La retirada del carnet en un país será efectiva en toda la UE
La norma forma parte del plan de seguridad vial de marzo de 2023
El pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer la directiva europea que permitirá que las sanciones de tráfico que impliquen la retirada del carnet de conducir sean efectivas en toda la Unión Europea
(UE). El objetivo de la norma, que forma parte del paquete de seguridad vial propuesto en marzo de 2023 por la Comisión Europea y avanza hacia el objetivo de cero muertes en accidente de tráfico para 2050, es terminar con la impunidad al volante y evitar que los conductores peligrosos residentes en la UE pero no en el país donde han cometido la infracción escapen al castigo cuando cometen un delito. «Estoy convencido de que está directiva no solo ayudará a reducir los accidentes, sino que también servirá para aumentar la concienciación de los ciudadanos sobre la conducción responsable y la importancia de respetar las reglas y aceptar las consecuencias de infringirlas, con independencia del lugar de residencia», celebró el ponente del informe, Petar Vitanov.
El pleno respaldó en primera lectura el documento con 372 votos a favor, 220 en contra y 43 abstenciones. Dado que los Estados miembros no han definido todavía su posición, será el próximo Parlamento Europeo, elegido en junio, quien tendrá que culminar la tramitación de la normativa.
Actualmente, si un conductor pierde su permiso por haber cometido una infracción de tráfico en un país de la UE distinto del que le expidió el permiso, en la mayoría de los casos la sanción sólo será aplicable en el país donde se cometió la infracción, pero no en el resto de Estados miembros. Este vacío legal, según Bruselas, ha puesto, por ejemplo, que en 2019 el 40% de las infracciones de tráfico transfronterizas quedaran impunes, bien porque las autoridades no consiguieron identificar al infractor o bien porque no llegaron a ejecutar el pacto.
Los eurodiputados plantean añadir la conducción sin carnet a la lista de infracciones de tráfico consideradas graves y que desencadenarían el intercambio de información sobre la privación del derecho de conducir, algo que ya ocurre con la conducción bajo los efectos del alcohol o los accidentes de tráfico con víctimas mortales. A juicio de los eurodiputados también debe ser considerado grave, conducir 50 kilómetros por hora por encima del límite de velocidad y 30 kilómetros por hora por encima del límite en el caso de las zonas residenciales.