Corrupción, asignatura pendiente
Hungría, Bulgaria y Rumanía son los tres países de la UE que suspenden en calidad democrática, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparency International. El coste para los Veintisiete puede superar los 900.000 millones de euros anu
La corrupción es una asignatura pendiente para la mayoría de los 27 estados de la Unión Europea (UE), como muestran el nuevo Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparency International y el informe sobre Estado de Derecho y Corrupción en los estados europeos de la Fundación Bertelsmann. Pese al reciente foco en los escándalos del Qatargate y del Moroccogate en el Parlamento Europeo y de los viajes de lujo de algún comisario a los países del Golfo, la corrupción se concentra a nivel nacional. La puntuación inferior a los 80 puntos sobre 100 en el índice mundial de corrupción de la gran mayoría de los Veintisiete es incompatible con la calidad democrática de la que alardean los gobiernos europeos y es una afrenta a los ciudadanos, que pagan con abusos, sobrecostes y peores servicios esa acomodación de autoridades y jueces a la corrupción.
El coste de la corrupción para la UE y sus estados puede superar los 900.000 millones de euros anuales, según el detallado estudio realizado por Rand Europa en 2016 para el Parlamento Europeo. El estudio, que incluye los costes sociales, cifró la factura entre una estimación muy conservadora de 179.000 millones y una más probable de 990.000 millones anuales. La cifra mínima es un 50% más alta que anteriores estimaciones, que solo contabilizaban la perdida de recaudación e inversión.
Transparency International y la Fundación Bertelsmann sitúan a Dinamarca como el país menos corrupto de la UE y del mundo (90 puntos sobre 100 en el índice de Transparency). Le siguen Finlandia (87 puntos), Suecia (83) y Holanda (80). Pero incluso en ellos se aprecia un retroceso en su valoración respecto a 2005, que es más acusada en los tres últimos países. Los otros estados de la UE que aún mantienen una puntuación de notable son Alemania (79 puntos), Irlanda (77), Luxemburgo (77), Estonia
(74), Bélgica (73), Francia (72) y Austria (71). La mayoría de los países de Europa Occidental registran un retroceso respecto a 2005, mientras que las mejoras más significativas durante este periodo corresponden a los países bálticos.
España, valoración modesta
España obtiene una valoración modesta (60 puntos), pero por encima de Italia (56). Pese a que supone una leve mejora respecto a 2015 durante el Gobierno del PP, sigue muy alejada de los estados ejemplares. El informe de Bertelsmann señala que el fin de la burbuja inmobiliaria y los numerosos procesos por corrupción han contribuido a mejorar la situación en España, aunque destaca que la lentitud judicial es un grave obstáculo. El último informe de evaluación del grupo anticorrupción Greco del Consejo de Europa sobre España, publicado en 2022, criticó que solo había aplicado parcialmente 7 de las 19 recomendaciones de la quinta ronda y que las 12 restantes estaban aún pendientes, subrayando que «la situación de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley no es la adecuada».
Los países que suspenden en corrupción tanto en el índice de Transparency como en el informe de Bertelsmann son: Hungría (42 puntos), Bulgaria (43) y Rumanía (46). La corrupción se ha convertido en un «rasgo sistémico» del régimen del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, gracias a un aparato judicial controlado por el partido gubernamental Fidesz, señala el informe de Bertelsmann, con lo que Hungría ha desbancado a Bulgaria como país más corrupto de la UE. Otros países que suspenden o aprueban por los pelos, según el informe, son: Croacia, Malta, Grecia, Chipre, Eslovaquia, Polonia, Eslovenia y República Checa. La corrupción, el clientelismo, los conflictos de interés y una legislación inadecuada o que no se aplica son unos rasgos comunes de todos ellos, indican Bertelsmann y Transparency.
Los datos muestran como la instauración de un régimen autoritario en Hungría y del Gobierno ultraderechista del partido Ley y Justicia (PiS) en Polonia, con el control de los medios de comunicación y el hostigamiento a la prensa crítica, han favorecido el aumento de la corrupción. El acoso a la prensa también ha contribuido al deterioro de la situación en Malta, Eslovenia, Eslovaquia, Croacia y Chipre. Igualmente, la presión política y oligárquica sobre la prensa en Bulgaria y Rumanía ha impedido mejoras sustanciales, pese al mecanismo especial de tutela de la Comisión Europea sobre ambos desde su ingreso en la UE. Los periodistas Daphne Caruana Galizia (Malta, 2017) y Jan Kuciak (Eslovaquia, 2018) fueron asesinados por investigar la corrupción y los negocios oscuros del entorno de los partidos gobernantes.