«Me vacuné de covid para poder seguir ayudando a los ancianos a mi cargo»
La exgerente del Sepad niega que alterara o ejerciera presión para figurar en el listado de vacunación
La fiscalía sostiene que se valió de su cargo, pese a saber que estaba fuera de los colectivos prioritarios
«Siempre actué en beneficio de los ancianos, por encima de mi propia vida, y me vacuné para no ser un vector de contagio y para poder seguir ayudando a la población que estaba a mi cargo». Es lo que defendió ante el tribunal la exgerente en Badajoz del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), Montserrat Rincón, que ayer se sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial acusada de haberse inoculado contra la covid antes de que le correspondiera, aprovechando su puesto en este ente público.
El juicio por estos presuntos hechos, ocurridos el 4 enero de 2021, en plena pandemia del coronavirusen la residencia de mayores La Granadilla de Badajoz, quedó visto para sentencia. La fiscalía mantiene para ella la petición de una pena de 3 años y medio de cárcel y una multa de 15 meses a razón de 10 euros diarios (4.500 euros) por un presunto delito de falsedad en documento oficial cometido por autoridad.
No obstante, en sus conclusiones finales, el ministerio público introdujo como alternativa una condena de 2 años y medio y una multa de 5 meses con una cuota de 10 euros al día (1.500 euros) por un delito de uso de documento oficial con la agravante de abuso de cargo público, que también aplica al delito leve de estafa que le imputa, por el que pide que se le imponga otra multa de 3 meses con cuota diaria de 10 euros (900 euros).
Por su parte, la defensa de Rincón, que ejerce el abogado Rafael Gil Fernández, solicitó su absolución al considerar que la conducta de su clienta está «libre» de cualquier delito de falsificación de documento oficial y estafa.
Durante su declaración, la exgerente del Sepad, que presentó su dimisión 7 días después de vacunarse, aseguró que ni se autoincluyó ni presionó a nadie para figurar en el listado de vacunación junto a los trabajadores y residentes de La Granadilla, sino que fue el médico de Salud Pública que se encargaba de coordinar los centros asistenciales del área de Badajoz quien le dijo que tenía que hacerlo, «porque era un vector de contagio, pues él sabía que yo estaba en primera línea y estaba poniendo en peligro a los residentes», señaló.
Rincón explicó que acudió a la residencia de La Granadilla en calidad de gerente para recepcionar las vacunas y firmar los albaranes y también con la intención de vacunarse, pues su nombre aparecía en la lista, por lo que entendió que, aunque no figuraba en la relación que había enviado el centro de mayores a Salud Pública, «alguien» la había incluido por ser «personal esencial y estar en primera línea».
La exgerente, que afirmó que su cargo era «de responsabilidad, pero no político», reconoció que antes de inocularse llamó por teléfono a la directora de Salud Pública en Badajoz para comprobar si se podía vacunar y aseguró que en ningún momento esta le dijo que no lo hiciera, ni que esperara a que lo consultara con su superiora directa.
La primera, sin embargo, declaró ayer que sí le solicitó que aguardase hasta que recibiera el visto bueno, pero que cuando logró volver a contactar con Rincón para decirle que no tenía autorización para vacunarse, ya se había inoculado.
La exgerente del Sepad, que solo contestó a las preguntas de su abogado y del tribunal, no a las de la fiscalía, defendió que nadie se quedó sin su dosis de la vacuna
porque ella se la pusiera y que no obtuvo ningún beneficio económico y «mucho menos social» .
/ «DOCUMENTO MENDAZ» Sin embargo, el ministerio público sostiene que Rincón se valió de su cargo para vacunarse sin esperar a su turno y siendo «consciente» de que la estrategia de vacunación en esa fecha no la incluía entre los colectivos prioritarios. Además, considera que realizó gestiones previas junto al médico de Salud Pública para aparecer en ese listado, que «se alteró» para que figurara su nombre al final (sin el cargo, a diferencia del resto), pese a que el primero no tenía ningún cargo que le diera potestad para autorizar su vacunación y que lo que hizo, como reconoció él mismo en el juicio, fue darle una opinión «personal». «Legalmente, no tenía derecho a vacunarse y para hacerlo utilizó un documento mendaz», argumentó el fiscal.
