La empresa de la `trama Koldo' intentó vender 700.000 mascarillas a la Junta
Envió una factura por 1,7 millones al anterior Ejecutivo regional, que no aceptó la oferta «Nosotros solo compramos a las que no pedían anticipo», sostiene Vergeles
La empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, epicentro de la investigación sobre el caso Koldo, por el presunto cobro de comisiones irregulares a través de la concesión de contratos de suministro de mascarillas en el peor momento de la pandemia de coronavirus, habría intentado vender 700.000 cubrebocas a la Junta de Extremadura por 1,7 millones de euros, pero esta compraventa no llegó a materializarse.
Según la información a la que ha tenido acceso el diario Abc, el 28 de abril de 2020, Íñigo Rotaetxe, uno de los titulares de la mercantil, envió un correo electrónico a un funcionario del anterior Gobierno regional socialista de Guillermo Fernández Vara en el que adjuntaba un archivo con la calidad de las mascarillas que ofrecían, asegurando que la norma china era «igual o superior a la europea». En concreto, pone a disposición mascarillas KN95, FFP2 y N95.
El 30 de abril del 2020, Rotaetxe envía a la Junta una factura proforma para la venta de 700.000 unidades de mascarillas KN95, en la que garantizaba un plazo de entrega de 15 días. Del total, 1.750.000 eu
ros, la mitad debía pagarse por anticipado como formalización del contrato y la otra mitad tenía que abonarse una vez recibido el material. La oferta solo era válida «durante 24 horas» y caducó, aunque «no consta ningún correo de respuesta a Rotaetxe para constatar el rechazo a su producto», indica ABC.
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JOSÉ MARÍA VERGELES «Hubo muchas empresas en esa época que se ofrecieron. Nosotros solo compramos a las que no pedían anticipo y sus productos estaban certificados. Y esta empresa no cumplía ningún requisito, así que nada se les compró», indicó ayer a este diario el exconsejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles.
En este sentido, fuentes del PSOE regional señalaron que «es cierto que se produjeron contactos por parte de las empresas con la Junta de Extremadura, pero como hicieron otras muchas empresas en el contexto de la pandemia». «La Junta de Extremadura siempre siguió las indicaciones del Consejo Interterritorial de Salud y, en ningún caso, la Administración regional contrató material con empresas que reclamaban un pago por adelantado», apostillaron.
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NUNCA SE PAGARON La Junta de Extremadura, por su parte, ha confirmado que nunca se llegaron a pagar los 1,7 millones, pero desde hace días se han puesto en marcha medidas de comprobación y verificación de facturas y estocajes, por si se hubieran producido otros pagos a través de otras firmas suministradoras de mascarillas durante la pandemia. La actuación se intensifica «a medida que se van conociendo más nombres de las empresas implicadas», que ya suman 29, indicaron fuentes del Gobierno regional. Las mismas fuentes estiman que tendrán datos concretos a partir de la próxima semana. Están en el punto de mira documentos y reuniones que puedan demostrar «no tanto que la trama del `caso Koldo' haya actuado directamente en Extremadura, como que la región pueda haber sido una pieza del tablero que sirvió a la trama para enriquecerse».
El Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es el juez Ismael Moreno Chamarro, es el órgano jurisdiccional que está encargado de instruir las presuntas comisiones en la adjudicación de mascarillas cobradas por Koldo García, exasesor personal del exministro de Transportes José Luis Ábalos. El magistrado acordó la puesta en libertad provisional, prohibición de salir de España y retirada del pasaporte para García y para el presidente del Zamora FC, Víctor Aldama.
En concreto, a los detenidos se les achaca los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y delito de tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública. Durante el operativo llevado a cabo por la Guardia Civil se arrestaron a una veintena de personas, al tiempo que se practicaron 26 registros y requerimientos. Además, la operación se produjo en diversas provincias de España, como Alicante, donde fue detenido García.
El Gobierno cree que la comunidad pudo ser «una pieza del tablero con el que se enriquecieron»