Los 10.500 millones son «un punto de partida» para la deuda histórica
«Debe negociarse ▶ en los foros estatales adecuados», afirma la Junta de Extremadura La oposición se ▶ queja de las formas de Guardiola y pide «un acuerdo de región»
La polémica por la deuda histórica vuelve a la agenda política. La directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Rosa María Ramos Cotrina, aseguró ayer en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea que los 10.500 millones de euros de los que habló el pasado enero la presidenta de la Junta, María Guardiola, son «el punto de partida para situar» la negociación con el Gobierno central.
«Todas estas cuestiones se deben tratar a nivel estatal en los foros adecuados y no unilateralmente como se está haciendo con algunas comunidades autónomas (en referencia a Cataluña)», señaló Ramos Cotrina. La directora respondió así al Grupo Unidas por Extremadura, que preguntó por quién ha participado en el estudio para calcular esa cifra de 10.533 millones de euros y además criticó que la misma se diera a conocer en un desayuno informativo, un «acto de propaganda» cuando debe ser un «acuerdo de región».
En respuesta, Ramos Cotrina negó que esta cifra se corresponda efectivamente con la deuda histórica, como sí aseguró la presidenta en un foro del Club Siglo XXI en Madrid. «Se trata de un estudio que recoge la cuantificación de los recursos necesarios para la convergencia de la región con el resto de las comunidades autónomas. No tiene nada que ver con el concepto de deuda histórica, sino que pone de manifiesto las necesidades de la región en relación con el agravio comparativo», aseguró en sede parlamentaria. Ramos Co
trina explicó que el estudio ha sido elaborado por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ella misma como directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos, y el personal técnico de este último departamento.
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FONDOS DEL ESTADO Para el mismo han tenido en cuenta los datos del Fondo de Compensación Interterritorial, las inversiones ordinarias y extraordinarias del Estado en Extremadura y la inversión territorializada.
«Esto nada tiene que ver con el estudio de 2014 ni la deuda histórica. En ningún momento se ha mencionado la deuda histórica. Lo que se está poniendo sobre la
mesa es la necesidad de atender a nuestra región, ese déficit de inversiones del que adolecemos y nos ha impedido y condicionado un desarrollo como el resto de las regiones», reiteró Ramos Cotrina.
Por su parte, el diputado de Unidas José Antonio González Frutos afeó las formas de la presidenta, María Guardiola, y pidió más respeto para los grupos parlamentarios al tratarse, dijo, de una cuestión recogida en el Estatuto de Autonomía. «Un acuerdo de región, que tiene que ver con cómo compensar a la comunidad autónoma, requiere de otras formas y de un acuerdo de todos los grupos parlamentarios, se hace de una manera distinta», se quejó. González Frutos recordó que en 2014, entonces con José Antonio Monago como presidente, el gobierno del PP computó la deuda histórica en 430 millones de euros. «430 millones en 2014, ¿ahora 1.355? Vamos a medir el detalle de las cifras», dijo el diputado tras apuntar que la diferencia entre una y otra es el signo político del Gobierno de turno en Madrid: entonces el PP, ahora el PSOE y Sumar.
El estudio que dio a conocer la presidenta ha sido elaborado por la propia Consejería de Hacienda
/ «ACUERDO DE REGIÓN» González Frutos pidió una «reflexión» al Ejecutivo regional porque si todos los partidos con representación en la Asamblea coinciden en que Extremadura tiene un «desequilibrio» y necesita financiación del Estado, habría que intentar llegar a un acuerdo y no abordar este asunto como un «elemento de confrontación». Y recriminó además a la Junta que aún no haya registrado en la Asamblea ni el estudio, ni la cuantificación, ni las personas que han participado en el mismo, tal y como le ha pedido el también el Grupo Socialista.
En respuesta, Ramos Cotrina recordó que el pasado febrero se firmó una declaración conjunta en el pleno de la Asamblea para defender una financiación «justa» para Extremadura cuyo contenido, dijo, refleja buena parte de ese estudio sobre convergencia. «La intención no es solo cuantificar el agravio, sino que es poner sobre la mesa que necesitamos una compensación que debe ir más allá de lo que se considera deuda histórica», repitió para después asegurar que «todas estas cuestiones son un punto de partida para situar» la negociación con el Gobierno.
El concepto de deuda histórica se recoge en el Estatuto de Autonomía de Extremadura, aprobado en el año 1983. La norma establece que mientras las «circunstancias socioeconómicas» de la región impidieran la prestación de «un nivel mínimo» en los servicios públicos, los Presupuestos del Estado debían incluir «como fuentes excepcionales de financiación» unas asignaciones complementarias destinadas a garantizar al menos el nivel medio del territorio nacional.