Cacería de jueces
El relato fraudulento del pacto con los independentistas de Junts para hallar una solución al problema de Cataluña, la convivencia y la paz, saltó ayer por los aires dejando a la luz el verdadero y único fin de la amnistía, que consiste simple y llanamente en pagar los siete votos de la investidura de Sánchez a un precio ignominioso en una democracia. Tras el nuevo pulso de Puigdemont en el Congreso, el dictamen de la Ley volverá a la Comisión de Justicia hasta que el Gobierno tuerza el brazo definitivamente y ceda ante la exigencia de incluir en el perdón todos los casos sin excepciones de terrorismo. Queda culminar la obra de que sean los propios delincuentes los que legislen su perdón.
La propia portavoz socialista ya había adelantado que por ahora no se producirán cambios pero que sigue habiendo tiempo. Entre esos cambios está el de blindar a Puigdemont ante cualquier recurso de la UE contra las medidas de gracia y coincidiendo con que dos jueces han decidido imputarlo como supuesto cabecilla de Tsunami Democràtic y por delito de alta traición. La causa abierta por la operación Volhov implica al expresident de la Generalitat con intermediarios vinculados al Kremlin antes del referéndum ilegal de 1O y también después de la declaración de independencia y de haberse fugado escondido en el maletero de un coche.
Los socios se unieron al PSOE en el hemiciclo para acusar de hacer política contra la amnistía a los magistrados que investigan el terrorismo y la traición. Esta vez aludiéndolos, lo cual supone un paso más en la escalada intimidatoria judicial. Cada vez suena peor esta música de la impunidad a cambio de poder: al argumento de que los jueces se ocupan precisamente ahora de la investigación sobre la violencia del procés podría añadirse que fue el propio Sánchez el que más condenó esa violencia para precisamente ahora, qué casualidad, ofrecerse a amnistiarla vulnerando la igualdad ante la ley, fundamento esencial del Estado de derecho.