Adiós a la legislatura de la mayoría absoluta y el covid
Pese al diálogo que prometió Vara en la investidura, todos los temas candentes han salido sin grandes acuerdos De las 52 leyes que se han aprobado en estos cuatro años, el 60% han sido bajo la modalidad de decretos
Han pasado cuatro años y ahora toca hacer balance. Atrás queda ya una legislatura marcada a fuego por la pandemia y condicionada por sus consecuencias económicas, pero sin grandes sobresaltos en lo político gracias a la tranquilidad que esa mayoría absoluta ahora en el aire ha dado al gobierno del PSOE: 34 diputados que le han permitido sacar adelante en solitario y sin dificultad los cuatro presupuestos autonómicos y todas sus iniciativas. Desde eliminar la limitación de mandatos para permitir que Guillermo Fernández Vara se presente a la reelección por tercera vez consecutiva a la `ley Zepa' con la que pretenden evitar el derribo del complejo Isla Valdecañas.
Que la gente pudiera «cumplir sus sueños» fue el objetivo con el que Guillermo Fernández Vara asumió en junio de 2019 su tercer mandato al frente de la Junta de Extremadura. Entonces prometió gobernar «como si no tuviera mayoría absoluta» («cuanto más diálogo haya, mejor para esta región», dijo) y en su investidura propuso a la oposición seis grandes pactos sobre lo que supuestamente iban a ser las claves de la legislatura: cambio climático, digitalización, vivienda, una nueva PAC, lucha contra la despoblación y un calendario para las infraestructuras, especialmente el tren.
Pero la primera medida de calado que se llevó al Parlamento nada tuvo que ver con lo anterior: fue la modificación del Estatuto de Cargos Públicos para eliminar la limitación de mandatos a dos legislaturas, de forma que Fernández Vara pudiera optar a la reelección ahora en 2023. Esta normativa se aprobó en 2014 bajo el gobierno del PP y pese a que entonces contó con la abstención del PSOE (Vara dijo que «no le parecía mal»), los socialistas la derogaron nada más recuperar el gobierno. En palabras del propio partido, «para que el debate saliera de la opinión pública lo antes posible». Fue la primera gran polémica de la legislatura y la muestra inequívoca de que, ocho años después, la mayoría absoluta había vuelto a la Cámara. El PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura recriminaron al PSOE esta maniobra con la que, a todas luces, se evitó una guerra interna por la sucesión.
La irrupción de la pandemia
Tras esta polvareda inicial la legislatura comenzó a andar, aunque poco después echó el freno. En marzo de 2020 irrumpió la pandemia y todo saltó por los aires. Las necesidades cambiaron, las prioridades también y la oposición vio aún más reducido su margen de maniobra. La Asamblea, al igual que el resto del mundo, se veía sumida en un escenario insólito. Cesó la actividad parlamentaria ordinaria y se convocó la Diputación Permanente.
Fernández Vara compareció el 23 de abril de 2020 por primera vez para rendir cuentas por la gestión de la pandemia y desde entonces y hasta septiembre de 2021 los plenos y comisiones estuvieron sometidos a restricciones de aforo: diputados con mascarilla en escaños y tribunas (fue obligatoria desde julio de 2020) y distribuidos en varias salas de la Cámara para poder seguir las sesiones y votar de forma telemática. La situación de la sanidad y las consecuencias de la pandemia, en torno a las comparecencias periódicas del consejero de Sanidad, José María Vergeles, monopolizaron los debates en este periodo. Al principio la oposición se mostró cauta, pero poco a poco fue subiendo el tono de las críticas, especialmente cuando tras un fallido plan de Navidad repuntaron los contagios y la región vio, en enero y febrero de 2021, la peor cara del virus.
La influencia de la pandemia (y también de la mayoría absoluta) a la hora de hacer política se refleja bien en el balance de leyes aprobadas a lo largo de la legislatura. Según los datos facilitados por la
Asamblea de Extremadura, en los 88 plenos celebrados han sido 52 y de ellas 31 (el 60%) obedecen a la modalidad de decretos-ley, frente a 14 proyectos de ley (el trámite ordinario para las leyes, que incluye los cuatro presupuestos) y siete como propuestas de ley (parten de los grupos parlamentarios).
Los decretos-ley son normas con rango de ley que emanan del Ejecutivo sin necesidad de intervención o autorización previa del Legislativo, que no obstante debe convalidarlo en un plazo breve. Se justifican por razones extraordinarias, de necesidad o urgencia.
En este caso el PSOE ha tenido siempre asegurada la convalidación gracias a sus 34 diputados. Se han utilizado para dictar restricciones de horarios y aforos durante la pandemia, poner en marcha líneas de ayudas para empresas y autónomos y también para la reactivación económica. Pero más allá de la pandemia, se han usado, por ejemplo para establecer ayudas a los agricultores por las consecuencias de la guerra en Ucrania o la sequía. El decreto más sonado quizá sea el que blinda el litio, propuesta estrella de Fernández Vara en último debate sobre el estado de la región y una de las bazas a las que el PSOE fía el futuro de los próximos años.
La guerra en Ucrania
Ya en 2022, con la pandemia casi superada y ahora lidiando con las consecuencias de la guerra en Ucrania, la actividad política se ha centrado en la remontada económica, sobre todo el ahínco por traer empresas de fuera. El Parlamento volvió a la normalidad y en los últimos meses ha vivido un esprint legislativo que ha culminado con otra gran polémica: la ley `Zepa' con la que los socialistas pretenden frenar el derribo del complejo Isla Valdecañas. Y también en esta ocasión, se han quedado solos con su mayoría absoluta. Porque el acuerdo en esta legislatura que apelaba al diálogo solo ha venido de la mano de la ley de reto demográfico: el único gran pacto en cuatro años.