El juzgado acepta un segundo recurso de la empresa por la reforma de la muralla
El primero fue por la ▶ negativa de la entidad local a resolver el contrato
El juzgado de lo Contencioso Administrativo ha admitido a trámite un segundo recurso presentado por Cabero Edificaciones, empresa a la que el ayuntamiento adjudicó en agosto de 2022 la segunda fase de la reforma de la muralla, en el tramo entre las torres Redonda y Aver. Este segundo recurso se interpone por la negativa del ayuntamiento a abonar los costes indirectos demandados por la empresa como consecuencia de la paralización de las obras desde enero de 2023. El gobierno municipal acordó en la junta local celebrada el día 16 personase en el procedimiento.
Este recurso se suma al primero que aceptó el juzgado de lo Contencioso. La reclamación en este primer caso se basó en la negativa del ayuntamiento a aceptar la resolución del contrato en las condiciones planteadas por la empresa. En la decisión de la entidad municipal objeto de la impugnación no se aceptó ninguna de las alegaciones de la adjudicataria, que reclamaba el pago y emisión de certificaciones de obra y denunciaba la falta de un arqueólogo para el seguimiento de los trabajos y la ausencia de todas las autorizaciones (del órgano competente en materia de protección de aves, de titulares de bienes inmuebles afectados por las obras...). Lo que hizo entonces el ayuntamiento fue, en un acuerdo del pasado 3 de noviembre, instar a la empresa a que reiniciase la ejecución de los trabajos de reforma de la muralla.
El pasado mes de noviembre, cuando se conoció que el juzgado había admitido a trámite el primero de los recursos, desde la empresa se indicó que dos de las razones por las que acudían a la vía judicial eran que habían pasado más de ocho meses desde la paralización de las obras y que no se habían certificado ni pagado por el ayuntamiento trabajos que la empresa ejecutó. Cabero recordó que la legislación de contratos establece como causa de resolución que se mantenga la paralización de las labores durante más de ocho meses y que hayan transcurrido más de seis meses sin certificar ni abonar obra ejecutada. Desde el gobierno local se recordó entonces que el ayuntamiento, con los informes técnicos y jurídicos que se redactaron, desestimó los argumentos dados por la adjudicataria, en uno de ellos ya se aludía a las certificaciones y a su pago, y que la conclusión fue «que no había motivos para que la empresa no retomase la obra».
Esto es lo mismo que el alcalde hizo el viernes, en una nueva resolución, en la que se insiste en que se fije una fecha y hora para reanudar los trabajos, aunque se añade que en el caso de no reiniciarse se abrirá el expediente para rescindir el contrato, pero los argumentos del ayuntamiento y de la empresa difieren, lo que, si no hay acuerdo, puede dar lugar a un tercer proceso judicial.