental de
para actividades ilícitas, cuando se trate de inmuebles destinados a vivienda social y ya se hubieran asignado, o cuando la entrada se produzca con posterioridad a la entrada en vigor de la norma.
La prórroga de tres meses de la posibilidad de solicitar el aplazamiento o condonación parcial del pago del alquiler se podrá instar cuando el arrendador sea un gran propietario o entidad pública. La ampliación en seis meses del vencimiento del contrato beneficia a los hogares con familias vulnerables que la soliciten siempre que el propietario no necesite la vivienda para sí mismo y siempre que sea persona física. huelga y no puede estar penado. «Los piquetes no son violentos ni tienen ninguna intención insurreccional», dijo Ferrer, que acusó al PP y Vox de querer «impedir que se hagan huelgas».
UGT y CCOO celebraron que por fin se haya derogado un artículo por el que consideran que han sido encausados de manera injusta cerca de 300 sindicalistas, fundamentalmente durante los años de gobierno del Partido Popular en los que el Ministerio Fiscal hizo una aplicación «generalizada y abusiva» del artículo, solicitando penas de hasta 8 años de cárcel par sindicalistas que participaron en piquetes. En un comunicado conjunto recordaron que la ley aprobada contempla la anulación de las sentencias aplicadas por ese precepto.
HH