«Vendo voto por 9.000 euros»
Electores hacen negocio vendiendo su voto en plataformas como Wallapop o Milanuncios La Junta Electoral aclara que la práctica es «un delito penado con prisión»
«Mínimo cuatro cifras. Los primeros ladrones son los políticos», justifica una vendedora
A pocos días de que los españoles acudan a las urnas para elegir a los candidatos que quieren que les gobiernen durante los próximos cuatro años en sus municipios y comunidades autónomas, algunos ciudadanos apuran para hacer negocio con sus papeletas. Estos mercaderes del sufragio se aprovechan de aquellos que se empadronaron tarde o mal y de quienes, por la causa ideológica, están dispuestos a pagar para que su partido reciba un apoyo más. En Melilla, la Policía Nacional ya investiga a entre 30 y 50 sospechosos de formar parte de una red de fraude electoral. Estos iban a emplear presuntamente el voto por correo de ciudadanos a los que les pagarían entre 50 y 200 euros para amañar los comicios autonómicos. Este medio ha encontrado a varios usuarios de Wallapop y Milanuncios que se ofrecen a votar presencialmente lo que sus clientes les indican a cambio de una remuneración que va desde 20 hasta miles de euros.
«Se acercan las elecciones autonómicas y municipales y ofrezco escuchar a qué partido debería votar y me comprometo a hacerlo. Sería para las elecciones autonómicas de Madrid y municipio de voto Colmenar Viejo», detalla un usuario de Milanuncios que valora su voto en 20 euros. Al preguntarle cómo pretende certificar que escoge el sobre elegido por el cliente, esclarece: «Te garantizo que voto al que me digas, puedo hacerte un vídeo. No me produce el más mínimo interés en estafarte. No tengo previsto ir a Colmenar, solamente para votar. Vivo a 10 kilómetros de allí e iría a votar personalmente». Cuando se le pregunta por cómo habría que pagar el servicio, propone varias opciones. Acompañarle a esta localidad del norte de Madrid, para entregarle allí el dinero y el sobre que se vaya a introducir en la urna, o, «si por distancia no puede ser», una transferencia.
Otras ofertas de votos no son tan económicas como esta. Otra usuaria de la misma plataforma de compraventa de segunda mano que traspasa su voto para las elecciones autonómicas y para las próximas elecciones generales invita a los interesados a sugerir un precio. Diez euros a ella no le parecen suficientes. «Ni de broma. Mínimo tiene que haber cuatro cifras, los primeros ladrones son los políticos», justifica, para luego tasar su papeleta en
«9.000 [euros] en mano». Esta práctica puede tentar a una parte de la España abstencionista. En las generales de abril de 2019 se quedó en casa prácticamente el 25% del censo y en su repetición de noviembre el porcentaje subió al 30% de los votantes. Desde la Junta Electoral Central aclaran que la venta de votos es «un tema recurrente en todas las elecciones y es un delito» que conllevaría una condena penal, ya que se trata de un fraude electoral.
«Si la plataforma es consciente de que es delito, tendría que borrar el anuncio», dice un abogado
El papel de las plataformas
Pero también la compra tendría consecuencias. Según la ley electoral, «quienes por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector, o le induzcan a la abstención», serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o con una multa de 12 a 24 meses. El abogado penalista Marco Esteban, director del despacho Esteban Abogados Penalistas, entiende que ese artículo 146.1 se refiere «tanto a vendedores como a compradores, porque algún elector puede ser la persona que vende el voto» y que induce a que le indiquen a qué lista elegir. Asimismo, expresa que se trata de «un delito perseguido de oficio por la Policía Nacional o la Fiscalía, a través de una investigación, sin necesidad de que haya una denuncia particular» para abrir un procedimiento judicial. Desde Wallapop, donde apareció el anuncio de un usuario que ofrecía su voto por 300 euros en Palma de Mallorca, indican que cuentan con un equipo de Trust & Safety (confianza y seguridad), que monitoriza la actividad en la plataforma. Este departamento, que supone el 6% de su plantilla, analiza la actividad de los perfiles que publicitan estos artículos. «Si la plataforma es consciente de que está publicitando un delito, tendría que borrar el anuncio», recuerda Marco Esteban.