«No se puede vivir en un permanente estado de alarma»

La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, afirmó ayer que «no podemos vivir permanentemente en un estado de alarma», por lo que el Ejecutivo extremeño «respeta» la decisión del Gobierno de que este decaiga el próximo 9 de mayo. Gil Rosiña defendió que el presidente de la Junta, autoridad delegada en la región, y el Consejo de Gobierno tienen «competencia y seguridad jurídica suficiente» para determinar cuantas medidas sean necesarias y la pandemia vaya obligando a poner encima de la mesa. A su juicio, «no sería ni bueno ni deseable generar incertidumbre» entre la ciudadanía. En su defecto, abogó por lanzar «un mensaje de esperanza, que se llama vacuna», y otro de responsabilidad para ser conscientes de que todavía no se ha terminado la pandemia. Por ello, ha abogado por acompañar esa «imagen de la esperanza», la de familiares y amigos que se están vacunando, con el «necesario cumplimiento» de las normas que marcan las autoridades sanitarias para, «juntos, vencer una pandemia que no se ha terminado». Una vez decaiga el estado de alarma el próximo 9 de mayo, las comunidades no tendrán competencias para restringir la movilidad ni decretar toques de queda, pero sí podrán recurrir a las autoridades judiciales para que se autoricen las medidas pertinentes, tal y como ocurrió el pasado verano, al inicio de la nueva normalidad.