EEUU y la UE se abren a liberar las vacunas
La propuesta de Biden de desbloquear las patentes busca la inmunidad global
Se necesitan entre 10.000 y 14.000 millones de vacunas para poner punto y final a la pandemia de covid-19. Se necesitan además por todo el mundo y se necesitan ya. Los primeros meses de producción masiva de estos fármacos han puesto sobre la mesa 400 millones de dosis: un escaso 3% del total que se necesitaría para frenar la expansión del virus. Los pronósticos más optimistas estiman que, de seguir así, se tardará entre un año y un año y medio en producir inyecciones suficientes para inmunizar a todo el mundo. Los más pesimistas calculan que serán años (en plural) y que aun así será difícil llegar a todos.
El diagnóstico del problema está claro. El cuello de botella está en las fábricas: si no se producen más vacunas es porque los actuales productores no dan abasto. Hasta aquí hay un cierto consenso. La disputa empieza en cuanto toca hablar de soluciones. Hace ya meses que oenegés, expertos y hasta la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) reclaman una suspensión temporal de las patentes como una vía para acelerar la producción global de vacunas. La propuesta parecía estancada ante la oposición de las farmacéuticas, pero ahora que Estados Unidos ha mostrado su apoyo a la iniciativa parece que el debate vuelve a coger forma.
La discusión sobre vacunas y derechos de propiedad intelectual cae en un mundo que, hoy por hoy, sigue luchando contra las cifras más devastadoras de la pandemia. No solo preocupa que los viales se produzcan a cuentagotas. También inquieta que no se están repartiendo equitativamente. Solo hace falta mirar el mapa global de vacunados para ver la inmensa brecha que separa el norte y el sur. Y esto, a su vez, se traduce en más contagios, más muertes y más pérdidas económicas y sociales asociadas al coronavirus. Este es el contexto clave para empezar el debate.
¿QUÉ SIGNIFICA LIBERAR UNA PATENTE?
Empecemos por el principio. Todos los medicamentos, incluidos las vacunas, se comercializan bajo unos derechos de propiedad intelectual (también llamados patentes). Las farmacéuticas utilizan este recurso para blindar la producción y explotación de sus productos durante unos 20 años para que, al menos en este periodo, puedan recoger los frutos de la inversión realizada en fases de investigación. En la práctica, los propietarios de patentes tienen dos alternativas. O se quedan con la «exclusiva» de sus productos o entregan su fórmula a terceros a cambio de unos royalties. En ambos casos, la industria se asegura un retorno, aunque entre un modelo y otro puede variar (y mucho) el margen de beneficio. La decisión se puede aplicar tanto a las vacunas en sí como a las materias primas necesarias para su fabricación.
¿QUÉ IMPLICA PARA LA PRODUCCIÓN GLOBAL DE VACUNAS?
La propuesta de suspender las patentes de las vacunas contra el covid-19 supondría una ruptura drástica con el actual modelo de producción. Las propietarias de estos fármacos deberían dar la receta de sus vacunas y explicar qué proceso siguen para fabricarlas. Es decir, dar a conocer tanto su fórmula como todo el proceso de transferencia de tecnología y conocimiento implicado. Esto permitiría que otros productores se puedan lanzar a fabricar vacunas contra el covid-19 (previo pago de royalties y durante el tiempo que dure el acuerdo, claro).
El debate sobre la suspensión temporal de patentes llegará a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, si logra el consenso por unanimidad de todos los miembros, podría salir adelante en junio. El futuro de esta propuesta dependerá no solo de que se llegue a un acuerdo, sino de qué ponga en la letra pequeña. «La clave es que el texto que salga de las negociaciones no esté desaguado. Habrá que fijarse en los plazos de la suspensión, en si el precio de los royalties se negocian de manera conjunta o país por país y qué medidas se incluyen para la transferencia del conocimiento», resume Vanesa López, directora de la oenegé Salud por Derecho.
