El Gobierno planea alargar los ertes del covid hasta el final del verano
La prórroga permitirá atender toda la campaña
El Gobierno ha planteado a patronal y sindicatos que la nueva prórroga de los ertes covid sea hasta el 30 de septiembre. Cuatro meses más que dejarían toda la campaña laboral de verano cubierta. Los sindicatos dan por buena la fecha, mientras que desde la patronal CEOE no han querido pronunciarse sobre una negociación que acaba de empezar. Este fue el principal punto discutido en la primera reunión para extender estos mecanismos de protección del empleo más allá del 31 de mayo, cuando vence la prórroga actual. Una vez fijada la fecha, ahora las partes deben acabar de cerrar el contenido. Los negociadores de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social reanudaron las conversaciones con la patronal y los sindicatos ayer y la primera reunión –de cuatro horas– fue fructífera. Unos 640.000 trabajadores actualmente en erte dependen de la renovación de este mecanismo de protección social.
El Gobierno ya se había comprometido ante la Unión Europea a alargar este mecanismo de protección todo lo que resta de ejercicio. De momento, y salvo que embarrancaran las conversaciones, estos se extenderán hasta el 30 de septiembre. Esto abre la puerta a que, tras esta, pueda haber una nueva y probablemente última prórroga para acabar de cubrir el ejercicio.
Los negociadores de la Seguridad Social y Trabajo han repetido la fórmula de la anterior negociación: «primero cerramos el hasta cuándo y luego ya discutiremos sobre el cómo». Es el mensaje que ha imperado. «La noticia importante es que los ertes se van a mantener, que va a haber un nuevo acuerdo hasta el 30 de septiembre y la apuesta por seguir manteniendo esta herramienta mientras las necesidades económicas fruto de la pandemia del covid-19 sigan vigentes», declaró la secretaria de acción sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente. Fuentes consultadas de UGT afirman que ven con buenos ojos la fecha y están a expensas, como el resto, del contenido. Y la patronal, habitualmente más reticente para sellar acuerdos, prefiere esperar.
Será a partir de la reunión de la semana que viene cuando las partes empezarán a discutir el esquema, con tres semanas para acabar de cerrar el entente. Fuentes sindicales explicaron que el Ejecutivo se ha comprometido a partir de las bases del anterior acuerdo, que confería prioridad a los trabajadores que no podían reactivarse. La idea que les han trasmitido es analizar qué ramas de actividad siguen estando afectadas por la crisis y precisan seguir con acceso a las ayudas, cuáles pueden descolgarse y cuáles podrían añadirse. También revisar el acceso de los trabajadores fijos discontinuos a los ertes, que sobre el papel tienen derecho, pero no siempre acaban protegidos. No obstante, papeles sobre un acuerdo no hay todavía encima de la mesa y tampoco se ha discutido si podría haber modificaciones en los porcentajes de exoneraciones para las empresas.
Pese a que el primer mensaje ha sido de continuidad en el sistema, ministros como José Luís Escrivá o la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, se han posicionado en las últimas semanas a favor de introducir cambios en el esquema de incentivos, para premiar más a aquellas empresas con posibilidad de reactivar a trabajadores del erte. Mientras que la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y los agentes sociales son más proclives a mantener sin apenas cambios el actual modelo. Ese debate deberá esperar a la semana que viene, pues en la reunión de ayer no hubo cruce de propuestas por escrito.
`LA PROHIBICIÓN DE DESPEDIR' El hasta cuándo no ha sido conflictivo –tampoco lo fue en la anterior prórroga–, pero el cómo sí puede generar mayores disensos. Pues el esquema de incentivos no será el único punto de debate y hay varias aristas que las partes van a querer tocar. Una de estas es la prohibición de despedir para las empresas que estén en erte y durante los seis meses posteriores a la finalización del mismo.
La patronal quiere eliminar esta cláusula, los sindicatos abogan por mantenerla y hasta ahora el Gobierno la ha ido prorrogando. La renovación del contador a cero de las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados y el garantizar un mínimo del 70% de prestación a partir de los seis meses de suspensión son otros dos flecos a negociar.
El Gobierno ha presupuestado un gasto de 7.972 millones de euros este 2021 para mantener a lo largo del año este escama del escudo social. Una proporción sustancialmente menor que los 29.311 millones que dispuso para ello durante el año anterior. A tenor de la reducción del número de afectados, pues actualmente hay unos 665.000 trabajadores en erte en toda España y durante el ejercicio anterior, en el momento de mayor confinamiento, se alcanzó el pico de 3,5 millones de empleados suspendidos.
Las ayudas para los trabajadores autónomos, que actualmente benefician a unos 450.000 afiliados al RETA, también están pendientes de ser renovadas más allá del 31 de mayo y, de momento, no hay fecha para esa reunión. En prórrogas anteriores su esquema ha seguido un guion paralelo al de los ertes y el acuerdo con los agentes sociales se ha acabado cerrado por las mismas fechas.