El SES sigue sin practicar abortos: en el primer año de la ley derivó a 1.171 mujeres

La norma obliga a los hospitales públicos a prestar este servicio, pero los de la región continúan siendo objetores «No tienen interés en solucionar el tema, como todo lo que afecta a las mujeres», reprocha Adhex

Extremadura sigue sin aplicar la ley del aborto. Un año después de su entrada en vigor, el 3 de marzo del año pasado, el Servicio Extremeño de Salud (SES) continúa derivando a las mujeres a clínicas privadas para las interrupciones de embarazo porque todos los hospitales públicos de la región son objetores de conciencia. En ninguno se presta este servicio, a pesar de que desde hace un año están obligados por esta nueva norma. La ley regula el derecho a la objeción de conciencia, pero también el de la mujer a ser atendida en un centro sanitario del sistema público de salud, por lo que las administraciones deben organizar sus plantillas de tal forma que siempre haya un médico especialista que pueda atender este tipo de circunstancias.

Sin embargo, de momento en Extremadura no se ha hecho nada. Según los datos aportados por la Consejería de Salud y Servicios Sociales, en el año que la ley lleva en vigor se ha derivado a clínicas privadas a 1.171 mujeres (945 entre marzo y diciembre del año pasado y 226 en lo que va de 2024). Y en todo 2023 fueron 1.140 las extremeñas a las que obligaron a acudir a servicios sanitarios privados para interrumpir sus embarazos. Son derivadas a Badajoz, a la clínica Guadiana, la única que presta estos servicios en la región, o a Salamanca o a Sevilla.

El SES tampoco ha concluido la elaboración del registro de objetores de conciencia, que tiene como finalidad precisamente conocer cuántos facultativos estarían dispuestos a prestar este servicio para poder organizar los hospitales. Y tampoco hay una previsión de cuándo podría estar listo. Sí se espera, no obstante, que sean muchos los que se nieguen, a juzgar por el número de peticiones ya recibidas.

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VULNERA DERECHOS El Tribunal Constitucional (TC) ya sentenció que esta práctica de derivaciones a la sanidad privada vulnera los derechos fundamentales de la mujer. Lo hizo en un fallo que emitió en julio del año pasado en el que cuestionaba además que esto se justifique bajo el argumento de que no existen médicos disponibles para realizar interrupciones de embarazo porque son objetores de conciencia, como ocurre en Extremadura. La sentencia procedía de una denuncia presentada por una murciana, a la que su comunidad autónoma envió a una clínica de Madrid porque en su región tampoco hay médicos para practicar abortos.

Desde la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex) critican que se siga sin cumplir la ley: «Hay que garantizar la objeción de conciencia, pero también los derechos sociales y reproductivos de la mujer», denuncia su presidenta, Flor Fondón.

Apunta además a que esta situación supone «una clara desventaja» para las mujeres extremeñas en comparación con el resto de las comunidades autónomas: «Es un derecho reconocido por ley y la sanidad pública tiene que garantizarlo. Ya no caben más debates, el debate ya se hizo, la ley se aprobó y se tiene que asumir», advierte.

Fondón pone el foco además en las complicaciones que puedan surgir durante las intervenciones: «Si hay riesgos lo suyo es que las mujeres sean atendidas en el SES, en un hospital con todas las garantías para dar una respuesta rápida. Tiene que prestarse por seguridad, por igualdad y para garantizar los derechos», subraya la presidenta de Adhex, que reprocha además que la Junta de Extremadura que «no tiene interés en solucionar el tema, como todo lo que afecta a las mujeres, seguimos siendo ciudadanas de segunda».