En su declaración, el médico dijo no recordar si fue él quien incluyó a Rincón en la lista. La circunstancia de que no se haya podido determinar durante la vista quién puso el nombre de la exgerente del Sepad en la relación de personas a vacunar en La Granadilla es el motivo por el que el fiscal introdujo como alternativa el delito de uso de documento falso, que rebaja un grado la pena con respecto al de las falsificaciones materiales.
Para la fiscalía, la acusada «se antepuso a las tantas personas por las que tenía que velar», pues conocía el protocolo. En este sentido,
cree que el hecho de que llamara antes a Salud Pública para saber si se podía vacunar demuestra que era sabedora de la «alta probabilidad de que lo que estuviera haciendo fuese ilegal». Sin embargo, según el ministerio público, «deliberadamente» no esperó una respuesta y decidió «confundirse con los trabajadores y residentes» para inocularse una vacuna, cuyo precio se estima en unos 400 euros, motivo por el que se le imputa el delito leve de estafa.
El ministerio público presentó como prueba una entrevista que concedió Montserrat Rincón a este diario tras su dimisión que, según el fiscal, contiene «indicios de confesión», pues en ella reconoce que «ha metido la pata» y justifica que había asumido el papel de interlocutora en la residencia de La Granadilla por estar de baja su director, cuando, según la fiscalía, este último estaba al tanto de todo lo que ocurría, pese a su convalecencia, y además había otros dos responsables en el centro que lo sustituían en sus funciones. «Rincón se aprovecha de esa coyuntura para servirse esa dosis que correspondía al director», señaló.
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«A DIARIO EN LAS RESIDENCIAS ¿Si se vacunaban los directores de los centros asistenciales, cómo no se iba a vacunar una persona que entra y sale de todos los centros asistenciales de la provincia? Es la pregunta retórica que lanzó la defensa, quien recalcó que durante esa etapa de la pandemia la acusada visitaba a diario las distintas residencias y estuvo en «todos los centros covid».
El abogado de Rincón defendió que como gerente del Sepad, Rincón no tenía «ningún vínculo» con la elaboración de los listados de vacunación y que si se vacunó el 4 de enero en La Granadilla, fue porque aparecía en la lista de Salud Pública -la «única oficial»y el médico le dijo que tenía que hacerlo.
«Se vacunó para proteger a los ancianos tutelados que estaban bajo sus funciones», insistió Rafael Gil Hernández, quien alegó que «nadie se vio perjudicado por esa vacunación» y afirmó que no entiende que la fiscalía hable de la existencia de un beneficio económico y social, cuando su patrocinada tuvo que dimitir «por la presión mediática».
La defensa aseguró que la interpretación «literal» que hace el ministerio público de la estrategia establecida por Salud Pública en esa fecha es «irrelevante», pues la vacunación de Rincón fue «ética, moral y legalmente exigible» con respecto a ese protocolo.
«Es fácil acusar a quienes en los peores momentos pandémicos de nuestra comunidad autónoma asumieron sus responsabilidades. Cuando la situación era insostenible, Montserrat Rincón tomó decisiones que, no solo no perjudicaron a nadie, sino que incluso protegieron la salud de los más vulnerables y condenar su actuación sería tanto como castigar a quienes en momentos de zozobra nacional supieron dar un paso al frente anteponiendo la salud general y pública a la singular y privada», señaló Rafael Gil para solicitar la absolución de su cliente.
«Condenarla sería tanto como castigar a quienes dieron un paso al frente anteponiendo la salud general a la particular»,
«Que llamara a Salud Pública demuestra que era sabedora de la alta probabilidad de que lo que hacía era ilegal»