Los fiscales del TS ven indicios de terrorismo en Puigdemont
La junta rechaza el informe de Redondo que proponía instar al juez a ampliar las pesquisas El Gobierno minimiza el fallo de un «órgano consultivo» y remarca que la Fiscalía decidirá
La Junta de Fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo rechazó el informe del fiscal Álvaro Redondo que proponía a la Sala Segunda instar al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón a seguir investigando Tsunami Democràtic, al considerar que los indicios para que el alto tribunal impute al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont estaban demasiado abiertos. En contra de ese criterio se mostraron 12 fiscales, que frente a tres aprecian que en las actuaciones hay indicios suficientes de terrorismo -en la misma línea que lo argumentado por el magistrado de la Audiencia Nacional-, y 11 frente a cuatro, que también lo son para que la Sala Segunda impute a Puigdemont y al diputado del Parlament Ruben Wagensberg, informaron fuentes fiscales.
Ahora el ministerio público deberá redactar un nuevo informe para responder a la Sala Segunda. En lugar de repartir la ponencia a otro fiscal, para que refleje la posición mayoritaria, se ocupará de ella la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, a la que los dos fiscales jefe de Penal, que presidían la junta, Fidel Cadena y Joaquín Sánchez Covisa, han elevado sus discrepancias.
Se ha aplicado el artículo 24 del Estatuto Fiscal que prevé que «los acuerdos de la mayoría tendrán carácter de informe, prevaleciendo después del libre debate el criterio del fiscal jefe». Sin embargo, si esa opinión fuese contraria a la manifestada por la mayoría de los asistentes, «deberá someter ambas a su superior jerárquico». Hasta que lo que realice, «el criterio del fiscal jefe gozará de ejecutividad en los extremos estrictamente necesarios».
La entrada en juego de Sánchez Conde ha dado pie a que desde un sector habitualmente crítico con las decisiones de fiscal general, Álvaro García Ortiz, se haya considerado desde antes incluso de que comenzara la junta «una maniobra» para que el dictamen que se remita a la Sala Segunda opte por la unidad de criterio fiscal y niegue el terrorismo, como ha defendido el fiscal adscrito al caso en la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo.
Durante la junta, Cadena coincidió con la inmensa mayoría de fiscales en rechazar la propuesta realizada por Redondo, que en un primer borrador era partidario de que la Sala Segunda del Supremo investigara a Puigdemont por terrorismo, pero finalmente apostó por informar al alto tribunal en el sentido de instar a García Castellón a seguir instruyendo al ver demasiado abiertos todavía los indicios que presenta contra él y contra el diputado del Parlament Ruben Wagensberg. A la posición minoritaria defendida por Redondo y Sánchez Covisa se sumó Manuel Martínez, que según las fuentes consultadas, no apreciaba terrorismo por razones técnicas, pero sí organización criminal, lo que sus compañeros no apreciaron.
A la reunión asistieron 15 fiscales de lo Penal del alto tribunal. Además del propio Cadena también participaron otros dos de los representantes del ministerio público en el juicio del procés: Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza. Alguno de los fiscales, como Manuel Dolz, intervino de forma telemática, aunque la mayoría acudió a la sede de la Fiscalía General, como el propio Redondo, que acabó asumiendo el criterio mayoritario sin plantear objeción alguna, tras reconocer que él no es especialista en terrorismo.
/ RESPUESTA DEL EJECUTIVO Por su parte, el Gobierno daba por descontada la decisión mayoritaria de la Junta de Fiscales. «Ninguna sorpresa», trasladaron fuentes de Moncloa, al mismo tiempo que minimizaron el valor de este posicionamiento porque se trata, dicen, de «un órgano consultivo». Pedro Sánchez insistió en público en negar la existencia de terrorismo durante el procés. Las mismas fuentes de Moncloa advierten que «la decisión final es de Fiscalía», dando a entender que el criterio avalado por 12 fiscales frente a tres podrá ser corregido. Concretamente, dependerá de la número dos de la Fiscalía General del Estado, Ángeles Sánchez Conde, quien será la encargada de redactar un nuevo dictamen fiscal para contestar al requerimiento de la Sala Segunda sobre la exposición razonada elevada por García Castellón.