El pago por el uso de las carreteras llegaría en el 2024
La nueva medida b no solo afectará a las empresas, sino también a particulares La rehabilitación b energética de edificios generará casi 600.000 puestos de trabajo
El Ejecutivo calcula que en el 2024 se podría implantar un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, que puede ser ampliable al resto de vías, buscando un acuerdo social y político, según recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Ejecutivo sostiene que, de acuerdo con la experiencia internacional, de dos a tres años es el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar este sistema de pago por uso a nivel nacional.
Esta medida formaría parte de la ley de movilidad y financiación del transporte, con la que el Gobierno pretende introducir los principios de «el que contamina paga» y «el que usa paga». Se espera que en el primer semestre del 2021 se eleve el texto al Consejo de Ministros para una primera lectura y que se apruebe en el segundo semestre del 2023. La introducción de un sistema de ingresos que garantice fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal se tratará con los transportistas para llegar a un acuerdo, así como con las autonomías y otras administraciones.
Los particulares también se verán afectados, por lo que hasta el 2024 habrá una campaña de concienciación y sensibilización sobre la necesidad de esta medida.
Varios vehículos circulan por una autopista.
El Ejecutivo espera cierto rechazo inicial de la población, por lo que ve aconsejable unas tarifas asumibles, escalables y
progresivas. Asimismo, se contemplan reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos más desfavorecidos o a los usuarios habituales en ciertos tramos.
El Gobierno estima que el Plan de Recuperación, con fondos europeos que afecta a la rehabilitación energética en el sector de la edificación contribuirá a crear al menos 188.300 empleos directos y hasta 400.000 indirectos si se incluyen lios indirectos. Las estimaciones se basan «a partir de la ratio estimada en base a 18 empleos por millón invertido en rehabilitación energética». Según el texto del Gobierno presentado en Bruselas, el objetivo es «apoyar la renovación del parque nacional de edificios residenciales y no residenciales, públicos y privados, transformándolos en parques inmobiliarios con alta eficiencia energética y descarbonizados antes del 2050, facilitando la transformación económicamente rentable de los edificios existentes en inmuebles de consumo de energía casi nulo». Se establecerá un límite medio de coste de actuación objeto de financiación de 15.000 euros por vivienda, que coincide con el coste medio estimado para obtener los ahorros en este tipo de actuaciones de renovación energética a nivel de edificio. Se establecerá como requisito para acceder a la subvención una reducción del consumo de energía primaria no renovable.
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