15 acusados irán a la cárcel y nueve son absueltos tras el juicio por narcotráfico
El clan no ha sido considerado `grupo criminal', lo que ha reducido las penas
Veintinueve de los treinta procesados ratificaron ayer en sala el acuerdo al que habían llegado las partes. Según lo acordado, nueve personas quedaron absueltas: ocho por falta de pruebas y una última, por no llegar a un entendimiento en los términos de su acusación al ser menor de edad en el momento de la detención.
Las penas del resto de acusados se vieron considerablemente rebajadas. Frente a los 24 años que se pedían inicialmente, la condena máxima es de seis años y medio de prisión y las mínimas, de dos y tres años y medio para la mayoría de los encausados, incluidos los cabecillas del grupo criminal, por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. Seis de ellos han sido procesados, además, por blan
queo de capitales. Solo una persona más ha sido condenada por tenencia ilícita de armas y otra, por atentado contra un agente de la autoridad.
Los abogados de la defensa, que el pasado lunes solicitaron que se anularan las escuchas telefónicas y registros domiciliarios al considerar que se vulneraron los derechos fundamentales de los acusados y se les causaba indeles
fensión, valoraron positivamente el acuerdo al que se había llegado.
José Duarte, letrado de 21 de los acusados, aseguró que se ha preferido buscar la seguridad jurídica y «llegar a un buen acuerdo, en el que se ha absuelto a nueve personas y con unas penas infinitamente más bajas de las pedidas inicialmente para el resto». Recalcó el esfuerzo realizado por todas las partes para llegar a estos términos y confirmó la satisfacción de sus defendidos.
El mismo balance hizo Alfredo Pereira, otro de los abogados defensores. «La retirada de determinados delitos y las rebajas de penas ha sido bastante importante», argumentó. De acuerdo a sus explicaciones, una de las claves para conseguir estas reducciones fue la retirada del delito de organización criminal, «el cual lleva aparejado una pena muy elevada». En el acuerdo se considera que el clan familiar no es una organización sino un grupo criminal, «de ahí la reducción. Solamente por ese delito el fiscal pedía inicialmente 15 años de prisión y ha quedado reducido a seis meses», dijo Pereira.
La fiscalía, por su parte, también se mostró satisfecha del trabajo hecho. «Son penas de prisión por un delito reconocido. Todos se van con una condena no suspendible por cuanto supera los dos años de prisión», afirmó Diego Yebra.
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GRUPO DESARTICULADO La fiscalía da por desmantelado el grupo. «No solo son importantes las penas, sino que los puntos de venta tienen que ser desmantelados y se ha privado de los bienes personales adquiridos con ese lucro». En el inventario de esos bienes se encuentran varias fincas, casas, coches de alta gama, ordenadores y equipos de seguridad. «Todos los bienes que han sido adquiridos con la venta de estupefacientes y que no se ha podido acreditar su origen lícito han sido embargados o decomisados. Esto equivale a un montante económico muy importante. Solo las propiedades tienen un valor aproximado de dos millones y medio de euros». El delito de blanqueo lleva aparejada una multa que en este caso asciende a 600.000 euros. «Es para sentirse satisfecho por el trabajo desarrollado por el grupo de estupefacientes de la Policía Nacional», se afirmó desde la fiscalía.
Todas las personas que ayer se sentaron en el banquillo fueron detenidas en diciembre de 2018 en la llamada `Operación Granero'. Se produjeron 32 arrestos y 15 registros domiciliarios en el Cerro de Reyes, en los que se intervinieron un kilo de cocaína y uno y medio de marihuana, así como otras sustancias por valor de más de 191.900 euros, armas y vehículos.