Mezcla para una crisis
Puede ser que las escuelas de administración pública tengan más o menos prestigio, lo que no les regatea su utilidad. Pero en el fondo da igual. Pocos son los políticos que pasan por sus aulas. O peor aún: por ningún tipo de formación para ejercer una profesión con tanta influencia en la vida de los demás. Se suele argumentar que vale el terreno ganado desde la experiencia.Ocurtirse en la arena de las administraciones. Suena a autojustificación.
De otro modo, sería impensable que insistamos en fórmulas legislativas que se han probado ineficaces. O la contumaz persistencia en no reconocer el causa-efecto. Aplica, claro, a todos los ámbitos, pero quizás se haga más evidente en la vertiente económica. De nuevo estamos viendo iniciativas legislativas sobre las que planea la sombra de afectar (más) a una productividad ya de por sí escasa en España. Conjuntamente con la eterna rigidez de nuestro mercado de trabajo, nos resta competitividad.
No podemos jugar al mal de muchos, pero es cierto que no es esta una característica netamente española. Europa sufre frente a otras áreas (sudeste asiático), incluso en igualdad de condiciones laborales. Con todo, España muestra una de las productividades por trabajador más baja de la Unión Europea. Lo que ya era una debilidad hace un lustro (España apenas convergía con la media comunitaria) se ha convertido en una amenaza hoy: la productividad se ha desplomado más de cinco puntos en la era Sánchez. Es un elemento que ayuda a explicar, por ejemplo, la lenta recuperación hasta alcanzar el nivel de PIB prepandemia o nuestro récord de desempleo.
Una crisis agrícola arrecia por toda Europa. Alemania, Francia, Holanda, son las cabeceras de un sector primario que ha perdido la posición de privilegio que ostentó durante más de dos décadas y que asoma un descontento “estructural”. El porqué no ha llegado (aún) a España se explica, como se esperan, desde una perspectiva política.
Con un enero rozando los 30 grados en ciertas partes de la península, desconocer que la lucha contra el cambio climático es uno de los grandes retos de nuestro tiempo solo cabe calificarlo, suavemente, de confusión (rozando el terraplanismo). Claro que tampoco ayuda que, especialmente desde el ámbito público, se trabaje desde una visión mesiánica, otorgando una pátina de cruzada a unas políticas que requieren de un análisis racional y una estrategia integral. El coste de las medidas para la defensa del clima no puede sufragarlo siempre los mismos.
Sumemos que ya no es nada inhabitual ver en nuestros supermercados una variedad de productos importados que, a menudo, conviven con la desaparición de los locales. No todo es achacable a la distribución con lo que los focos se han vuelto hacia el sector agrícola.
Este tipo de respuesta pública (que en España ha llevado incluso a un señalamiento desde el ministerio del sector) echa sal a las heridas en el sector. Las protestas de los agricultores han tenido, país a país, un origen distinto porque la problemática se diferencia por la tipología de cultivos. Pero están anudadas a un hilo común: la introducción de normas que les restan competencia frente a otros mercados. Arranca por la reciente reforma de la Política Agraria Común (PAC) y el Pacto “Verde”, que afecta por los sobrecostes por la hiperregulacióne fitosanitarios o las exigencias en cultivos y bienestar animal. Se “culpabiliza” al sector con unas exigentes normas comunitarias que dificultan cubrir costes y agregar inversión, empeorando unas explotaciones agrarias que ya partían de mínimos. Nadie debiera poner en duda la necesidad de la legislación medioambiental a estas alturas pero no puede ejecutarse frente o a costa de la competencia de nuestros sectores productivos.
El sector en España ha contenido las protestas por las ayudas, especialmente en hidrocarburos, pero está igualmente afectado y será complicado que no se produzca una contundente respuesta.Contra los requisitos regulatorios y el mensaje de que son parte de la inflación. Pero también porque entra en juego el factor político.
En toda Europa los sindicatos tienen un sesgo progresista que en España aún es más marcado. Sin embargo, muchos países contemplan la agricultura como un foco de la denominada ultraderecha, por la vinculación del tradicionalismo y la posición contraria a la `cultura' climática. La polarización no debiera invadirlo todo, sobre todo en un sector clave para la región. Es más, quien gobierna debiera preguntarse si se capitaliza por el populismo de derechas por un simple abandono de la propia clase política.
El coste de las medidas para la defensa del clima no puede sufragarlo siempre los mismos