Reclaman financiación para atender a los migrantes procedentes de Canarias
El consejero de Presidencia recuerda que las competencias son del Gobierno central El centro de acogida de Mérida alberga 740 personas, pero con capacidad para 800
La Junta y el Gobierno de España refuerzan su colaboración en la acogida de migrantes. Así lo decidieron en una reunión celebrada ayer en Mérida y en la que participaron el delegado del Gobierno, José Luis Quintaba, los consejeros de Presidencia y Salud Abel Bautista y Sara García, respectivamente, y el alcalde de la ciudad Antonio Rodríguez Osuna. El objetivo de estas administraciones se centra en fortalecer la coordinación y los cauces de información para la acogida de migrantes procedentes de Canarias.
En este sentido, Quintana subrayó la importancia de incrementar la información entre las distintas administraciones y la coordinación. Por ello, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social afirmó que la Junta solicitó «información constante, coordinación y financiación para trabajar de forma adecuada en este ámbito» porque la competencia depende del Gobierno central y no del autonómico. Además, insistió que «es precisa una financiación que en estos momentos no existe. La cuantía debe abordarse en conferencia sectorial. Es una petición que también
Las administraciones se coordinan para fortalecer la colaboración en la acogida
expresa el resto de comunidades autónomas, pues todas las administraciones deben ir de la mano cuando el sistema llega al 100 por 100 y deben prestarse servicios y añadirse recursos de emergencia, reivindicación siempre desde el diálogo sereno y la calma».
Actualmente, el centro de acogida de inmigrantes de Mérida alberga 740 personas, en un espacio que tiene una capacidad de 800 plazas.
El delegado del Gobierno remarcó que la solidaridad no es una cuestión opcional cuando se trata de la protección y tutela de menores migrantes. «Es un problema de Europa. La entrada de los migrantes en Europa ahora es principalmente por Canarias, por lo tanto, es un problema de Europa, y es un problema de España. Lógicamente, España es un país solidario y en eso tenemos que seguir trabajando. Tenemos que ser solidarios con estas personas y trabajar para perseguir las mafias que, de alguna forma, engañándoles, les hacen montar en una patera con el peligro hacia su persona».
En cuanto a las críticas de la Plataforma de Personas Migrantes en Extremadura sobre la existencia de menores que no son considerados como tal, el delegado del Gobierno afirmó que «es la Fiscalía quien debe determinar si son menores, pues han entrado en España como mayores, y para ello se realizan determinados protocolos», según recoge la agencia Efe.