El Gobierno rectifica y estudiará no demoler la presa de Valdecaballeros
Tras extinguirse la concesión de aguas, la ley dicta el derribo «salvo que se identifique un nuevo uso» El ministerio tiene ahora un plazo de tres meses para pronunciarse sobre el recurso de alzada de la Junta
Paso atrás. El Ministerio para la Transición Económica y el Reto Demográfico (Miteco) está evaluando técnicamente no demoler la presa de Valdecaballeros «ante el interés mostrado por la Junta de Extremadura» en el mantenimiento de esta infraestructura. El departamento que dirige Teresa Ribera informó ayer por la tarde en su cuenta de Twitter del cambio de criterio, que se produce un día después de que el Ejecutivo autonómico presentara un recurso contra la resolución que dicta el derribo.
Según explican fuentes estatales, el embalse fue diseñado para refrigerar la central nuclear que nunca entró en funcionamiento. Con arreglo a la normativa vigente y una vez extinguida la concesión, corresponde demolerla, «salvo que se identifique un nuevo uso y se garantice su funcionamiento», como es el caso. Así, aunque nunca ha sido un embalse destinado al abastecimiento de agua, dado que la Junta tiene interés por preservarlo, «se está evaluando técnicamente la posibilidad de estimar la demanda de mantener esta infraestructura».
El pasado martes la Junta presentó un recurso de alzada contra la resolución que dicta la demolición. En palabras del propio presidente, Guillermo Fernández Vara, «un disparate que había que corregir cuanto antes». El recurso se basa en tres razones fundamentales: la nulidad del procedimiento y la invalidez formal de la resolución, al entender la Junta que no ha sido consultada sobre el derribo pese a ser parte interesada como titular de los terrenos; el daño ambiental que produciría, al situarse el embalse en la Zepa Puerto Peña-Los Golondrinos, la reserva de la biosfera de La Siberia y el propio corredor ecológico del río Guadalupejo; y en última instancia, por la necesidad de agua para los municipios y la agricultura de la zona.
Según informa la Consejería de Hacienda y Administración Pública, el plazo del Ministerio para resolver el recurso de alzada es de tres meses. El ministerio puede estimar, desestimar o inadmitir el recurso, una decisión que en cualquier caso agota la vía administrativa. Si no se admite o se desestima, la Junta puede iniciar la vía judicial con un recurso contenciosoadministrativo, para lo cual dispone de un plazo de dos meses desde la resolución del ministerio. No obtante, todo apunta que no será necesario, dada la predisposición que el Ministerio ha mostrado ya a estudiar la petición de la Junta.
/ POLÉMICA POR LA CONSULTA Hasta que el ministerio se pronunció, la polémica ayer se centró en si la Junta conocía realmente o no las intenciones del Gobierno de derribar la presa nuclear. Y lo cierto es que el Ministerio para la Transición
Ecológica sí consultó al Ejecutivo extremeño, aunque según alegó este último «única y exclusivamente» sobre la extinción de los derechos de agua de Endesa e Iberdrola, «sin alusión al posible derribo de la presa».
En la resolución que da luz verde a la demolición, del pasado 7 de marzo, el Ministerio indica que solicitó dos informes a la Junta de Extremadura, concretamente a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, y a la Dirección General de Sostenibilidad, ambas dependientes de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad. La propia Junta reconoce en el escrito de su recurso de alzada que esta petición se realizó el 30 de marzo de 2021 (un mes después de que las titulares de la presa, Endesa e Iberdrola, solicitaran la extinción de la concesión) y que el ministerio le dio un plazo de dos meses para «informar de lo que estime oportuno en materia de su competencia».
Sin embargo, el Gobierno regional aclara que esta petición se refería «única y exclusivamente» al expediente de extinción de los
derechos de una concesión de aguas, «sin alusión alguna ni constancia del posible derribo de la presa de Valdecaballeros», y que a eso se ajustó su respuesta.
El derribo del dique, siempre según la Junta, «se deduce» mucho después, en la propia resolución del 7 de marzo de 2023, a partir de los escritos incorporados al expediente por la Asociación AEMS-Ríos con Vida, Ecologistas en Acción y el Club Deportivo de Cazadores y Pescadores `Peña de la Cruz' de Béjar (Salamanca), que presentaron alegaciones en el trámite de información pública al entender que la desaparición de la presa es la mejor fórmula para recuperar el río.
El pasado marzo, fue el propio presidente de la CHG, Samuel Moraleda, quien explicó en unas declaraciones a los medios que el Ministerio había autorizado el derribo de la presa porque cuando se extingue una concesión de agua hay que restituir el Dominio Público Hidráulico, de forma que esa restitución «conlleva la demolición de la presa». De hecho, según Moraleda, cuenta con todos los informes favorables tanto de la Abogacía del
Estado como del Consejo de Estado. Y aseguró, además, que el derribo no afectaría al abastecimiento de agua de los municipios de Valdecaballeros, Castilblanco y Alía.
Como cabía esperar en periodo preelectoral, rápidamente las críticas han arreciado contra el Ejecutivo autonómico. Especialmente desde el PP, cuya presidenta, María Guardiola, aseguró ayer que Vara conocía la intención de derribar la presa desde hace dos años, que no se opuso y que si ha cambiado de criterio es por la presión social.
Preguntado por el asunto, el consejero portavoz, Juan Antonio González, respondió tajante que «lo que la Junta de Extremadura tenía que hacer ya lo ha hecho» con la presentación del recurso de alzada. «No empecemos a qué se hizo en aquel año, qué no se hizo, qué se hubiera hecho, qué no se hubiera hecho... porque si empezamos a darle vueltas no vamos a ningún lado», dijo tras el Consejo de Gobierno. González reiteró que el Ejecutivo extremeño se opone «frontalmente» al derribo de la presa y se mostró «seguro» de que el recurso va a prosperar.
El Ministerio sí consultó a la Junta, pero «solo sobre los derechos de agua»
Guardiola acusa a Fernández Vara de cambiar de criterio por la presión social