La región cuenta con doscientos proyectos fotovoltaicos viables
Se ubicarían en 68 b municipios extremeños, según afirmó ayer la consejera Olga García Está prevista la b instalación de 8.000 MW adicionales de esta tecnología
Extremadura cuenta en la actualidad con 209 proyectos fotovoltaicos con viabilidad para instalarse en 68 municipios de la región, según afirmó ayer la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García. García ofreció estos datos en el evento `on line' `Despliegue de instalaciones renovables desde la perspectiva municipal', organizado por la Consejería, en colaboración con la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), y que contó con la participación de cerca de 50 alcaldes extremeños.
En él expuso las oportunidades que para los ayuntamientos supone el desarrollo de instalaciones de energía renovable, ha destacado especialmente las ventajas de la tecnología fotovoltaica y detalló el marco normativo que regula su instalación, según informó el Gobierno regional en una nota.
Durante su intervención explicó el despliegue de instalaciones de energía renovable en el marco de la acción política en Europa y España en favor de las energías renovables y de la lucha contra el cambio climático, que se concreta en la región en el Plan Extremeño
Un operario, entre los paneles de una planta fotovoltaica.
Integrado de Energía y Clima (PEIEC) 2021/2030.
Este plan prevé la instalación de 8.000 megavatios adicionales de potencia fotovoltaica, de los cuales más de 1.800 ya están en fase de construcción. En concreto, según destacó la Junta, se prevé que el 74,6 % del impacto económico producido por las medidas del PEIEC impulse zonas rurales y que reporte más de 1.300 millo
nes de euros a las arcas municipales a lo largo de esta década.
Olga García se mostró convencida de que la salida a la crisis pasa por rediseñar el sistema energético, avanzando hacia un nuevo modelo energético sostenible, más seguro y más limpio.
La consejera estableció un diálogo con los representantes municipales para plantear el marco general de su participación en este proceso, orientado a que conozcan aspectos clave como la necesidad de que los proyectos tengan acceso y conexión a la red eléctrica.
También informó de la existencia actual de una moratoria por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para nuevos puntos de evacuación mientras se habilitan nuevas vías para aflorar una mayor capacidad.
La consejera precisó además que su viabilidad y emplazamiento dependerá de la concesión que se haga de estos puntos de acceso por parte de Red Eléctrica Española y de las empresas distribuidoras que operan en Extremadura.
De igual modo, en el encuentro se analizaron los mecanismos de relación con las empresas promotoras y los procedimientos administrativos y de gestión de estos expedientes.
La consejera consideró que los ayuntamientos extremeños van a tener un papel destacado en la transición energética en la región y en ámbitos como el autoconsumo y la eficiencia energética.
La consejera expuso las oportunidades que para los ayuntamientos supone el desarrollo de las energías renovables
HSu eliminación en el Guadiana ha requerido ya más de 50 millones de euros
Andalucía.
Según han explicado estos últimos, a lo largo de la mañana de ayer se han sacado aproximadamente 100 kilos de esta planta invasora y, calculan, quedan por retirar al menos otros 500.
Dada la enorme capacidad de dispersión del camalote, cuyas semillas pueden permanecer y rebrotar en el sedimento acuático hasta veintisiete años después de ser depositadas, agentes y técnicos consultados han explicado que habrá que hacer seguimiento para evitar otra posible colonización y expansión en el Guadalquivir, donde no había sido detectada hasta ahora.
El camalote está considerada una de las plantas exóticas invasoras (EEI) más peligrosas del mundo: ha colonizado una parte muy importante del lago Victoria, en África, impidiendo su navegación; ha resultado incontrolable en cantidad de humedales de Estados Unidos ,y en el Guadiana, ha requerido inversiones superiores a los 50 millones de euros para su erradicación desde 2014.
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