Planes de acoso, igualdad o denuncias, la batería de nuevas normas que abruma a las pymes cacereñas

▶ Las exigencias deben cumplirse con fondos propios, sin ayuda en los trámites El pequeño tamaño del tejido provincial complica la gestión de estas novedades

Registro Retributivo Anual, regulación del trabajo a distancia, Desconexión Digital del Trabajador, Plan de Igualdad de Género, Plan de Igualdad LGTBI, Plan de Acoso Laboral, cambios en las cotizaciones de los autónomos... Tanto 2023 como 2024 suponen un antes y un después respecto a las novedades legislativas relacionadas con las empresas. Hay muchos deberes que hacer. Algunas normas se aplican en principio a las de mayor tamaño pero resulta evidente que tarde o temprano llegarán al resto. Otras ya se exigen a las pymes. En Cáceres, una provincia con un tejido dominado de forma abrumadora por micropymes (9 de cada 10 empresas extremeñas tienen cuatro empleados o menos, y de ellas, 6 de cada 10 ni siquiera tienen uno), la adopción de semejante batería de normas cuesta, y ello por varios motivos.

«Nosotros, con carácter general, estamos muy de acuerdo con las medidas que pueden mejorar el bienestar y la situación del trabajador, y por tanto, teóricamente, también la productividad, y eso al final beneficia a todos. ¿Cómo no vamos a posicionarnos absolutamente de acuerdo con un plan de promoción de la igualdad? Ahora bien, nunca existe una contraprestación a todas estas obligaciones, que la empresa debe asumir por completo con su dinero y con sus horas de trabajo, porque el Plan de Igualdad vale dinero, lo mismo que el Canal de Denuncias», explica Raúl Iglesias, secretario general de la Cámara de Cáceres. «A la empresa siempre le toca asumir las medidas sin ningún tipo de ayuda, ni siquiera en los trámites», recuerda.

Desde la Federación Empresarial Cacereña (FEC) coinciden en los argumentos: «Por lo general, ser empresario en este país se ha convertido en una aventura: con tantas cuestiones administrativas, cada vez le queda menos tiempo para dedicarse profesionalmente al negocio, para ganar el dinero que exigen todos estos trámites», lamenta Pedro Rosado, secretario general. «El empresario ya hace mil tareas --sostiene--, es un recaudador de impuestos, de IVA e IRPF, es recaudador de las cuotas de la Seguridad Social, es recaudador de los embargos de sus empleados (deudas, multas, pensiones de manutención de los hijos)…». Además, insiste Rosado, «la empresa también actúa como un sistema de protección social», al aportar el 40% de la baja de un empleado por enfermedad común o accidente fuera del trabajo, «ni siquiera profesional», y además sigue cotizando por él. En definitiva, «ya no puede absorber más responsabilidades».

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SIN NADA A CAMBIO Y luego, paradójicamente, «sube el Salario Mínimo Interprofesional, sube la cotización a la Seguridad Social y sube el IRPF sin contar con las empresas, que además han visto encarecerse sus costes de producción». Y ello, apostilla el secretario general de la Cámara de Cáceres, «sin ningún tipo de bonificación..., nada».

Misma opinión que ofrecen desde la Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres (COEPCA). «Vemos bien este tipo de medidas que favorecen el bienestar del trabajador, pero no podemos olvidar que una empresa tiene que seguir creciendo para poder hacer frente a salarios, materias primas, y también para financiar dichos trámites. Si podemos abonarlos, estupendo, somos los primeros dispuestos a desarrollar estas normativas, pero habría que cuestionarse si ahora mismo un negocio puede afrontar todos esos gastos», comenta Diego Hernández, vicepresidente del colectivo, que aglutina más de una docena de agrupaciones sectoriales.

«Nosotros somos muy sensibles a los avances sociales en todos los sentidos, nadie se va a oponer a ello», argumenta Hernández, «pero echamos de menos que se apliquen también políticas de crecimiento empresarial, que haya un camino a la inversa, que se fomente el empuje al tejido productivo, que al fin y al cabo es el que debe sostener la implantación de esas medidas».

