Piden anular las escuchas y registros en el macrojuicio por tráfico de droga
Las defensas de los 30 acusados alegan que se han vulnerado sus derechos y la fiscalía lo niega La sala debe resolver sobre la validez o no de estas pruebas, en las que se sustenta la causa
Las defensas de los 30 acusados de pertenecer a un clan familiar dedicado al tráfico de drogas en Badajoz han solicitado que se anulen las escuchas telefónicas y registros domiciliarios, al considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales y se les ha causado indefensión. Lo hicieron ayer durante el trámite de cuestiones previas en la primera sesión del macrojuicio que se sigue contra ellos en la Audiencia Provincial. Ahora es la sala la que debe resolver sobre la validez o no de estas pruebas, en las que se sustenta la causa contra los investigados, que fueron detenidos por la Policía Nacional en diciembre de 2018 en una operación llevada a cabo en la barriada pacense del Cerro de Reyes.
La fiscalía, que además de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, les imputa los del blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas, solicita para ellos penas de prisión de entre 6 y 24 años, así como el pago de multas millonarias. Por su parte, las defensas, que niegan las acusaciones, piden su absolución, en caso de que no sean atendidas las nulidades planteadas.
Los abogados de los procesados alegan que el auto que autorizó la primera intervención telefónica a uno de los implicados es «nulo de pleno derecho», pues responde a un oficio de la Policía Nacional que se basa en «meras sospechas» y no en indicios ni en una investigación «extensa». De este primer auto derivaron los siguientes para proseguir y ampliar las escuchas, por lo que entienden que todos deben quedar anulados.
En cuanto a las entradas y registros, que se practicaron en 15 domicilios, las defensas argumentan que deben declararse nulos, además de porque se derivan en un «99%» de esas intervenciones telefónicas, porque «no están suficientemente motivados» y porque en algunos casos se han llevado a cabo en viviendas que no se ha acreditado que sean propiedad de los investigados y sin que estos, pese a estar ya detenidos, estuvieran presentes en los mismos, como exige la ley.
«El procedimiento está viciado
y hay un problema de indefensión desde el principio», afirmó José Duarte, abogado de 21 de los 30 acusados, entre ellos los que la Policía Nacional y la fiscalía consideran los `cabecillas' del clan. En este sentido, señaló que existe una sentencia del Tribunal Constitucional, al que se presentó un recurso de amparo, que dictamina que la primera toma de declaración en sede judicial y el acuerdo de ingreso en prisión provisional son «nulas», porque no se les informó «mínimamente» de los hechos de los que se les acusaba para que pudieran ejercer su derecho de defensa. Si la sala no atiende las cuestiones previas planteadas en la vista de ayer y las desestima, volverán a recurrir.
El resto de los procesados están representados por los abogados Alfredo Pereira, Raúl Montaño y Rosa Dorado.
Por su parte, el fiscal defendió que los oficios policiales en los que se sustentan los autos de las intervenciones y entradas y registros domiciliarios practicados se
basan en hechos «objetivos», como son las aprehensiones de droga realizadas a consumidores en los supuestos puntos de venta de droga que regentaba el clan y los movimientos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes generados en torno a ellos. «No hay ningún tipo de razón que lleve a la nulidad del procedimiento porque se dan todos los requisitos legales que hay en la jurisprudencia», aseguró el ministerio público, que negó que se haya vulnerado el derecho de defensa de los acusados. En este sentido, señaló que las escuchas se autorizaron por que había «indicios suficientes y fueron ajustadas y proporcionadas» y que los registros fueron «legítimos», porque en los casos en los que no estuvieron los detenidos presentes fue porque no reconocieron las propiedades inspeccionadas como suyas.
La sala puede resolver este martes si estima o no las nulidades presentadas por las defensas o dejar su decisión para sentencia.