La región no recurrirá por ahora los 86 millones del IVA de 2017
Sigue apostando b por el diálogo pese a la sentencia favorable en Castilla y León El dinero ya se gastó b «porque se contaba con él» y ha tenido impacto en el déficit
La Junta de Extremadura no reclamará de momento por la vía judicial los 86 millones de euros pendientes de la liquidación del IVA de 2017, pese a que la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre este asunto ha sido favorable a los intereses de las comunidades autónomas. «Todos los conflictos no se pueden arreglar por la vía judicial. Este es un gobierno que quiere hablar y eso es lo que vamos a hacer», dijo ayer la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña.
La consejera se pronunció así a raíz de una sentencia dictada por el Tribunal Supremo, que ha dado la razón a la Junta de Castilla y León en el recurso que interpuso para reclamar al Gobierno 182 millones por la liquidación del IVA de 2017. Se trata del primer pronunciamiento judicial sobre este tema tras varios años de insistencia y si bien el fallo no estipula las cantidades concretas que se deben abonar, es favorable a los intereses de las comunidades autónomas. De hecho, según el Ejecutivo leonés, el fallo abre la puerta a que el resto de regiones que también reclamaron judicialmente
La portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ayer en rueda de prensa. estas cantidades (entre ellas Cataluña, Madrid o Galicia) puedan recuperarlas ahora.
Según el Ejecutivo extremeño, este problema viene por una decisión «injusta y desleal» del Gobierno de Mariano Rajoy. Como consecuencia de la reforma del sistema del pago del IVA en el año 2017, las entregas a las comunidades con cargo a este impuesto se liqui
daron por 11 mensualidades en lugar de las 12 correspondientes, lo que en el caso de Extremadura se cifra en un impago de 86 millones que no han sido transferidos.
Esta cantidad ya se gastó en 2019 «porque se contaba con ella» y como consecuencia, ha tenido impacto en el déficit autonómico. Los 86 millones se reclamaron «formalmente» al Ministerio de Hacienda en febrero del año 2020 a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ahora, más de un año después y tras el pronunciamiento judicial, el Ejecutivo extremeño sigue apostando por el diálogo. No obstante, también se estudiarán los efectos de la sentencia de Castilla y León, según Gil Rosiña.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado de 2019 ya contemplaban un crédito de 2.800 millones de euros para compensar el perjuicio, aunque finalmente no salió adelante porque las cuentas decayeron tras retirar su apoyo ERC.
En aquel momento Hacienda estimó en 2.800 millones de euros el impacto de la modificación del sistema de pago del IVA y habilitó un préstamo de 2.500 para las comunidades y otro de unos 300 para los ayuntamientos, que también se financian con una parte de la recaudación de IVA.
Debido a la reforma del sistema de pago, las entregas a cuenta se liquidaron por 11 mensualidades y no 12
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