Las regiones podrán confinar aunque se levante el estado de alarma

Carmen Calvo dice b que el Consejo Interterritorial tiene margen para acordarlo Fuentes jurídicas y b de las autonomías ponen en duda lo dicho por la ministra

El fin del actual estado de alarma, que decaerá el 9 de mayo tras más de seis meses en vigor, inquieta a las autonomías. Temen que sin este mecanismo excepcional carecerán de facultades para llevar a cabo confinamientos perimetrales. Al mismo tiempo, la mayoría de los grupos parlamentarios, incluidos los socios tradicionales de la coalición del PSOE y Podemos, reclaman al Ejecutivo que apruebe una legislación alternativa que permita aplicar restricciones. Pero Pedro Sánchez dejó claro el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados que no contemplaba extender la alarma ni alumbrar nuevas normas. Ante este complejo escenario, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, intentó tranquilizar ayer a las comunidades.

Según Calvo, el Consejo Interterritorial de Salud, que reúne al Gobierno y las autonomías, podrá acordar el cierre de determinados

Hace años que están lejos de cualquier registro. Las miles de personas que duermen en la calle o en albergues municipales, el casi medio millón de inmigrantes sin papeles que residen en España, los temporeros que van rondando por la España rural y que viven en paupérrimas condiciones, las prostitutas que ejercen en clubes o en pisos y que no constan en ningún

Bruselas La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, posa con una tirita con la bandera de la UE en el brazo después de haber sido vacunada con la primera dosis de la Pfizer. Ella misma informó en Twitter sobre su vacunación en un mensaje en el que celebra que se hayan suministrado ya 100 millones de vacunas en la UE y que se esté acelerando el proceso.

qterritorios si se disparan los contagios, algo que en la Moncloa creen que no sucederá, debido al acelerón en la vacunación.

/La vicepresidenta señaló en Canal Sur que «salvo inmovilizar a los ciudadanos en sus casas», una medida que incluye los toques de queda, se puede hacer «casi todo» con la legislación ordinaria. Las comunidades pueden por sí mismas cerrar la restauración y los comercios, como hizo, por ejemplo, Catalunya durante el pasado otoño. Y el Consejo Interterritorial, mediante una «acción coordinada», tiene margen para aprobar el confinamiento de algunos territorios registro municipal; los que viven en pisos ocupados, asentamientos y pisos patera, y a los que los ayuntamientos no les dejan empadronarse. Ellos también son ciudadanos españoles, probablemente están más expuestos a contagiarse del coronavirus que el resto y deberán ser vacunados en los próximos meses. ¿Pero cuándo y cómo se les pinchará? Esta es la pregunta que se hacen las entidades sociales y el Ministerio de Sanidad conjurándose para resolverla. Algunas comunidades autónomas han empezado a dar con algunas claves. Otras siguen firmes con la exclusión social y sanitaria cuando estén «en situación de particular incidencia».

Calvo, como Sánchez el día anterior, argumentó que el Supremo dejó claro que las resoluciones del Interterritorial son de obligado cumplimiento. El Gobierno alude aquí a un auto del alto tribunal del pasado marzo, en el que rechazó la suspensión cautelar que había solicitado Vox del cierre de la Comunidad de Madrid, acordado por este organismo. Pero los magistrados no resolvieron entonces sobre el fondo y fuentes jurídicas, junto a las propias autonomías, ponen en cuestión la interpretación del Ejecutivo.

El papel de la justicia es clave en el escenario que se abrirá a partir que puede amenazar la inmunización de todo el país.

/ Una de las entidades que está teniendo conversaciones con el Ministerio de Sanidad para abordar la vacunación de los colectivos socialmente más desfavorecidos es Médicos del Mundo, especializada en atender a personas excluidas del sistema sanitario. «Aquí tenemos dos problemáticas. Una, la de aquellas personas que no tienen tarjeta sanitaria y que por lo tanto no constan en ningún registro sanitario para llamarles y que se vacunen», explica Pedro Campuzano, refede mayo. Su aval es preceptivo para limitar derechos fundamentales sin estado de alarma. Las comunidades temen que los jueces anulen las iniciativas que aprueben, como ocurrió en verano, cuando no estaba en vigor el mecanismo excepcional. Los tribunales aplicaron criterios muy distintos a la hora de fallar sobre los confinamientos.

La prórroga del estado de alarma, en cualquier caso, está descartada. El Gobierno cree que la vacunación la hace innecesaria, y teme que perjudicaría al turismo. Hay también un motivo político: en plena campaña de las elecciones madrileñas, al Ejecutivo no le conviene dar el paso. rente sanitario de programas de Médicos del Mundo en España . En este grupo se incluye inmigrantes sin papeles que no han podido demostrar tres meses de residencia legal en España, los que no están empadronados, y los que tienen un seguro médico privado. Es el caso de los reagrupados ascendentes. «Cuando un inmigrante reagrupa a sus padres o sus abuelos, la ley de extranjería les obliga a tener un seguro privado y no les permite tener tarjeta sanitaria», cuenta Campuzano. De hecho, los padres de los inmigrantes preocupan a la entidad porque, por edad, muchos encajan en el colectivo sanitario de mayor riesgo y, según Campuzano, no están recibiendo la vacuna que les correspondería. El Ministerio de Sanidad, explica, quiere que las CCAA creen un registro de los excluidos del sistema sanitario.

HHEl fin es tenerlo en junio y capacidad para emitir millones en poco tiempo

ejemplo, deberá someterse a las restricciones que se establezcan como país de destino, precisó el secretario de Salud Pública. La ventaja del código QR, que es gratuito y no es discriminatorio, según subrayó González, es que facilitará la comprobación en frontera.

Así, «el tránsito va a ser mucho más seguro, y más ágil para el viajero» y «España va a poder recibir a más gente con más seguridad». Además, elimina «cualquier riesgo de falsificación», pues cada estado podrá comprobar al consultar el código que el certificado ha sido emitido por una autoridad sanitaria.

El objetivo del Gobierno es que esté operativo a finales de junio y funcione plenamente para la campaña de verano. Para ello deben tener capacidad de emitir «millones de certificados en muy poco tiempo». Serán las comunidades autónomas las encargadas de emitir los certificados, con ayuda técnica de Sanidad, que se coordinará además con la Unión Europea, que aún debe aprobar el reglamento definitivo del documento.

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