¿QUÉ ARGUMENTOS HAY A FAVOR DE ESTA PROPUESTA?
El principal argumento para suspender temporalmente las patentes de las vacunas es que, viendo que la pandemia sigue haciendo estragos por todo el mundo, urge aunar esfuerzos para aumentar la producción global de vacunas. Y si ha quedado claro que los actuales productores no llegan a más, habrá que dejar que otros fabricantes echen una mano. «Esto no significa que el sistema de patentes ha fracasado, sino que no funciona para hacer frente a un problema de alcance global. Es una medida excepcional, sí. Pero también estamos viviendo en circunstancias excepcionales», recuerda Rafael Vilasanjuan, miembro del consejo de dirección de la Alianza Global para la Vacunación (GAVI).
«Las patentes nunca fueron diseñadas para usarse durante emergencias globales», argumenta un editorial de la revista Nature. «Una patente recompensa a los inventores protegiendo sus invenciones de la competencia desleal durante un tiempo limitado, pero una pandemia no es una competencia entre empresas, sino una carrera entre la humanidad y un virus. En lugar de competir, los países y las empresas deben hacer todo lo posible por cooperar para poner fin a la pandemia», añade.
«Tampoco podemos olvidar que las vacunas se empezaron a desarrollar en laboratorios públicos y que tanto su estudio como su producción han sido financiados con millones y millones de financiación pública», recalca Raquel González, responsable de relaciones internacionales de Médicos Sin Fronteras. La portavoz también recuerda que en mayo del 2020 la OMS abrió una plataforma para que las farmacéuticas compartieran de manera voluntaria sus avances tecnológicos y que, un año después, la iniciativa sigue sin registrar una sola entrada.
¿QUÉ ARGUMENTOS HAY CONTRA ESTA PROPUESTA?
El principal argumento contra esta propuesta es que, a pesar de todo, fabricar una vacuna no es para nada fácil. Más en el caso de las vacunas contra el covid-19, que parten de unas plataformas tecnológicas muy sofisticadas que hasta ahora no se habían desarrollado para producir a gran escala. Se estima que estas fórmulas cuentan con unos 200 ingredientes de base y que cada materia prima viene de una parte diferente del mundo. Hay pocas, poquísimas, fábricas capaces de trabajar con compuestos como el ARNm (que caracteriza las vacunas de Pfizer y Moderna). Y todavía hay menos productores con herramientas validadas para este tipo de procesos. Johnson & Johnson, por ejemplo, sondeó más de 100 empresas para producir su vacuna pero vio que tan solo diez tenían las infraestructuras necesarias para fabricarla.
«La suspensión de patentes no es una panacea», esgrime Steve Bates, director ejecutivo de la Asociación de Bioindustria, en declaraciones al portal Science Media Center. El portavoz de la industria argumenta que «entregar un recetario sin los ingredientes, las garantías y la infraestructura necesaria no ayudará a fabricar más rápidamente». Las farmacéuticas también han mostrado su preocupación por el hecho de que «fábricas desconocidas sin experiencia en vacunas o con escasos controles de producción y calidad pudieran entrar a competir por materias primas escasas, causando disrupciones en la cadena de suministro e incrementando el riesgo de falsificaciones».
EL DEBATE TARDARÁ EN RESOLVERSE
La pelota está en el tejado de la Organización Mundial del Comercio. Tanto de un lado como del otro de la discusión, preocupa que el debate sobre esta cuestión se eternice. Y que cuando se llegue un acuerdo ya no sirva para nada, pues también harán falta semanas (sino meses) para adaptar y validar los nuevos fabricantes de vacunas. «Hay que acelerar todos estos procesos. No podemos perder más tiempo. Ya se ha debatido lo suficiente, ahora es momento de actuar», esgrime López. «Si en menos de un año hemos conseguido desarrollar no una, sino varias vacunas contra el covid-19, no puede ser que no consigamos llegar a un acuerdo sobre su producción», zanja González.
