Los promotores piden un pacto nacional para edificar 75.000 pisos protegidos al año
El sector privado ha construido 32.572 inmuebles asequibles de 2018 a 2022
El Gobierno valora opciones para financiar las viviendas que ha prometido
Los promotores son los grandes productores de vivienda asequible en España, muy por encima de las administraciones públicas. Entre 1976 y 2022, el sector privado ha construido 3,27 millones de pisos con algún tipo de protección pública, el 85% del total de la que se ha puesto en marcha, según revela el informe El problema de la vivienda sí tiene solución, realizado por la Asociación Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima). «Hay que subrayar que estas más de tres millones de viviendas no es que hayan dejado de ser vivienda pública, sino que, realmente, nunca han sido propiedad de la Administración», aclara el estudio. Solo en los últimos cinco años, entre 2018 y 2022, la iniciativa privada ha promovido 32.572 inmuebles, frente a los 7.060 del sector público, 3,6 veces más.
Desde la patronal- apuntan que, para satisfacer la demanda actual, España necesita «recuperar los niveles de producción de vivienda asequible de más de 75.000 viviendas anuales». Asprima solicita a las administraciones un «pacto nacional de la vivienda» para crear una política de largo plazo que garantice el acceso a la vivienda de las clases medias, adelante la edad de emancipación y aumente la tasa de natalidad.
/Tras el estallido EL PARÓN DE LA BURBUJA de la burbuja inmobiliaria, la producción de vivienda asequible se contrajo. En 2013, se entregaron 53.000 inmuebles con algún tipo de protección pública. Por el contrario, entre 2014 y 2022, solo se pusieron en el mercado 8.300 unidades de media al año. «Ciertamente, nada tiene que ver la cifra de cierre de 2022, 9.221 viviendas protegidas terminadas, con las cerca de 79.000 viviendas al año que, de media, se ponían a disposición de nuestros jóvenes entre 1980 y 2010. Estas cifras posibilitaban el acceso a la vivienda de gran parte de la población a unos precios por debajo de la vivienda libre», señala el informe.
Madrid cuenta con suelos en desarrollo para construir hasta 270.000 viviendas. «En los últimos años, se ha podido mantener o retener la inversión en desarrollo de suelo en la capital», explicó Carolina Roca, presidenta de Asprima, durante la presentación del informe. De estas 270.000 unidades, 70.000 podrán entrar en carga en el corto y medio plazo, de las cuales el 50% (35.000) contarán con alguna protección pública, con un precio máximo. «35.000 pisos tendrán alguna limitación en su precio de venta o alquiler, sin necesidad de que se implemente una ley de vivienda. El compromiso desde Asprima es que pondremos en el mercado esas viviendas, aunque se debe propiciar un marco de actuación en materia de suelo, una actualización de los precios máximos de venta y un marco jurídico, fiscal, financiero y de mano de obra que fomente su rápido desarrollo», desarrolló Roca.
De hecho, el Gobierno deberá hacer un importante desembolso, o captar el apetito de los grandes fondos de inversión internacionales, si quiere construir vivienda pública para equiparar el parque disponible al de otros países de la UE. España cuenta con alrededor de 300.000 viviendas públicas destinadas al alquiler, que dan cobertura a entre el 2,5 y el 3% de los de hogares, frente al 9,3% de media en la eurozona, según un reciente informe publicado por la universidad catalana Esade.
/Aunque desde el Ejecutivo se indicó que la intención es lograr que el 20% del parque sea público en 20 años y esto sea «virtualmente imposible», sí hay numerosos proyectos de nueva construcción en marcha. A nivel estatal, excluyendo a comunidades y ayuntamientos,
LAS FÓRMULAS DEL GOBIERNO
Sareb destinará entre 10.000 y 15.000 viviendas a alquiler asequible, aunque el plan está aún en fase de diseño. También la Entidad Estatal de Suelo Sepes, dependiente de Transportes, tiene programada la edificación de 36.000 pisos, tanto en suelos del Ministerio de Defensa como propios que cuenta en patrimonio.
Las empresas públicas y el Ministerio de Transportes están analizando la fórmula para desarrollar todos los pisos prometidos en colaboración público-privada. Esto suponen mecanismos concesionales donde la Administración aporta los terrenos necesarios y una empresa se encarga de la construcción y gestión de los inmuebles, recibiendo los ingresos por alquileres durante un periodo de 40 o 60 años, como mínimo. Fuentes del sector inmobiliario explican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA (del mismo grupo editorial que este diario) que Sepes ya está en contactos con fondos de infraestructuras internacionales que se han interesado en sus proyectos, pero exigen cambios en la regulación concesional.