La reforma profunda que necesita el campo solo es posible con la participación de los agricultores

El malestar larvado durante los últimos años en el campo ha estallado con crudeza en la semana que acaba. El sector tiene motivos más que justificados para el hartazgo. Agricultores y ganaderos venían avisando de su asfixia tras la “gran recesión” de 2008, la pandemia, la sequía derivada del cambio climático, así como la espiral inflacionista en las materias primas y los combustibles. Los precios en origen no cubren tanto gasto multiplicado y el cierre de explotaciones se extiende, al tiempo que el relevo generacional se encuentra seriamente amenazado. Los jóvenes no quieren ser agricultores por esta ristra de problemas, pero también porque la profesión no goza del prestigio social que corresponde a una labor fundamental: garantizar la alimentación y la conservación del medio ambiente.

La presencia de agricultores y ganaderos asegura la pervivencia del mundo rural, y este, a su vez, debe contribuir a preservar el medio natural frente a incendios o plagas debido al abandono de suelo cultivable a medida que avanza la despoblación en las comarcas más envejecidas de Extremadura. La actividad agroganadera ha de ser parte de la solución a la crisis climática y no parte del problema. La agricultura tiene que ser sostenible para ayudar, con el resto de medidas, a revertir un proceso ya evidenciado y que solo los más recalcitrantes niegan. Y para ser parte de la solución debe estar presente en la elaboración de las propuestas que se realicen desde las instancias más altas, comenzando por la propia Unión Europea. Los agricultores se quejan, con razón, de leyes y normas dictadas desde despachos urbanos, alejados de la realidad; no es nada nuevo. Sí lo es que las protestas incendien toda Europa a escasos meses de la convocatoria de las elecciones europeas.

La ausencia de los protagonistas en la mesa de negociación puede dar lugar a propuestas cuestionables, pero no cabe utilizar las reclamaciones legítimas de los agricultores como arma partidista en el contexto preelectoral, a la espera de un rédito ilusorio. Determinadas medidas contenidas en la nueva Política Agraria Común (PAC) o la tan nombrada Agenda 2030 pueden, y deben, ser moduladas para facilitar su cumplimiento, nunca para frenar una estrategia fundamental para garantizar una producción sostenible, que mejore la calidad de vida y la salud alimentaria de todos. Pero cualquier norma será inútil si el coste de las medidas resulta inasumible para quienes deben aplicarla, puesto que el margen de beneficio en origen mengua y los gastos de producción crecen de manera exponencial.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ofrecía esta semana un gesto, necesario, al retirar la directiva de prohibición de ciertos pesticidas y medidas medioambientales, que no se consensuó con los profesionales del campo. Las exigencias, además de aumentar los costes, suponían tener que afrontar toda una competencia desleal por parte de terceros países en los que las legislaciones en esta materia son más laxas. Frutas y verduras de otras procedencias, sin las mismas garantías fitosanitarias, se importarían y se pondrían a la venta al público con ventaja en el precio para unos consumidores que vienen sufriendo la inflación que afecta a los alimentos básicos y mina sus bolsillos. Solo una aplicación eficiente y ejemplar de la Ley de Cadena Alimentaria por parte del Gobierno español puede garantizar que las importaciones cumplan con las exigencias sanitarias y, por otro lado, impedir prácticas que desesperan al sector, como la venta a pérdidas. La práctica de esta última sigue produciéndose ante la falta de una inspección más rigurosa.

Igualmente, urge agilizar la burocracia que rodea cualquier trámite relacionado con la PAC, así como garantizar su correcto reparto para que no queden al margen de los recursos las explotaciones de menor tamaño. Actualmente, el 20% de los beneficiarios de la PAC acaparan el 80% de las ayudas directas. Para lograrlo, es necesario el concurso de todas las administraciones implicadas, tanto a nivel nacional como desde las Comunidades Autónomas, que tienen a su cargo la gestión de los recursos llegados de los fondos europeos.

Las movilizaciones, aparentemente “espontáneas”, comenzaron el martes y desde entonces se han sucedido los incidentes: cortes de las principales autovías y carreteras que ocasionan grandes trastornos a los ciudadanos que, desde la pandemia, ven con simpatía la justa protesta de quienes garantizan el abastecimiento de nuestras despensas. Pero los transportistas ya avisan de las pérdidas y el continuo bloqueo al ciudadano particular que pretende llegar a su puesto de trabajo o acudir al médico, puede acabar generando el efecto contrario entre la opinión pública.

Pocos sectores han sufrido tantas reconversiones como el campo, de forma silenciosa y sin compensaciones. Las reformas de calado son la única fórmula para garantizar la continuidad de un sector que, solo en Extremadura, da empleo al 14% de la población activa y es el tercero en peso de la economía de la región, a la que aporta el 7% del PIB, cuando el nacional no alcanza el 3%. Pero esas reformas deben tener en cuenta a los productores, no realizarse exclusivamente desde los despachos y, menos aún, por oportunistas más interesados en provocar el caos que en buscar equilibrio necesario para construir la agricultura del futuro.

La actividad agroganadera ha de ser parte de la solución a la crisis climática y no parte del problema. La agricultura tiene que ser sostenible