Reynders, árbitro de la democracia europea

Los dos grandes partidos que han gobernado España han reconocido su inutilidad

El pasado 31 de enero, el comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), el belga Didier Reynders, tuvo que actuar como mediador entre los dos principales partidos políticos de un país miembro, para tratar de contribuir a la resolución de un asunto enteramente doméstico, como es la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en España.

La cuestión tiene mucha enjundia, no solo porque es la primera vez que algo así ocurre en la UE, sino, sobre todo, porque desvela, mucho mejor que casi todo lo que ocurre dentro de nuestras fronteras, el estadio político en el que se encuentra España.

En primer lugar, por la forma en que se ha llegado a esa reunión, que ha sido a petición propia y conjunta de ambos partidos. Es decir, bajo el reconocimiento implícito, por parte de las dos organizaciones políticas que han gobernado España casi desde la restauración democrática de los setenta, de su inutilidad. Un reconocimiento que va más allá de la opinión pública española, trascendiendo al ámbito internacional donde, como es obvio, se transmite una imagen de profunda debilidad del Estado español.

En segundo lugar, porque ese reconocimiento de incapacidad política ocurre cinco años después de que el CGPJ debiera haberse renovado, lo que conlleva un segundo reconocimiento implícito, y es que ambos partidos podrían haber acudido a la mediación como recurso entonces, y haber ahorrado cinco años de parálisis, pérdida de legitimidad y humillación pública de uno de los tres poderes del Estado. Es decir, que han valido más sus intereses que el interés general.

En tercer lugar, resulta inevitable preguntarse por las razones que han podido motivar a PP y PSOE a ir pateando la pelota hasta ahora. Aunque son obvias, es muy interesante observar cómo, habitualmente, no se enuncian con claridad: se trata de intentar conseguir el mayor control político posible del máximo órgano del Poder Judicial. O, lo que es lo mismo, de intentar abolir en la práctica el Poder Judicial en favor del Legislativo que, por el funcionamiento político español, suele ser un fiel reflejo del Ejecutivo. Dicho de otro modo: que la separación en tres poderes que define las democracias liberales contemporáneas quede en un solo poder, el Ejecutivo, es decir, en una sola persona: el presidente del Gobierno. Esto, desde el punto de vista de la oposición, se puede ver a la inversa, o sea, intentar evitar que eso ocurra y, al tiempo, garantizarse que pueda ocurrir cuando ellos gobiernen. De ahí el bloqueo.

En cuarto lugar, cabe preguntarse cómo es esto posible en un país con una democracia considerada más o menos plena en el ámbito internacional y, aunque joven, aparentemente consolidada. La respuesta es evidente: España no es una democracia en sentido estricto (el gobierno del pueblo), sino una partidocracia (el gobierno de los partidos). El matiz es muy importante, porque si la democracia es separación de poderes (que se pretende abolir mediante el control del CGPJ) y gobierno del pueblo (sustituido por el gobierno de los partidos), ¿qué queda, realmente, de la democracia formal prefigurada en la Constitución de 1978?

EN QUINTO LUGAR,

algún lector se preguntará por los otros partidos. De acuerdo, España puede ser una partidocracia, pero no de dos partidos. Bien, este asunto es también de gran interés, porque PP y PSOE lograron conjuntamente, el pasado 23-J, 15.852.810 votos, el 45% del censo. Menos de la mitad. Las dos personas que se sentaron con Reynders no representaban a la mayoría del país, el 65%. El asunto se puede ver solo en términos de legitimidad democrática, pero también desde el punto de vista del incumplimiento formal del procedimiento de renovación del CGPJ, que en absoluto queda en manos de dos partidos.

En sexto lugar, y para finalizar, si esto parece tan fácil de razonar, ¿cómo es posible que ninguno de los periodistas estrella de los grandes grupos mediáticos ni ningún soldado de sus ejércitos de tertulianos sea capaz de exponerlo? Porque, aunque el periodismo debiera ser un contrapoder crítico, en España hoy esos grandes grupos están alineados con cada uno de los dos grandes partidos.

Pero, entonces, si todo esto es así, ¿qué democracia tenemos? Puede responderse el lector y, después, seguir tranquilamente con sus cosas.

Se trata de intentar conseguir el mayor control político posible del máximo órgano del Poder Judicial