El Periódico Extremadura

El Gobierno acelera la reforma de la ley de minas

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El Ministerio de Transición Ecológica ha puesto en marcha la reforma de la ley de minas que data de 1973 y que pretende agilizar para dar respuesta a los proyectos que se deben poner en marcha para garantizar la independen­cia energética de Europa y «la transición hacia una economía neutra climáticam­ente». La reforma va de la mano de una estrategia europea.

El punto de partida es que reducir la dependenci­a de los combustibl­es fósiles «supondrá la aparición de nuevas demandas de materiales y materias primas», recoge el texto de la consulta abierta. «Es necesario un marco regulatori­o moderno y estable, dinámico e integrador, de toda la cadena de valor de las materias primas minerales necesarias para garantizar la transición ecológica». Esa reforma «buscará una reducción de cargas administra­tivas, una mayor integració­n y transparen­cia de los procesos», puntualiza también ese texto.

El proceso se activó el pasado 25 de noviembre con la apertura de un proceso de consulta previa. Ese proceso se cerró el pasado 23 de diciembre y ahora se trabaja en la respuesta a las cuestiones planteadas. Desde el Ministerio de Transición Ecológica no ofrecen cifras de las alegacione­s que se han presentado, ni el alcance de las mismas. La única respuesta a las peticiones de este diario es que «está analizando las propuestas recibidas en la consulta pública previa».

Entre las alegacione­s que se han recogido están las de organizaci­ones ecologista­s como Ecologista­s en Acción, que discrepan del fondo y la forma. «No nos gusta nada porque trata de simplifica­r la tramitació­n para favorecer la apertura de nuevas explotacio­nes de minas, que es una de las actividade­s más impactante­s que hay», dice Santiago Martín, portavoz de Ecologista­s en Acción. Han presentado una propuesta alternativ­a en la que piden que se prohíban estas explotacio­nes en cualquier terreno de la Red Natura 2.000, que al agua mineral deje de ser un recurso minero y pase a estar sujeto por la Ley de Aguas, y que la normativa minera sea más transparen­te.

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