Las eléctricas desvelan millones de contratos para evitar los recortes
Les exigen enviar los datos que manejan con sus clientes para conocer los precios
El Gobierno lo que quiere es recortar los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas y bajar los precios de la energía», sentenciaba este miércoles la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en el Congreso de los Diputados. En los últimos meses, el Ejecutivo ha venido advirtiendo de que la crisis energética estaba generando beneficios extra a las compañías energéticas gracias a la subida de precios de la electricidad y ha ido armando un sistema para controlarlos y reducirlos.
En las últimas semanas, además, el Gobierno ha colocado expresamente la necesidad de reducir esos beneficios caídos del cielo (como se denominan en el sector) de las grandes energéticas en el centro de su acción para combatir el impacto de la subida de precios para hogares y empresas. «El Gobierno tiene como finalidad fundamental reducir los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y beneficiar a todos. Va a haber una reducción muy significativa de los ingresos extraordatos dinarios», sentenció la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el pasado viernes.
Las eléctricas niegan la existencia de los beneficios millonarios que el Gobierno dice querer recortar, ya que tienen vendida toda su producción de electricidad con mucha antelación y a precios muy inferiores a los que marca el mercado eléctrico y, por ello, no se están beneficiando de las subidas. Pero el Gobierno les exige demostrarlo de manera fehaciente y desde hace meses les obliga a desvelar de miles de contratos sobre los precios a los que venden su producción.
Ahora el Ejecutivo, con el decreto con el que aprobó la semana pasada para establecer el tope al precio del gas para bajar la luz, amplía aún más las exigencias de desvelar información comercial sensible si quieren librarse de asumir la `compensación' para las centrales de gas para cubrir la diferencia entre el coste real de su producción y el precio máximo fijado por el Gobierno.
Y obliga a las compañías a una avalancha de información con datos de millones de contratos con los clientes finales que deben remitir a OMIE, el gestor del mercado eléctrico, en un plazo de cinco días hábiles que concluye en principio el lunes próximo.
Las eléctricas llevan desde octubre haciendo un envío masivo de documentación a Red Eléctrica -el operador del sistema eléctricoy luego revisada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia con datos de miles contratos para demostrar que venden la electricidad a sus clientes a un precio muy inferior al que marca el desbocado mercado eléctrico y así salvarse de los recortes. El pasado marzo, el Ejecutivo amplió el sistema de minoración de los ingresos extra para incluir todos contratos que se firmen a precios altos (por encima de 67 euros por megavatio hora, MWh), por lo que el envío de datos comerciales es aún mayor desde entonces.