Gasto récord para combatir la pobreza entre los niños
España tiene el triste récord de ser el tercer país de la Unión Europea (UE) con mayores tasas de pobreza infantil, un 27,4%, solo por detrás de Rumanía y Bulgaria, una situación que no se corresponde con el peso de la economía española. Por ello, la Comisión Europea ha elegido a España -y otros siete países- como laboratorio de pruebas para la puesta en marcha la llamada Garantía Infantil Europea. Dicha herramienta, aprobada el pasado 14 de junio, está destinada a fomentar la igualdad de oportunidades hasta el punto de que todos los niños europeos tengan acceso gratuito y/o efectivo a los derechos básicos, poniendo el foco en las situaciones de pobreza o exclusión social y en los colectivos infantiles especialmente vulnerables.
La «puesta de largo» de la Garantía Infantil Europea, terminología usada por Gustavo Suárez, presidente de Unicef en España, tuvo lugar ayer en unas jornadas celebradas en Madrid donde se presentó el documento de diagnóstico elaborado por la organización y expertos de la Universidad de Alcalá de Henares y el CSIC. Y en la clausura de dicho acto, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, anunciado cuál será la inversión total: 779 millones de euros, de los cuales 527 corresponden al Fondo Social Europeo Plus y, el resto, 252 millones, a la aportación nacional, que se nutrirá de fondos estatales, autonómicos y locales. Se trata en ambos casos de una inversión histórica y nunca empleada hasta ahora en la lucha contra la pobreza infantil.
CIFRAS «INACEPTABLES» /Belarra admitió que las cifras son «inaceptables», lo que supone «uno de los mayores fracasos como país». «Cada vez que un niño o niña tiene que ser un héroe para salir adelante, significa que no se le han dado todos los apoyos. Los niños y niñas no tienen que ser valientes, tienen que ser felices», subrayó. El Ejecutivo español tiene hasta marzo para presentar a Bruselas un plan nacional de acción, que se basará en las recomendaciones de Unicef y los expertos, que se sustentan en que las medidas tienen que ser trasversales y que es necesario coordinación en la ejecución.