La Ley de Memoria Histórica se reivindica también en la calle
Una veintena de colectivos exige al gobierno regional que no reduzca la inversión «Queremos tener un sitio donde llevar flores a nuestros muertos», reclaman
La plaza España de Mérida fue escenario ayer de la concentración en defensa de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura. La polémica sobre los cambios en el texto salió del parlamento y se echó a la calle. Fue una protesta convocada por el movimiento memorialista, que agrupa a una veintena de colectivos. Los congregados recordaron a los políticos que la sociedad está organizada para plantar cara la decisión de acabar con los procesos de memoria y no darán «ni un paso atrás» en el reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y el franquismo.
El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX), José Manuel Corbacho, señaló que estas concentraciones buscan «visibilizar» ese rechazo y ha calificado de «falaz» argumento de que la actual ley no incluye a todas las víctimas. Corbacho mostró su preocupación por «movimientos inquietantes» como es la modificación de partidas para este fin en los presupuestos que se aprobarán la próxima semana, en los que además de reducirse se les cambia el nombre, con una parte dedicada a actividades «que dicen de reconciliación y concordia». También negó que desde la Junta se haya contactado con este colectivo para abordar la situación.
En este mismo sentido se pronunció José Hinojosa, uno de los portavoces este movimiento, que incidió en que «no se trata de bandos, sino de derechos humanos» y criticó a Guardiola y su gobierno
porque «tienen un gran desconocimiento» de la historia de la región y de lo que pasó. Asimismo, Hinojosa recordó que cuando terminó la guerra hubo víctimas que tuvieron «una reparación, se les dieron honores, se exhumaron fosas y hubo hasta cesiones de estancos», pero hay otras «casi diez veces más numerosas, que nunca han recibido nada».
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LAS FAMILIAS Entre los asistentes, familiares de víctimas como Inocencia Solomando, de Villanueva de la Serena, a cuyo tío mataron con 17 años porque pertenecía a Juventudes Socialistas Unificadas, y cuyo cuerpo no saben «donde fue a parar»; María Castilla, nieta de una fusilada en Llerena, o Fátima Robledo, nieta de Cayetano Robledo, primer alcalde republicano de Malcocinado, asesinado en 1936 cuando salió a visitar a su hijo recién nacido. Todas coincidieron en que no están dispuestas a dar un paso a atrás en su lucha, en los derechos conseguidos para la recuperación
de la dignidad arrebatada y en poder contar con un sitio «donde poder llevarles flores».
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LA OPINIÓN DE LA JUNTA Entretanto, la portavoz y consejera de Cultura de la Junta, Victoria Bazaga, rechazó que el Ejecutivo esté intentando «desmantelar» la ley y añadió que este año se seguirá apoyando, con 79.000 euros, el convenio suscrito con la universidad y las diputaciones para este fin.
La portavoz, que mostró su respeto por la protesta, desmintió que desde el Ejecutivo regional se esté desmantelando la ley, una postura que «avalan nuestros hechos y trabajo desde que hemos llegado al gobierno».
Recordó que la Junta ha vuelto a firmar para este 2024 el convenio existente con la Universidad de Extremadura y las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres para seguir con las exhumaciones e identificación de las víctimas aportando 79.000 euros y 24.000 cada diputación. «Este gobierno busca que haya concordia, que todas las víctimas se encuentren amparadas», concluyó.