Una mujer afronta cinco años de cárcel por entregar tarde a sus hijos

Cinco años de prisión solicita la acusación particular; dos años, la fiscalía, y absolución, la defensa. El futuro de Silvia Aquiles pende de un juez. Esta madre de dos menores se enfrenta a una pena que puede comportar su ingreso en la cárcel tras la denuncia presentada por su exmarido y avalada por la fiscalía por un presunto delito de sustracción de menores porque, a su parecer, no le había entregado a los hijos fruto de su matrimonio a tiempo después de que la justicia le retirara la guarda de uno y la patria y potestad de otro. En el trasfondo de este asunto está la aplicación del falso síndrome de alienación parental (SAP), es decir, la posible influencia en los pequeños en contra del padre.

Silvia y su amiga Isabel Hervás son la primeras dos madres en Cataluña que un reciente estudio confirma que han sufrido violencia institucional. La Administración de justicia les quitó a sus hijos afirmando que padecían el denominado síndrome de alineación parental, una falsa patología rechazada por la comunidad científica, las Naciones Unidas y el mismo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A la vista asistieron ayer con observadoras representantes de la asociación Mujeres Juristas que, en un comunicado, denunció la aplicación de ese falso síndrome.

El juicio debía empezar ayer en Barcelona, pero ante la presentación por parte de la defensa de diversa documentación, entre ella un informe de la Universidad Carlos III sobre la aplicación el cuestionado SAP, la vista fue aplazada hasta el 15 de mayo. Pero la historia de Silvia va más allá. Su calvario empezó cuando denunció a la que era su expareja por presuntamente haber abusado sexualmente del niño, que ahora tiene 5 años, y de la niña, de 7 años, cuando aún estaban juntos. El caso fue archivado por falta de pruebas, aunque, a partir de entonces, todo se le giró en contra.

Un juzgado de familia acordó el 17 de febrero de 2020 separar a los dos hermanos al entender que la mujer impedía mediante «excusas» y «acciones judiciales» contra el padre que los niños recuperaran el vínculo con el progenitor, transmitiendo a los pequeños mensajes negativos hacia él (del que se separó en 2016), como los relativos a los supuestos abusos sexuales. La magistrada retiró la patria y potestad de la niña a Silvia y al padre y la derivó a un centro tutelado porque no quería vivir con el progenitor. El niño fue a vivir con su padre. A partir de entonces, solo los ve de vez en cuando.