El laberinto judicial del ‘Prestige’
Casi 19 años después de la marea negra, aún no se ha resuelto el pago de los daños
España se enfrenta al arbitraje británico para cobrar los 885 millones del seguro, un 40% de la factura
La última palabra
sobre el desastre la tiene la justicia británica, donde está la aseguradora
Casi 19 años después de la marea negra del Prestige, el viejo monocasco sigue su singladura judicial. Su travesía no solo ha sido errática y suicida en el mar, sino que también ha dado bandazos en los tribunales. Dirimida a finales de 2018 la responsabilidad penal por el mayor desastre medioambiental ocurrido en aguas españolas, con la condena del capitán del buque, Apostolos Mangouras, a dos años de cárcel, el pago de la factura que dejó el vertido de más de 66.000 toneladas de fuel no ha sido resuelto.
Tras una instrucción de casi diez años y un juicio de nueve meses, el nuevo litigio arrancó a finales de 2019 en Londres, donde España interpuso una demanda ejecutiva para cobrar de la aseguradora del Prestige (London P&I Club), los mil millones de dólares (885 millones de euros) de la póliza suscrita por la armadora. Esta cantidad apenas representa el 40% de los más de 2.300 millones en los que el Tribunal Supremo cuantificó los perjuicios ocasionados en más de 3.500 kilómetros de costa, desde la desembocadura del Miño en Portugal hasta el litoral francés.
Esta misma semana, la Justicia británica, que es la que resolverá la parte económica del caso por tener la aseguradora su sede en Londres, rechazó el recurso interpuesto por la compañía y avaló el fallo del Supremo que la obliga al pago de los casi 900 millones del seguro. España gana así la primera de las batallas contra el entorno del petrolero, pero queda por delante un «lento» y «complejo» proceso en los tribunales británicos.
Por un lado, la Abogacía del Estado tendrá que sortear el Brexit, ya que se pierden instrumentos de cooperación jurídica que antes harían más sencillo recurrir ante los tribunales británicos. Y por otro, el arbitraje que reclama la aseguradora y que, según fuentes próximas al caso, «no tiene intención alguna de llegar a acuerdo». «Con el arbitraje, se propone a un árbitro, que es el que decide. Y lo que dicte es de obligado cumplimiento para las dos partes. Es jugar a cara o cruz», lamentan.
¿Cuándo se cerrará de manera definitiva la travesía judicial del Prestige? Partes personadas en el proceso dan por hecho que, cumplido el 20º aniversario del hundimiento del petrolero frente a la costa de Fisterra, en noviembre de 2022, todavía no se habrá resuelto el pago de los daños. De acatar los tribunales británicos la resolución del Supremo, los casi 900 millones irán a las arcas del Estado español, ya que adelantó las indemnizaciones a los afectados.
Instrucción accidentada
La singladura judicial del Prestige arrancó en el pequeño juzgado de Corcubión, que tuvo que lidiar con el sumario más prolijo de la historia gallega: casi 300.000 folios. Los cambios de juez durante los nueve años que se prolongó la instrucción –hasta seis magistrados–, las múltiples ramificaciones internacionales de la causa, sumado a las anomalías en los peritajes y el desacuerdo de la mayoría de las partes personadas derivaron en el atasco de la investigación.
Tras nueve meses de juicio –arrancó coincidiendo con el décimo aniversario de la catástrofe, en noviembre de 2012–, la Audiencia Provincial de La Coruña eximió de cárcel y del pago de daños a los tres acusados: el capitán del barco, el jefe de máquinas, y el exdirector de la Marina Mercante, único cargo público imputado en la causa. En una sentencia dictada un año después de arrancar la vista, el tribunal señaló como único responsable de las deficiencias estructurales del barco a ABS, la clasificadora que había certificado meses antes del naufragio que el
Prestige era apto para navegar, pero que no se había sentado en el banquillo.
Fallo del Supremo
Con casi una veintena de recursos contra la resolución exculpatoria de los tres únicos procesados, el Supremo corrigió el fallo de la Audiencia de La Coruña al señalar al capitán como responsable del delito medioambiental, abriendo además la puerta a la reclamación de responsabilidades civiles al entorno del buque. Una decisión que en la práctica solo dejaba la puerta abierta a reclamar a la aseguradora la póliza suscrita.
Ante la sentencia del Supremo que señalaba como responsable a la clasificadora, España desistió de interponer una nueva deman
da contra ABS. Y es que ya había perdido una batalla en Estados Unidos contra ABS.
La última palabra sobre el desastre medioambiental que provocó el Prestige lo tendrá la Justicia británica por estar radicada en Londres la sede de la aseguradora. En un intento por dilatar el proceso, London P&I Club intentó maniobrar con un recurso para evitar que el litigio se iniciase en Reino Unido. Pero esta misma semana, el juez Christopher Butche lo denegó y concluyó que la aseguradora tendría que haber continuado la batalla judicial en los tribunales españoles si, como asegura, en el proceso se habían vulnerado sus derechos fundamentales. Pero el proceso sigue abierto, ya que cabe la interposición de recurso.