Las críticas de Ribera a GarcíaCastellón disparan la tensión
La vicepresidenta afirma que el juez suele hablar en «momentos políticos sensibles» Las palabras de la ministra sobre el magistrado del `procés' enervan al CGPJ
En plena tramitación parlamentaria de la ley de amnistía (el martes se votarán las enmiendas parciales que PSOE y Junts negocian) el reciente auto del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el que insiste en el presunto delito de terrorismo que afectaría a Carles Puigdemont en la causa sobre Tsunami Democràtic, enfrentó ayer con mucha dureza al Gobierno y al PP. Todo a raíz de unas declaraciones de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en las que afirmó que el magistrado demuestra una «cierta querencia» a pronunciarse en «momentos políticos sensibles».
«Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles», dijo Ribera en La hora de la 1 de TVE. Respondía así al hecho de que el juez de la Audiencia Nacional haya desestimado el recurso que la Fiscalía presentó contra la decisión de enviar la causa de Tsunami al Supremo con el objetivo de que tanto Puigdemont como Marta Rovira (ERC) y otras 10 personas de los CDR sean investigados por terrorismo.
La vicepresidenta aseguró que aunque es «importante» respetar la separación de poderes, «eso no impide ver» que hay personas que ostentan representación institucional del Poder Judicial «que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección» y en un momento «particularmente oportuno» frente a lo que por lo demás «suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio de ese Poder Judicial». E insistió en poner el foco sobre el magistrado de la Audiencia que, en su opinión, «siempre tiene mucho acierto en la sensibilidad de las fechas», pidiendo también que «motive y explique» su pronunciamiento.
Preguntada directamente por si consideraba que se estaba produciendo un caso de lawfare, es decir una persecución judicial atendiendo motivos políticos, Ribera afirmó que resulta «capital» com
prender que no solo importa el ejercicio del Poder Judicial, sino «las formas y las motivaciones». «Pero también esa valoración de oportunidad sobre el momento en que salen a la luz estas informaciones es relevante», volvió a recalcar.
/ «GRAVEDAD EXTREMA» En el PP consideraron de una «gravedad extrema» que una vicepresidenta del Gobierno «insinúe que hay jueces que prevarican en su toma de decisiones» y aseguraron que
Ribera «ha puesto voz a los que dicen que en España hay lawfare». Para el partido de Alberto Núñez Feijóo, el Ejecutivo «recita el argumentario independentista» aunque eso esté suponiendo «desprestigiar» el sistema democrático. «Cada vez cuesta más diferenciar las declaraciones que hacen los dirigentes del PSOE de aquellas que hacen los de ERC o Junts», aseguraron en Génova.
Ni tres horas después de las declaraciones, fuentes de Moncloa corrigieron lo dicho por Ribera y aseguraron que el Gobierno «siempre respeta las decisiones del Poder Judicial» aunque no comparta algunas de ellas, e insistieron en que siempre «defenderá a los jueces y magistrados de cualquier injerencia en su trabajo». En concreto, sobre la causa de Tsunami Democràtic, Moncloa aseguró que «la consideración jurídica de los hechos ocurridos como terrorismo están pendientes de recurso ante la propia Audiencia Nacional», y afirmó que «ese debate jurídico se resolverá por los órganos judiciales». «Y el Gobierno respetará, por supuesto, la decisión final que se adopte», zanjaron con
contundencia en la Moncloa.
Las declaraciones tampoco sentaron bien en la judicatura. De entrada, motivaron una reunión de carácter extraordinario de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que censuró las palabras de Ribera de forma unánime, señalando que vulneran el principio de lealtad institucional y contribuyen al deterioro de las instituciones por lo que «merecen un rotundo rechazo», máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos.
En su declaración, el núcleo duro del órgano de gobierno de los jueces, sus vocales tanto conservadores como progresistas, entendieron que estas manifestaciones de Ribera son también contrarias «al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia, porque solo unos jueces en los que sus conciudadanos confíen podrán prestar».
El PP dice que el Gobierno «recita el argumentario independentista» y desprestigia la democracia