El edificio de Moret, blindado para garantizar la seguridad vecinal
El ayuntamiento asegura: «Llegaremos hasta donde tengamos que llegar para que el asunto se zanje» El bar Lizarrán presenta una propuesta para tratar de recuperar la terraza. El consistorio ya la estudia
El Ayuntamiento de Cáceres ha dado un plazo de diez días a la propiedad del edificio de la calle Moret esquina con Pizarro para que presente el informe necesario que solucione las deficiencias de este inmueble, ahora blindado y acordonado por el riego de derrumbe. El mayor damnificado ha sido Lizarrán, negocio de hostelería que ha tenido que quitar la terraza para garantizar la seguridad.
El concejal de Patrimonio, José Ramón Bello, ha explicado que entiende el malestar del negocio, pero insiste en que se trata de un espacio público y que la integridad de los viandantes y los vecinos está por encima de cualquier otra consideración.
El consistorio decretó la semana pasada medidas cautelares de protección, con la instalación de vallas protectoras, como paso previo al expediente disciplinario. «Se trata de un problema de seguridad y ornato», ha recordado el concejal, que ha apuntado que en el plazo de esos días, la propiedad tiene que contratar a unos técnicos y presentar un informe para eliminar las deficiencias y evitar «la caída del placado a la zona donde estaba la terraza, en la vía pública».
El edil ha indicado que la propiedad de este edificio se repartía en cuatro personas, de ellas dos han fallecido. Se les ha notificado y ahora el gobierno municipal está a la espera de que den un paso. Entretanto, los propietarios de Lizarrán han remitido al ayuntamiento un informe redactado por su arquitecto para reubicar la terraza, «porque este asunto, el del edificio, se va a demorar unos meses. Una vez estudiada la propuesta del nuevo velador, se adoptará una decisión, siempre eligiendo la opción de que sea un espacio seguro. La propuesta la pasaremos a Infraestructuras para que sean ellos los que acuerden. Con la seguridad no podemos correr ningún tipo de riesgo», ha incidido Bello.
El concejal ha lamentado que el asunto de este inmueble «viene de antiguo. Se han caducado los expedientes y ahora se han reactivado. Nosotros llegaremos hasta donde tengamos que llegar».
¿Qué pasos debe dar la propiedad?
«Contratar a un arquitecto que valore el edificio para comprobar cómo está por dentro y por fuera. Se plantea expediente sancionador y de medidas de seguridad. Normalmente los técnicos que se contratan suelen ser especializados y tienen esto muy visto. Se trata de la adopción por parte de la propiedad de medidas urgentes, con independencia de que luego lo arreglen o lo vendan», ha dicho Bello. En caso de que la propiedad
se negara, se ejecutaría de forma subsidiaria por parte del ayuntamiento, aunque el gobierno municipal confía en no agotar esta vía.
En cuanto al asunto de la terraza, el ayuntamiento confirmó que ayer mismo se registró la propuesta del establecimiento de hostelería y que se ha comenzado a estudiar por parte de la policía local y del Conscorcio Ciudad Monumental, «al ser casco histórico».
Los dueños del negocio dijeron esta semana a El Periódico que «ese proyecto es para ver dónde nos dejan reubicar el 50% de la terraza; es decir, cuatro mesas de las ocho que componen la terraza». «Nos han jodido el negocio. Les hemos dado ideas, como poner una red alrededor del inmueble sin hacer un cordón de seguridad como hasta ahora, que cubre 2 metros cuando la calle solo tiene 5 metros. Hay que poner una red sí o sí por seguridad». Por último, lamentaron que el inmueble «tenga un expediente abierto desde 2013 y aquí no se ha movido nada». El edil de Urbanismo, José Ramón Bello, explicó a este diario que tenía un expediente abierto desde el año 2016, «pero no llegó a ningún
punto y caducó».
Toda esta polémica saltó a la luz el pasado 11 de enero cuando el ayuntamiento anunció que las casas en ruinas del centro histórico cacereño corren el peligro de ser embargadas si sus propietarios hacen caso omiso a los requerimientos del ayuntamiento y no acometen las medidas necesarias para su mantenimiento, según anunció en exclusiva a este diario el concejal de Patrimonio, José Ramón Bello. Si en 2021 se abrieron 239 expedientes, en 2022 han aumentado hasta los 398. Afectan a toda la ciudad, entre ellos está el del antiguo colegio Licenciados Reunidos, en la calle Sanguino Michel, así como otros, repartidos entre la avenida de Hernán Cortés, Antonio Floriano Cumbreño o Virgen de la Montaña.
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EN INTRAMUROS Eso sí, los casos más llamativos se encuentran alrededor del recinto intramuros. Y uno de ellos es el edificio que está en la esquina de las calles Moret y Pizarro, junto a la cafetería Lizarrán. El responsable municipal ha indicado que el equipo de gobierno va a actuar «con contundencia y respetando todos los plazos de audiencia».
José Ramón Bello ha añadido que «si es necesario» se podría «llegar a la ejecución subsidiaria». Ha detallado que los técnicos y jurídicos de Disciplina Urbanística están ya sobre el asunto y se va a actuar «porque es un tema de seguridad y ornato preocupante».
El concejal ha narrado que en muchas ocasiones es difícil llegar a los propietarios puesto que hay varios herederos, generalmente repartidos en distintas ciudades y «o no se les localiza o hacen caso omiso a nuestra petición». Bello sí ha confirmado que si es necesario se solicitará al juzgado la petición para acceder al interior de la casa, valorar los desperfectos y realizar una obra de manera subsidiaria. Luego se solicitaría a los dueños que abonaran los gastos y, en caso negativo, se procedería «al embargo del inmueble».
El edil ha reiterado la necesidad de actuación por motivos de «salubridad» y ha apuntado que desde que el área de Disciplina Urbanística se ha ampliado con un aparejador más, las medidas comienzan a dar resultados.
Otro de los casos es el / del número 9 de la calle Moret, donde durante varios meses el ayuntamiento ha tenido que mantener unas vallas de protección. Ayer mismo, y tras los toques de atención del consistorio, entró en el ayuntamiento una propuesta de medidas por parte de los propietarios para corregir los problemas detectados: dirección de obra, documentación técnica y propuesta de las deficiencias detectadas.
Hay un tercer caso, también en la calle Moret, en una casa que está junto a Abanca, donde el consistorio sí ha obtenido una orden judicial para poder acceder al interior. Con los resultados del informe se ejecutarán las obras de forma subsidiaria y se pasará la minuta a la propiedad, que si no paga perderá la casa.
«Intentamos con las herramientas de que disponemos hacer desde Disciplina Urbanística una ciudad con edificios que cumplan con el ornato, seguridad y salubridad necesarios. Es lento, pero garantista porque nos lleva a buen puerto gracias al refuerzo de la sección y a una gestión más eficaz», ha concluido Bello.
MÁS CASOS
El ayuntamiento actuará en las casas en ruinas y obligará a la propiedad a arreglarlas. Si no lo hace, embargará