La fiscalía denuncia a tres cargos del PSOE por vacunarse

La Fiscalía de Extremadura ha trasladado a los juzgados territoriales la denuncia de Podemos Extremadura relativa al caso de dos alcaldes y un concejal del PSOE de Extremadura por una «evidente vulneración» del protocolo de vacunación frente al coronavirus, que «contraviene la legalidad vigente» y que incluso «podría ser constitutivo de delito». En concreto, se trata del alcalde de Valverde del Fresno, Amalio Robledo Rojo; la alcaldesa de Higuera de la Serena, María Triviño Portalvo, y el concejal de Olivenza Ramón Jiménez Saavedra. «La Junta de Extremadura ha respetado escrupulosamente la Estrategia Nacional de Vacunación», respondieron ayer a este diario desde el Gobierno regional.

El Ministerio Público, sin embargo, archiva el caso de la concejala de Plasencia, Soraya Cobos, ya que tenía un cargo de responsable en un centro sociosanitario y se encontraba dentro del protocolo. Así se recoge en un decreto elaborado por la Fiscalía, en respuesta a un escrito trasladado por Podemos a este órgano, en el que alertó del caso de cinco cargos públicos del PSOE. La portavoz de Podemos, Mavi Mata, que ayer informó de esta decisión, indicó que la exgerente territorial del Sepad, Montserrat Rincón, queda fuera del informe porque su caso lo investiga ya la fiscalía de Badajoz.

El Ministerio Público entiende que en el caso de los dos alcaldes y el concejal se ha producido «una evidente vulneración» del protocolo de vacunación que contraviene la legalidad vigente que incluso podría ser constitutivo del delito de prevaricación y falsedad documental, ya que ninguno era personal de plantilla de los centros residenciales de mayores de titularidad pública. «Su inclusión en los listados oficiales de vacunación remitidos a las respectivas áreas de Salud del SES contraviene totalmente el protocolo de vacunación», señala la fiscalía. «La excusa de acogerse para ello a su

La portavoz de Podemos, Mavi Mata, ayer en rueda de prensa.

El PSOE de Extremadura mos- tró ayer su «respeto» por la deci- sión de la Fiscalía de trasladar al juzgado los casos de tres cargos del PSOE, como son dos alcaldes y un concejal, por presuntamente saltarse el protocolo de investi- gación. «No hemos hecho nada al margen del protocolo de vacuna- ción aprobado y ningún alto car- go socialista se ha vacunado sin que previamente haya sido re- querido por las autoridades sani- tarias», manifestó la secretaria de Organización del PSOE regional, Marisol Mateos, a preguntas de los medios en rueda de prensa. Para Mateos, este asunto «se di- rimió» en enero, cuando ya hubo una denuncia pública política so- bre este asunto y considera, des- de el «respeto» a la decisión de la

supuesta categoría profesional de personal directivo no puede aceptarse», ya que según argumenta la Fiscalía en su escrito «es obvio que el simple hecho de ser alcalde o concejal, por mucho que en algún caso la residencia fuese de titularidad municipal, no convierte a tales cargos políticos en directores de dichas residencias».

También señala la Fiscalía que «la eventual responsabilidad penal alcanzaría no sólo a los citados cargos políticos, sino a las personas que les incluyeron indebidamente en las listas

Fiscalía, que no habría «mayor motivo» de justificar lo que sucedió, a la vez que ha emplazado a ver «cómo resuelve la justicia». La secretaria destacó la «evolución del excelente plan de vacunación que tiene la comunidad autónoma, que va como un tiro». Sobre este asunto se pronunció también en rueda de prensa, y a preguntas de los medios, el portavoz de Ciudadanos de Extremadura, David Salazar, quien espera que con la decisión de la Fiscalía «se arroje luz» y se tomen medidas «porque es muy grave». Salazar recordó que se trata de unos hechos que «desgraciadamente» se lleva viendo meses y señaló que es « vergonzoso que haya gente que se aproveche de su condición para ponerse delante de una cola».

oficiales de vacunación remitidas al SES». «Es muy grave que cargos políticos del PSOE en Extremadura se salten el protocolo de vacunación, que se cuelen, mientras nuestros mayores han tenido que esperar para vacunarse», manifestó Mata. «Entendemos que utilizar un cargo público, presuntamente, para saltarse el protocolo de vacunación es corrupción, y es de la peor», subrayó. A su juicio, el PSOE «en otros territorios estaba siendo mucho más exigente, depurando responsabilidades e incluso llevando a fiscalía ellos mismos los casos que conocieron».

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