Hacienda notifica a Juan Carlos I el inicio de una investigación fiscal
Las cuentas del emérito están siendo sometidas a una revisión tras su segunda regularización El exjefe del Estado afloró casi cinco millones de euros con el fin de ponerse al día con el fisco
La Agencia Tributaria ha notificado a Juan Carlos I el inicio de la investigación abierta para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, según adelantó El Español. Del resultado de las pesquisas sobre las cuentas del exjefe del Estado y el origen de los casi cinco millones que ha entregado al fisco, para ponerse al día, depende el futuro de las diligencias de investigación que tiene abiertas la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Fuentes fiscales señalaron a este diario que el ministerio público cuenta con sus propios inspectores de la Agencia Tributaria que trabajan para comprobar el montante, el origen de los ingresos, la fecha en que se generaron y los contribuyentes que han intervenido en su generación. En el marco de esa comprobación, el pasado 4 de marzo, siete días después de que trascendiera la segunda regularización de Juan Carlos I y 15 después de que esta se llevara a cabo, su abogado, Javier SánchezJunco, se dirigió a la fundación Zagatka para pedirle facturas y comprobantes de gasto y de emisiones de dinero para documentar ante Hacienda lo declarado.
Las mismas fuentes señalan que los requerimientos en busca de información se producen siempre que los expertos lo creen necesario para aclarar algún aspecto clave para determinar si la regularización fue veraz y completa y, por tanto, se ha neutralizado el delito, o por el contrario, han hecho que aparezcan indicios de que pudo cometerse uno.
ARCHIVO O QUERELLA El informe que se elabore al respecto será clave para que la Fiscalía del Tribunal Supremo decida qué hace con las diligencias abiertas: archivarlas, al no apreciar ilícito alguno, o transformarlas en una querella ante la Sala Segunda del alto tribunal, única que puede investigar al rey Juan Carlos I, dada su condición de aforado.
El letrado del rey emérito subrayó el pasado 26 de febrero en un comunicado que la segunda regularización por 4,4 millones de euros se presentaba «sin requerimiento previo de clase alguna», requisito imprescindible para que
lo aportado conjure la imputación de delito fiscal. Entre los extremos que deben aclarar los expertos figura la aparente contradicción en la segunda declaración complementaria del monarca: el comunicado hablaba de «asunción» de «determinados gastos por gastos y servicios realizados por Su Majestad», y no de donaciones, que es la forma en que el dueño de la fundación, Álvaro de Orleans, las había descrito en su declaración en Suiza y en Mónaco ante miembros de la fiscalía española.
Las pesquisas de Hacienda, recuerda el sindicato de técnicos de Hacienda GESTHA, pueden y deben realizarse mientras no haya querella presentada o acción judicial en curso. Pero ello no quita para que para determinar si hay delito fiscal, el ministerio público necesite del auxilio de los inspectores de Hacienda. Por eso, algunos de ellos trabajan en exclusiva para la Fiscalía Anticorrupción, cuyo jefe, Alejandro Luzón, se incorporó por decisión de la fiscala general del Estado, Dolores Delgado, en busca de mayor efectividad
en las indagaciones, al equipo que capitanea el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos.
La fiscalía del Supremo no recibió el informe de la Agencia Tributaria de la primera regularización, que ascendía a 678.393 euros, hasta tres meses después de presentada. De ahí se prevé que la de febrero, por 4.395.901 euros, y en la que se ha pedido información complementaria al emérito, requiera mucho más tiempo. Con esta declaración complementaria, Juan Carlos I pretende ponerse al día con el fisco por el dinero que recibió de Zagatka, que se cifra en casi ocho millones de euros.
Para determinar si la regularización fue veraz y completa, la inspección fiscal debe extenderse, como en todos los casos de declaraciones complementarias, a la comprobación sobre supuestos préstamos o donaciones percibidas por el contribuyente para satisfacer su deuda. En el caso de Juan Carlos I, un grupo de empresarios amigos le sufragaron el pago. Comprobar la veracidad de esta afirmación resulta clave.