Los interinos de la Junta inician la huelga: «No somos números»
USO eleva al 80% el seguimiento en áreas como el Sepad pero el Ejecutivo lo baja al 1%
«La gente es consciente de que tiene fecha de caducidad en la Administración y que se le está tratando como un simple número. Pero detrás hay familias, circunstancias personales… Se tienen que levantar y manifestarse en contra de esta injusticia». Son palabras de Marisa González, portavoz de la Asociación de Personal Interino y Laboral Temporal de Extremadura (Piltex), que junto al sindicato USO ha convocado una huelga de empleados públicos para protestar contra el plan de estabilización del empleo temporal en la Administración General.
Ayer fue el primer día de paro y González se mostró «orgullosa» de lo que ambos colectivos estaban moviendo, si bien denunció «presiones y amenazas» de la Administración para «acallar» la protesta. Según datos de USO, en algunos servicios el seguimiento se elevó al 80%, entre ellos los equipos de valoración del Sepad o la Dirección General de Urbanismo, donde «14 de 22 trabajadores» secundaron la huelga. Unos datos que, como suele ser habitual en estos casos, contrastan con los que facilitó la Administración Pública: cifró el seguimiento general en el 1,3%, en concreto 1,5% en el turno de mañana y 0,3% por la tarde.
A la huelga están llamados los 18.000 empleados de la Administración General y especialmente los 3.200 que el Ejecutivo reconoce que están en fraude de ley encadenando contratos temporales. Tanto USO como Piltex rechazan la hoja de ruta marcada para la regularización de estos trabajadores, al primar la titulación sobre la experiencia adquirida en el puesto, que solo contará un 40% con un máximo de siete años. También rechazan las pocas plazas convocadas: calculan que el 95% de los temporales de la Administración «Van a generar miles de despidos y el gasto en indemnizaciones llegará a 100 millones de euros»
se quedarán fuera del plan, por lo que demandan al menos otras 3.000 plazas más.
«La Junta está intentando reducir por todos los medios el número de plazas para que no le saquen los colores ni se sepa el cortijo que hay aquí», afirma al respecto el secretario general de USO, Luis Manuel Gil. «Van a generar miles de despidos, la gran mayoría indefinidos no fijos, a los que tendrán que indemnizar por despido improcedente con entre 30.000 y 35.000 euros», asegura. Gil prevé un gasto de unos cien millones de euros en indemnizaciones y advierte: «Será otro Valdecañas».
La protesta que se inició ayer se extenderá hasta mañana y se retomará el miércoles de la próxima semana. Si no hay acuerdo antes del viernes 27, se convertirá en indefinida. La idea de USO y Piltex era celebrar ayer varias concentraciones en diversos puntos de la región, pero no fueron autorizadas por la Delegación del Gobierno, como tampoco su asistencia al pleno de este jueves. Por ello, se organizaron en grupos de 20 personas e informaron de sus reivindicaciones en los puntos turísticos y de más afluencia de Mérida, finalizando con una entrega de claveles frente a la Presidencia de la Junta.
El portavoz del Ejecutivo, Juan Antonio González, se mostró abierto al diálogo, pero recordó que este plan es «de obligado cumplimiento» en base a la Ley nacional 20/2021 y que debe estar aprobado antes de finales de mes.
Luis Manuel Gil