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Tras 14 meses de pandemia, muchos españoles miran al próximo domingo y ya piensan en hacer las maletas. Por más que los epidemiólogos recuerden que a partir del 9 de mayo desaparece el estado de alarma pero no el virus, las ganas de viajar, hacer vida social o visitar a la familia pesan mucho. Las autonomías tienen hasta el sábado para ver qué medidas restrictivas aprueban para tratar de contener los contagios. Esas decisiones deberán ser avaladas por los tribunales autonómicos de justicia. Si no hay consenso, los ejecutivos pueden acudir al Tribunal Supremo para emitir un recurso de casación exprés, una fórmula ofrecida por el Gobierno que no ha desatado precisamente pasiones en los gobiernos regionales.
Tampoco lo ve claro el Supremo, que, para saber cómo debe actuar, ha analizado el decreto ley que le concede la última palabra en relación con la restricción de movimientos que podrán imponer las comunidades autónomas. El objetivo es evitar la disparidad de criterios que se vivió, por ejemplo, a la hora de validar o no los confinamientos o cierres de actividades, pero para el alto tribunal supone un «sobreesfuerzo» con un personal «ya saturado de trabajo con la dedicación que se pide al recurso de casación común y general».
El dictamen, de uso interno, es muy crítico con una reforma que hasta considera «muy problemático» poder cumplir «en tan breve plazo» (en referencia a los cinco días previsto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para resolver el nuevo recurso de casación) por motivos técnicos, pero sobre todo, «habida cuenta que al Tribunal Supremo accederán, probablemente en fechas coincidentes, recursos procedentes de cualesquiera tribunales de orden jurisdiccional contencioso-administrativo».
A lo largo de 13 páginas, los letrados destacan el «impacto muy significativo» que tendrá la reforma y se limitan a apuntar la «posible insuficiencia o inadecuación del rango de la norma empleada
para regular una cuestión como esta, que incide en derechos fundamentales». También se permiten señalar el «problema de la constitucionalidad de la posición institucional en que se viene a situar a los tribunales de justicia, como una suerte de copartícipes ejecutivos en el proceso de adopción de medidas administrativas», con «competencias administrativas compartidas».
Mientras tanto, las autonomías han empezado a presentar sus planes a los respectivos tribunales superiores de justicia (TSJ).
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ISLAS BALEARES. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Baleares fue ayer la primera en pronunciarse al autorizar las medidas sanitarias presentadas por el Govern balear. Las medidas aprobadas regirán entre los días 9 y 23 de mayo. Contemplan limitar los desplazamientos y la circulación por vías públicas (toque de queda) entre las 23.00 y las 06.00 horas y los controles para la entrada a la comunidad.
2CATALUÑA. La Generalitat es2tá a la espera de que el TSJ de Cataluña se pronuncie sobre el tope máximo de seis personas en reuniones sociales y las restricciones de aforo en lugares de culto. Ya está prevista la apertura de los restaurantes en horario ininterrumpido hasta las 23.00 horas (podrán servir cenas) y la autorización para que los comercios puedan abrir hasta las 22.00 horas (Hasta ahora, a las 21.00). El toque de queda no se mantendrá en la comunidad.
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PAÍS VASCO. La comunidad con la tasa de contagia más elevada de toda España, Euskadi, celebra hoy una reunión para ver qué tipo de medidas anticovid se pueden aplicar una vez decaiga el estado de alarma. El toque de queda, los cierres perimetrales y la prohibición de reunirse a partir de un número de personas estarán incluidas siempre y cuando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco las haya refrendado. Han anunciado que no recurrirán al Supremo.
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ANDALUCÍA. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, explicó ayer que la voluntad de su Ejecutivo es mantener el cierre perimetral solo en los municipios que superen los 500 casos por 100.000 habitantes. Antes de aplicarse, solicitará el necesario aval judicial. La desescalada andaluza será «progresiva» y «prudente». Una de las primeras medidas será la apertura del ocio nocturno, aunque no en los horarios de antes de la pandemia.