Comunicaciones y financiación: las justas demandas de los municipios extremeños
La cita convocada el pasado miércoles por el Periódico Extremadura, la Crónica de Badajoz y el grupo editorial al que ambos pertenecen, Prensa Ibérica, merece el calificativo de histórica por varias razones: por primera vez se concentraban dos centenares de alcaldes extremeños, los de los grandes núcleos de población de la dos provincias, pero también los regidores que se encuentran al mando de localidades más pequeñas, que tienen sus propios problemas para asegurar la continuidad en un futuro a causa de la despoblación.
En ese recién creado espacio de encuentro y diálogo, tan relevante en tiempos donde la confrontación política dinamita puentes necesarios para construir y avanzar hacia una nueva sociedad más prospera e igualitaria, se dejaron claras, y de forma unánime, reivindicaciones históricas que deben ser atendidas de inmediato para corregir el grave desequilibrio que sufre Extremadura con respecto al resto de España. Infraestructuras, digitalización y financiación son los ejes sobre los que giran el grueso de las demandas.
En cuanto a las primeras, y a pocos días de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se encuentre con la presidenta de la Junta, María Guardiola, los alcaldes constataron el peligroso aislamiento que padecen los extremeños, en el vagón de cola, nunca mejor dicho, del mapa ferroviario que España construye para mejorar la movilidad, conectar con Europa y reducir la huella de carbono mediante un transporte más sostenible. Los habitantes de las ciudades y de los pueblos de Cáceres y Badajoz ya han soportado demasiada espera en la conexión con Madrid mediante un AVE que se antoja de bajo vuelo, dada la desesperante lentitud con la que avanzan las obras y con parte de ellas aún pendientes de licitar en los tramos correspondientes a Castilla La Mancha. Otra próxima cita entre mandatarios de esta última y autoridades extremeñas reabre la espita de la esperanza, puesto que la colaboración entre ambas comunidades resulta imprescindible para culminar una conexión vital para mercancías y viajeros. Los plazos que se manejan son demasiado largos: solo para alcanzar el umbral de la velocidad media de un AVE habrá que esperar un año más, puesto que aún quedan por implementar los sistemas de seguridad necesarios. Es deber del Gobierno agilizar aún más, y con más inversión, esta más que razonable exigencia.
En el apartado del ferrocarril cobra cada vez más eco la recuperación del tren de la Ruta de la Plata, del que acaba de adjudicarse el estudio de viabilidad. Un paso que, más que hacer referencia a un verdadero interés para que la vía forme parte de la red transeuropea de transporte, suena a excusa para dilatar lo que por desidia y la falta de visión política y económica ha llevado al abandono más absoluto en los últimos 40 años. La Ruta de la Plata podría haberse convertido en un eje de prosperidad para el castigado Oeste español que uniera los puertos de El Musel (Gijón) con el cada vez más desbordado de Algeciras, con posibilidades de conexión ibérica hacia el resto del continente mediante la construcción de los correspondientes enlaces desde Oporto y Lisboa.
En su lugar, nos queda una quimera de trazado que está desmantelado en su parte norte y que requerirá tiempo, además de millones, para construir ya no un AVE, sino un ferrocarril digno para el transporte de mercancías y viajeros.
La única alternativa existente de comunicación es la autovía, para cuya construcción también se sucedieron retrasos y problemas hasta provocar un toque de atención desde Europa por el estado en que se encontraba la vieja carretera nacional. Con la autovía ya plenamente operativa, los tramos extremeños de la misma registran cada día más tráfico pesado, elevando su peligrosidad. El tren ofrecería, además, alternativas de transporte en casos de conflicto en las fronteras, como ocurre estos días con el bloqueo de los agricultores portugueses.
En todo caso, puesto que la vía sigue en funcionamiento más hacia el sur, es del todo coherente reclamar, al menos, la conexión entre Plasencia y Salamanca. El coste sería asumible si se tienen en cuenta las ventajas sociales y económicas que reportaría a la zona norte de Cáceres, la más afectada por la despoblación. Permitiría contar con otro enlace a Madrid a través de la capital charra y dinamizaría una zona donde el turismo y la agricultura son dos grandes bazas para asegurar la continuidad de los pueblos que, ahora, la estadística escribe con tinta roja, por el peligro de desaparición que entraña la falta de nacimientos y de relevo generacional, en suma.
Las comunicaciones entre la propia región aún presentan importantes carencias que no se resolverán hasta que esté completa y en servicio la autovía entre Cáceres y Badajoz. Solo la unión entre las dos capitales de provincia puede evitar la brecha que se va abriendo entre el norte y sur de la región en materia económica y demográfica. La tecnología ofrece alternativas para cohesionar territorios y eso significa poner a punto la digitalización en todas y cada una de las localidades extremeñas.
Para corregir desequilibrios debe asegurarse una financiación que garantice la igualdad. Pero la financiación local es la gran ausente del debate en el que andan inmersas las comunidades autónomas. A los ayuntamientos no les queda otra que asumir competencias propias y ajenas porque, siendo las instituciones más cercanas al ciudadano, se convierten en la primera instancia a la que cualquiera de sus habitantes acude, sin reparar en si su problema es de ámbito administrativo estrictamente municipal, autonómico o de la Administración central. Los vecinos quieren respuestas a sus necesidades básicas y los ayuntamientos las afrontan incluso cuando no les corresponde, así que merecen ser tratados como lo que son, entidades autónomas y con capacidad de actuación. Eso supone contar con recursos que deberían salir como derivada de una financiación autonómica más equitativa.
Pero eso ya sí que supone entrar en el campo de las hipótesis más optimistas en estos tiempos marcados por la incertidumbre. Aunque es la verdadera solución: los apoyos prestados desde la Junta mediante el desarrollo de la Ley Municipal, prometida para esta legislatura, la redistribución del fondo de Cohesión y la financiación extraordinaria comprometida por el Gobierno regional solo podrán completar objetivos si se promueve un nuevo modelo de reparto entre las autonomías.
Mientras tanto, se pierden oportunidades porque falla la base de la vertebración territorial, el punto de apoyo de la palanca para que Extremadura pueda abrir una nueva era de progreso.