La fiscalía rebaja las penas a 23 acusados y retira los cargos a 7
Las partes llegan a un principio de acuerdo, que está previsto que ratifiquen hoy en sala El ministerio público retira a todos el delito de pertenencia a organización criminal
Principio de acuerdo entre las partes en el macrojuicio por tráfico de drogas contra 30 acusados que comenzó el lunes en la Audiencia Provincial de Badajoz. La fiscalía propone una rebaja de las penas de prisión que para 23 de los encausados y retirar los cargos a otros 7. Todos están procesados por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.
La reunión entre las partes para tratar de alcanzar un acuerdo se produjo ayer antes del inicio de la segunda sesión del juicio, que se suspendió y se retomará hoy por la mañana, para ratificar la conformidad en sala . El presidente del tribunal, José Antonio Patrocinio, los ha citado a las diez de la mañana.
Aunque los abogados defensores no quisieron detallar los términos del pacto, a falta de que se cerrasen los flecos pendientes y se presentara por escrito, sí reconocieron que supone una reducción «sustancial» en las penas de cárcel de entre 6 y 24 años que el ministerio público solicitaba inicialmente para los investigados, que
fueron detenidos a finales de 2018 en una operación de la Policía Nacional llevada a cabo en el Cerro de Reyes.
La fiscalía ha retirado el delito de pertenencia a organización criminal para todos los encausados y solo para algunos se aplica su agravante menos gravosa de grupo criminal (6 meses de cárcel). Siete de los procesados, si no hay cambios de última hora, serán absueltos al no mantenerse ninguna de las acusaciones que pesan contra ellos, mientras que en el caso de los otros 23 acusados las penas solicitadas disminuyen considerablemente, al retirar algunos de los cargos que se le imputaban y rebajar los años de prisión por los deli
tos que se les continúan atribuyendo.
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FAVORABLE «Es un principio de acuerdo bastante favorable para la fiscalía y para los acusados, porque las cuestiones previas que se dirimieron el lunes, que no están definitivamente resueltas por la sala, pueden inclinar el juicio en un sentido o en otro», valoró José Duarte, abogado de 21 de las 30 personas que se sientan en el banquillo. En este sentido, señaló que, si tal y como han planteado las defensas, se anularan las intervenciones telefónicas y los registros domiciliarios, «podría llevar, en el peor de los casos, al ministerio público a no tener ninguna prueba»,
argumentó.
Por su parte, Alfredo Pereira, que representa a 6 de los encausados, destacó que con este principio de acuerdo «cada uno de los acusados responde por lo que haya podido realizar», individualizando así la participación o no en determinados hechos, lo que supone una situación judicial más beneficiosa para los procesados.
Duarte y Pereira, como los abogados Raúl Montaño y Rosa Dorado, que representan al resto de acusados en este procedimiento, solicitaron en el trámite de cuestiones previas que se anularan las escuchas y entradas y registros domiciliarios, principales pruebas de cargo contra los investigados, al considerar que se habían vulnerado sus derechos y se les había causado indefensión.
En este sentido, alegaron que el procedimiento estaba «viciado» desde el principio, al considerar que primer auto judicial que autorizó las escuchas era nulo, ya que se apoyaba en un oficio de la Policía Nacional basado en «meras sospechas» y no indicios. Según su tesis, de estas primeras escuchas derivaron las siguientes y la mayoría de los registros, por lo que si el primero era nulo, el resto también. La fiscalía, sin embargo, rechazó que hubiese razones para la nulidad y defendió que los autos de las intervenciones y entradas en las viviendas estaban sustentados por hechos objetivos y cumplían con todos los requisitos que hay en la jurisprudencia.
El tribunal debía resolver estas cuestiones previas y decidir si se estimaban o no, pero antes de que se pronunciara, las partes se sentaron a negociar. El presidente les dio inicialmente de plazo hasta hoy a las 13.30 horas para que alcanzasen una conformidad total, es decir, un pacto que incluyera a los 30 acusados. No agotaron el tiempo y en menos de una hora llegaron al principio de acuerdo que está pendiente de ratificarse esta misma mañana en sala, cuando se conocerán las penas de los 23 acusados sobre los que se mantienen cargos.
/ OPERACIÓN GRANERO Los procesados fueron detenidos en una operación policial bautizada con el nombre de Granero en diciembre de 2018, hace más de 4 años, en la que participaron agentes de Badajoz, Galicia y Sevilla e, incluso de utilizó un helicóptero. Hubo 32 arrestos (dos personas quedaron posteriormente fuera de la causa) y se registraron 15 domicilios y propiedades en los que presuntamente se vendían y almacenaban sustancias estupefacientes. Se intervinieron un kilo de cocaína, 1,5 de marihuana y otras sustancias estupefacientes por valor de más de 190.000 euros, además de armas, vehículos y cerca de 19.000 euros en metálico.