Crimen y castigo
Que no se haya destrucción de empleo no significa que no ocurran dos corrientes que sí son dañinas: la creación de empleo no sólo está frenada sino que se deteriora su calidad
Hay un pecado original: ser empresario. Esta monstruosidad, que diría el gran Freddy, solo se perdona en este país vía ajuste fiscal. Que es lo que, desde el sector público, se entiende como única forma de redención. Se podrá replicar que este dibujo es, en el mejor de los casos, de un trazo realmente grueso. Admitiendo que tiene parte de parodia, el brochazo, aún falto de finura, no resta verosimilitud. La desconexión de la clase política hacia la realidad ecaonómica y empresarial se hace paulatinamente patente en una toma de decisiones que toma el pretexto de la sostenibilidad de los de servicios públicos, pero oculta la voracidad de un sectorque aún no ha hecho reflexión acerca del peso de su parte improductiva.
Concedamos incluso que no hay una perspectiva punitiva en la figura del empresario en España. Con todo, es innegable que este Gobierno no ha tenido reparos en señalar (y no en una única ocasión), no ya al segmento empresarial en su conjunto, sino a empresarios individuales. O tratar de simplificar un fenómeno complejo en su origen, como es la inflación, en los retornos del sector empresarial; sin ni siquiera espacio para la matización por áreas de actividad o tipología de compañías.
Igualmente la adopción de algunas figuras impositivas (los «beneficios extraordinarios», las tasas Tobin o Google) trasladan un profundo desconocimiento del tejido empresarial y de la formación de capital en nuestro país.El ejercicio creativo, además, en la generación de hechos imponibles puede ser flexible pero no inagotable, como demuestra la diferencia de recaudación entre el planteamiento de esos tributos y su tozuda realidad recaudatoria. Estirar el sistema fiscal, con el sector privado en el punto de mira, no permitirá tapar las vías de agua de su ineficacia, que asume sin debate el déficit como una solución. Cuando es una vulnerabilidad. Se hace difícil desligar la aprobación unilateral de la subida del salario mínimo, y su airada celebración, del fracaso de la otra medida estrella abanderada por la vicepresidenta Díaz, el decreto de subsidio por desempleo. Una norma que fue tumbada por sus otroras compañeros de Unidas Podemos, formación con la cual ni se intenta disimular la descarnada lucha intestina. El impacto de una decisión de este tipo demandaba de la búsqueda de un acuerdo integral, que persiguiese una paz social antes que un triunfo que vender y reivindicar frente a un «inmovilismo» de la patronal, que no es tal. Las comillas están más que justificadas: la CEOE ofrecía un pacto con una subida del 3%, acorde al nivel de inflación anual real que propugna el propio gobierno. El empeño en la subida del 5% finalmente aprobado suena a autojustificación de la agenda propia y reivindicación. Algo que aleja al partido, socio del mayoritario en el gobierno, de su pretendido talante negociador. Dicho de otro modo: tender la mano al empresariado es considerado como una potencial pérdida de votos.
Luego está la medida en sí, sobre la que mayoría de análisis parte, de salida, ideologizados. En las subidas de estos años siempre han coincidido en sus defensores dos argumentos recurrentes, casi contradictorios en sí: el primero dice el empresario no pueda asumir la subida, actúa de facto como empresa que debía cerrar; el segundo, que, en realidad, estas subidas no afectan al final al nivel de empleo. Dejando, claro, de lado, el muy sacrificado argumento de quién puede oponerse a la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Como en todo, lo más peligroso no son las medias verdades sino aquello `que no ocurre', la parte camuflada a primera vista. Antes de empezar a glosar las bondades de estos ajustes sobre el salario mínimo (que indudablemente existen) convendría poner la radiografía de la empresa española al trasluz: casi el 90% de las empresas tienen menos de cinco empleados. En el caso de una compañía con 200 trabajadores un impacto neto de 80 euros por trabajador (la subida arrastra las cotizaciones sociales) es relevante, pero probablemente asumible en resultados. Sin embargo, la configuración de estas micro y pequeñas empresas no permite el `músculo' suficiente para no afectar a la vida misma de la compañía.
Sobre el nivel de empleo, la resistencia mostrada en un entorno inflacionista no es para sacar pecho: para encontrar una tasa a doble dígito de desempleo en la UE sólo hay que mirar a España. Que no se haya destrucción de empleo no significa que no ocurran dos corrientes que sí son dañinas: la creación de empleo no sólo está frenada sino que se deteriora su calidad. Por su coste y por la pérdida de productividad que implica la asunción de estos esquemas en las compañías. Casi como un (repetido) castigo.
Tender la mano al empresariado es considerado como una potencial pérdida de votos