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SIN CAPACIDAD PARA EXTRAS Algunas de estas normas han comenzado por aplicarse a los negocios de mayor tamaño para ir desescalando en el futuro. Otras son de aplicación general. «Lamentablemente, en la provincia cacereña no tenemos grandes empresas, salvo excepciones. La mayoría son pequeños negocios, micropymes y autónomos que se esfuerzan muchísimo para mantenerse cada día en el mercado, sin capacidad para asumir tal cantidad extra de trabajo y de costes, llegado el momento», precisa Diego Hernández.

De hecho, desde la Cámara de Cáceres llevan tiempo demandando un régimen diferenciado para Extremadura, «tanto en materia fiscal como para este tipo de cuestiones», que permita paliar las diferencias acumuladas por la carencia crónica de infraestructuras y de ayudas, que sí recibieron otras comunidades. «Ahora, al aplicar estas leyes, se hace tábula rasa, cuando la idiosincrasia de nuestro tejido empresarial no tiene que ver nada con la de otras regiones. No parece lógico que debamos asumir las mismas medidas, hay costes que no se pueden cubrir», plantea Raúl Iglesias.

En la FEC conocen con detalle lo que suponen todas estas exigencias, porque precisamente es la representación patronal que negocia los convenios colectivos de la provincia, y además ofrece servicios directos a los negocios para facilitarles el cumplimiento de las nuevas normas. Por ejemplo el Plan de Igualdad, obligatorio desde el año pasado para empresas de más de 50 empleados. «Hicimos una campaña y las empresas asociadas lo tienen al día. Su elaboración exige un estudio de las estructuras laborales de cada firma, la creación de un comité de igualdad, una comisión de seguimiento, un registro en oficina pública...», detalla Pedro Rosado.

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EL `TETRIS' DE LOS TRÁMITES La Cámara puede hablar por experiencia propia. No llega a los 50 trabajadores, pero la autoridad laboral ya recomienda tener un Plan de Igualdad (muy aconsejable por ejemplo si se quiere concurrir a una licitación pública). «Somos en realidad una empresa pequeña, con una treintena de empleados, que hemos tenido que abonar a una consultora más de 2.000 € y dedicar a un trabajador a recabar todos los datos necesarios», explica Raúl Iglesias.

Tras un año de trabajo, la Cámara lo ha registrado, ha subsanado varias observaciones de la Inspección y ya tiene un Plan de Igualdad de un centenar de folios. «Ahora hay que poner en marcha diversas acciones y revisarlo cada año, lo que supondrá unos 300 euros. ¿Cómo pueden las empresas destinar este dinero, tiempo y personal? ¿Por qué las administraciones no financian una parte, o facilitan recursos públicos, o ponen una oficina donde hacerlo?», inquiere Raúl Iglesias.

La ley también contempla la eliminación de toda forma de discriminación en las empresas, incorporando un Plan de Igualdad LGTBI antes de marzo. «En realidad forma parte del Plan de Igualdad, porque la ley dice que los convenios colectivos incluirán cláusulas de eliminación y corrección de toda forma de discriminación de las personas LGTBI. Ya lo estamos haciendo en los convenios que nosotros firmamos»,

Las empresas critican que no haya ayudas ni se facilite la gestión de las medidas

Seis de cada diez negocios ni siquiera cuentan con una persona empleada

subraya Pedro Rosado. Respecto al distintivo que tendrán los negocios que promuevan políticas de igualdad relacionadas con este colectivo, desde la FEC explican que todavía no se ha desarrollado.

Importante también es el Plan de Acoso Laboral en todas las empresas, independientemente de su tamaño. La FEC ofrece modelos de protocolos colgados en su página web, tanto para los negocios con

Plan de Igualdad (ya tienen varias medidas desarrolladas), como para los que carecen del mismo.

Otra novedad, el Canal de Denuncias, llega para quedarse. En principio es de aplicación en grandes empresas, pero en marzo se ampliará a todas. Volvemos al mismo caso: los negocios tienen que contratar a una entidad independiente que recoja las quejas que puedan recibir. Esa entidad las investigará y

decidirá si hay que denunciar o archivar, según el caso. Un servicio que otra vez debe pagar el empresariado de su bolsillo (la FEC ya lo ofrece a sus socios). «Las empresas deben tenerlo incorporado a su propia