El desafío de la integración laboral rural
La Diputación Provincial de Cáceres promueve un recurso con 1,5 millones Apuesta por la ★ inclusión socio-laboral de personas con discapacidad en entornos rurales con contrataciones en 2024
La capacidad económica de las personas con discapacidad se ve afectada por múltiples factores relacionados con el sobrecoste, así como las menores oportunidades de acceso a generación de ingresos. «Además de tener ingresos menores, las personas con discapacidad asumen unos costes extraordinarios en su vida diaria, y este hecho disminuye su calidad de vida», apuntan desde el Observatorio Estatal de la Discapacidad. Integrar en el mercado laboral a personas con discapacidad y con un alto grado de vulnerabilidad social en las zonas rurales es una de las apuestas de la Diputación de Cáceres, con el presupuesto vigente de 2024.
Se trata de las ayudas a ayuntamientos enmarcadas en el Plan Integra VII, programa con el que la Diputación de Cáceres promueve la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad que residen en el entorno rural.
La Vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, ha señalado que la Diputación “continúa impulsando “Diputación Integra” de manera prioritaria, al que se van aportando mejoras, para seguir en la senda de promover una política inclusiva e integradora y fomentar el acceso al empleo para las personas que se encuentran con más di
ficultades en el mercado de trabajo”. Las ayudas otorgadas estarán destinadas a la formalización de contratos a personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. El período de contratación deberá extenderse doce meses, aunque las entidades locales podrán reducir el tiempo del contrato en aquellos casos en que así lo aconsejen las circuns
tancias de las personas a contratar. Los ayuntamientos beneficiarios deberán realizar como mínimo una contratación entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2024.
Las personas beneficiarias de las contrataciones han de ser seleccionadas por las entidades locales siempre según las necesidades y criterios técnicos establecidos por
la persona especialista de la asociación de discapacidad asociada al municipio y a través de Oferta Pública.
La solicitud se realizará de manera telemática a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial y en un plazo máximo de dos meses desde la publicación del extracto de la convocatoria.