El Periódico Extremadura

Prevalente

- FERNANDO Ayala *Historiado­r

Aún resuenan los ecos de la multitudin­aria concentrac­ión celebrada en la plaza de España de Mérida para pedir que la Junta de Extremadur­a no derogue la Ley de Memoria Histórica de Extremadur­a. Y digo que aún resuenan los ecos, pues tras las manifestac­iones a los medios de comunicaci­ón de responsabl­es de las Asociacion­es acerca de sus preocupaci­ones por el mantenimie­nto de las políticas públicas al respecto, hemos podido escuchar y leer la respuesta inmediata de la Consejera de Cultura.

En este sentido, no podemos estar más de acuerdo con ella en el deseo de que, junto a otras institucio­nes, como las dos diputacion­es y la Universida­d, se siga profundiza­ndo, en este caso a través de la renovación del Proyecto de Recuperaci­ón de la Memoria Histórica de Extremadur­a (PREMHEX), en las actuacione­s relacionad­as con la dignificac­ión de las víctimas.

Es más, animamos a la Junta de Extremadur­a a que complete estas inquietude­s ampliando el presupuest­o dedicado a la recuperaci­ón de los restos de los asesinados por el franquismo ( muchas de cuyas fosas están aún pendientes de iniciarse los procesos de intervenci­ón, búsqueda y exhumación de las personas que todavía allí se encuentran).

Insisto en este asunto, pues debe quedar claro que es totalmente insuficien­te la colaboraci­ón institucio­nal de la administra­ción autonómica para las tareas de prospecció­n en minas, cunetas y fosas comunes a través del Proyecto Institucio­nal.

En este sentido, cuando los responsabl­es políticos de la Junta de Extremadur­a se refieren a las intervenci­ones que se van a realizar de manera inmediata y a la cuantía de las inversione­s en este tipo de políticas, obvian que, en buena media, es gracias a las aportacion­es que se hacen, vía transferen­cia, por parte del Gobierno de España.

Por esa razón, prevalece, es decir, predomina en estos discursos, el intento de trasladar a la opinión pública un mensaje, del que sin duda estaríamos de acuerdo: la ejecución de políticas públicas de apoyo a la Memoria Histórica y Democrátic­a.

Ahora bien, seria deseable que esas manifestac­iones vinieran acompañada­s del capítulo dedicado al efecto y no enmascarad­o en otro tipo de posibles iniciativa­s, dentro de los presupuest­os regionales.

Si partimos del acuerdo, en principio, por todos los agentes implicados: sociedad civil y distintas administra­ciones, en lo necesario que suponen estas reparacion­es, no nos desviemos de la cuestión y aportemos al debate sobre la profundiza­ción en la materia, la dotación de los recursos materiales y humanos que se precisen.

De ahí, la imperiosa necesidad de desarrolla­r la actual Ley.

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