Autoritarismo en la `era covid'
En clave
La pandemia del coronavirus ha implicado un deterioro de la democracia en la Unión Europea (UE), detalla el informe UE 2020: exigir democracia, que acaba de publicar Civil Liberties Union for Europe. El deterioro no solo afecta a los países más autoritarios (Hungría y Polonia) y a los estados con déficits democráticos (Bulgaria, Rumania, Eslovenia), sino también a Europa Occidental. La libertad de prensa en la UE está en retroceso en cada vez más países, con acoso y violencia contra los periodistas y leyes restrictivas, advierte Reporteros sin Fronteras en otro informe. La violencia de la policía y los manifestantes contra los periodistas es un fenómeno en alza, como muestran Alemania, Francia, Italia y España.
La Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que supervisa el funcionamiento de la democracia, instó en marzo al Gobierno español a modificar la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, por dañar la libertad de expresión, de reunión, de manifestación y de privacidad, y por facilitar abusos policiales, dejar indefenso al ciudadano e intimidar con sanciones desmedidas. La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, criticó en marzo los artículos primer ministro húngaro, Viktor Orbán, cubierto con una mascarilla.
del Código Penal español que penaliza el ejercicio de la libertad de expresión y las condenas de los tribunales españoles, que se niegan a respetar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sus reiteradas sentencias contra España.
Desde Hugría a Alemania
«La democracia y el Estado de derecho han sufrido un golpe en un amplio número de países europeos durante el año de pandemia», alerta el análisis de Civil Liberties Union for Europe. Las libertades, incluido el derecho a reunión y a protesta, se han recortado en muchos casos vía decretos y trámites acelerados, con escaso control democrático sobre los gobiernos y restringiendo la posibilidad de debate en la sociedad civil, añade el informe. Hungría, Polonia. Bulgaria, Rumania y Eslovenia utilizaron la pandemia para
«debilitar aún más los estándares democráticos» y acelerar la adopción de leyes controvertidas, indica el informe.
Hasta el Gobierno alemán ha recortado los poderes de los estados federales para poder imponer directamente restricciones. Los toques de queda, impensables en el 2019, se han normalizado en 13 países de la UE pese a su cuestionado efecto sanitario, ya que los 14 países de la UE que no los aplican, como Alemania, tienen menores índices de mortalidad per cápita, incluso en Suecia, el país más laxo.
Los tribunales de Bélgica declararon el 31 de marzo «ilegales» las medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno, porque no estaban encuadradas en una ley. El Tribunal Constitucional alemán declaró inconstitucional la prohibición general del derecho de reunión y manifestación en abril del 2020. En España, se han aprobado centenares de regulaciones desde el inicio de la pandemia, que han diluido el marco legal en prescripciones muy complejas e inaccesibles para el ciudadano, señalan desde Jueces para la Democracia.
Intimidar a las voces críticas La pandemia se ha aprovechado para intimidar a las voces críticas y a la prensa. Hungría adoptó una ley que penaliza con 5 años de prisión la difusión de noticias falsas, siendo el Gobierno quien decidía qué es falso, denuncia Reporteros sin Fronteras. Francia intentó penalizar la filmación de la violencia y los abusos policiales. Los procesos judiciales para silenciar a activistas, periodistas y medios críticos se multiplican en la UE y alcanzan a historiadores (Polonia, Hungría, España, Francia, Italia, Croacia, Eslovenia, Bulgaria). Alemania ha propuesto una ley para criminalizar el manejo de datos filtrados y otra para permitir a los servicios de inteligencia piratear ordenadores y teléfonos sin control judicial. En España, la reforma de la ley de telecomunicaciones podría permitir al Gobierno suspender el acceso a webs y retirar contenido sin orden judicial.
La credibilidad de la justicia también ha continuado deteriorándose por polémicos nombramientos en España, Irlanda, Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumania, Republica Checa y Eslovaquia. En Polonia, el Constitucional, controlado por el partido ultra gobernante Ley y Justicia se ha deshecho del Defensor del Pueblo, y en España los jueces afines al PP copan puestos clave.
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