El Gobierno reactiva la ley de trata y amplía la protección a maltratadas
Interior cambia el sistema Viogén para restringir la posibilidad de que un caso quede inactivo El anteproyecto prevé la protección de las víctimas sin que sea necesario poner denuncia
El Gobierno celebró ayer, 8M, Día Internacional de la Mujer, un Consejo de Ministros extraordinario en el que aprobó varias medidas destinadas a avanzar en igualdad y a reforzar la protección de las víctimas de las violencias machistas. A este respecto, el Ejecutivo recuperó el anteproyecto de ley contra la trata y la explotación de seres humanos, que decayó en la anterior legislatura con la convocatoria electoral.
Se trata de un ámbito complejo y con ramificaciones internacionales, de ahí las dificultades que han impedido que, por el momento, la norma vea la luz. Una de las trabas tiene que ver con el miedo que tienen las víctimas a denunciar a sus captores o tratantes que, a menudo, o bien las mantiene retenidas y sin posibilidad de escapar o bien amenazan a sus familiares si huyen.
Por ello, el anteproyecto prevé la protección de las víctimas «desde el primer momento» y sin necesidad de que interpongan una denuncia, según destacó la ministra de Igualdad, Ana Redondo. En concreto, se les facilitará un permiso provisional de residencia y trabajo, no se les expulsará de España y tendrán acceso a varios derechos, como el ingreso mínimo vital o el acceso prioritario a vivienda pública o asistencia letrada, detalló Redondo.
La convocatoria de las pasadas elecciones hizo que la ley decayese y no se iniciara su tramitación
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TERROR «Una vez se libere a las víctimas, se les dará una acreditación provisional que permitirá un permiso de residencia y trabajo desde el primer momento, es una de las cuestiones más relevantes de la ley [...] porque sabemos que el problema está en el terror que tienen muchas mujeres a denunciar», continuó la ministra.
La ley, que no tiene un «carácter punitivista» y sí de «prevención, sensibilización y protección», actúa contra todas las formas de trata, con fines de explotación sexual pero también vinculados al mundo laboral, al comercio de órganos o al matrimonio. El texto también incluye un régimen de ayudas económicas para las víctimas y sus hijos o dependientes a su cargo.
El anteproyecto inicia ahora su andadura, con un proceso de audiencia pública y el análisis por parte de los órganos consultivos. Después deberá volver al Consejo de Ministros para ser enviado a las Cortes, por lo que aún le queda un largo recorrido antes de llegar al BOE.
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LA VIGILANCIA Por otro lado, el Ministerio del Interior ha introducido cambios en Viogén –el sistema de vigilancia policial de las víctimas de violencia de género– destinado a endurecer los criterios por los que un caso pasa a estar inactivo y, por tanto, sin supervisión de los agentes.
El objetivo de la modificación es «prologar la protección y evitar que la mujer pueda sufrir una situación de indefensión prematura», según destacó el ministro, Fernando Grande-Marlaska.
El sistema de vigilancia ha sido puesto en cuestión, especialmente en el año 2023, cuando hubo un repunte de los asesinatos machistas, porque siguen siendo asesinadas mujeres que han denunciado a sus agresores y, aun así, las instituciones no han sido capaces de protegerlas.
Muchas veces, el problema es que el caso se ha declarado inactivo, de ahí que el Gobierno restrinja ahora los criterios para que una denunciante pase a esta situación.
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ENTREVISTAS Los expedientes de riesgo medio, alto o extremo solo podrán desactivarse cuando haya sido imposible localizar a la víctima durante al menos seis meses (antes bastaba con solo uno) o se produzcan circunstancias como la muerte, la salida al extranjero o el encarcelamiento del agresor. Además, en los que casos en que los policías no hayan apreciado la existencia de riesgo para la mujer, o este sea bajo, solo podrán considerarse inactivos si no existen medidas judiciales de protección en vigor y los agentes consideran que no hay circunstancias de vulnerabilidad o de peligrosidad del agresor que aconsejen mantenerlo activo.
Para ello, deberán contactar al menos una vez de manera presencial con la víctima y reevaluar la situación, de lo que deberá quedar constancia en el sistema.
En este sentido, se crea la modalidad de inactivación supervisada, que fija mecanismos de control policial durante un periodo de seis meses, prorrogable a un año, e impide la inactivación completa del caso en supuestos de alta complejidad o en los que en algún momento se haya detectado un riesgo cualificado.