La diputación entra en la lucha por recuperar el canon energético
Cáceres, la segunda provincia productora de energía eléctrica, por detrás de Tarragona
El pleno provincial ha aprobado este viernes, por unanimidad, la adhesión de la Diputación de Cáceres a la petición presentada ante el Parlamento Europeo (PE) por la asociación `León Propone' con el objetivo de lograr el retorno efectivo al territorio de los beneficios que generan las grandes instalaciones de energías renovables.
El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha explicado que se trata, fundamentalmente, de instar al Gobierno de España para que «la financiación local y, por tanto, la financiación de la provincia, sea acorde con la realidad».
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EL ORIGEN El presidente ha recordado cómo en el año 1984 se retiró el canon energético con el que se compensaba a las provincias generadoras de energía hidráulica y que revertía a financiar las diputaciones y, por ende, a todos los municipios. «La supresión de dicho canon supuso a la Diputación de Cáceres dejar de recibir 3.272 millones de pesetas», ha señalado.
«De esta forma y teniendo en cuenta que en estos últimos años ha habido un aumento considerable de la producción de energía, no solo la hidráulica o la nuclear que produce Almaraz, sino también la proliferación que ha habido de energías alternativas como fotovoltaica o eólica».
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UNIR PROVINCIAS Lo que se pretende es unir las provincias que son productoras de energía eléctrica de diferentes ámbitos para que, «de alguna manera, revierta en las arcas provinciales y municipales parte de lo que tributan estas empresas», ha apuntado el presidente provincial que, además, señala que Cáceres es la segunda provincia productora de energía eléctrica, por detrás de Tarragona. Y, «por tanto, la provincia sería una gran beneficiada».
También ha calificado de «absolutamente injusto» el hecho de que la normativa actual contemple la población como elemento fundamental porque «las provincias que se están despoblando son las provincias que están produciendo materia prima para que otras provincias, otras comunidades, estén enriqueciéndose, creando empleo o aumentando su PIB».
Morales ha sido tajante al afirmar que «es el momento de exigir al Gobierno de España, independientemente del color político, que provincias como la nuestra sean beneficiarias de primera mano de estas cantidades que se producen de recursos, en este caso eléctricos, y debe ser el Gobierno central, con las modificaciones normativas legales, las que compensen a través de una financiación justa a las provincias».
Finalmente, y tras la adhesión, ha explicado el camino a seguir al que ha calificado de «arduo y difícil. Esto tiene una tramitación normativa que la Asociación León Propone ya ha iniciado en la Unión Europea y desde la Diputación de Cáceres vamos a dirigirnos también al Gobierno, al Congreso de los Diputados y a la FEMP».
Igualmente, ha asegurado que «he encargado a los servicios técnicos la redacción de una propuesta articulada normativamente que podamos instar, para que se modifique la ley, para que se haga justicia a la provincia de Cáceres».
En el año 1984, su eliminación supuso dejar de recibir 19 millones de euros