¿A qué pena se enfrenta el alguacil de Hinojal?
Que ha confesado haber matado a Vicente está acusado de tres delitos: homicidio, estafa y robo con violencia Su abogada alegará que sufre una ludopatía
El caso de la desaparición de Vicente Sánchez despeja interrogantes. A un mes de silencio y búsqueda incesante le ha seguido una semana frenética en la que en cuestión de 24 horas se ha detenido al autor confeso de la muerte del vecino de Hinojal, el alguacil del pueblo, y se ha encontrado el cadáver. La detención de J. M. L. aclaró los principales escollos de la causa porque reconoció los hechos ante la jueza del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de Cáceres, que decretó su ingreso en prisión provisional y levantó el secreto de sumario.
De esta forma, la Guardia Civil hizo público que el detenido aseguró en sus declaraciones «haber estrangulado a Vicente y haberse quedado con una suma de 2.000 euros que el fallecido había retirado de un cajero el mismo día de su muerte». Así, con el autor confeso en prisión, la jueza continúa la instrucción de las diligencias y el pueblo continúa consternado y sorprendido por el giro inesperado y el fatal desenlace del caso. Precisamente, este sábado, una semana después de que se encontrara el cuerpo en una finca a dos kilómetros del pueblo tras un mes desaparecido, la familia tiene previsto celebrar el funeral esta mañana después de que el Instituto de Medicina Legal (ILM) hayan practicado la autopsia y hayan hecho entrega del cadáver a sus allegados.
Las diligencias se instruyen contra el acusado por los presuntos delitos de homicidio, estafa y robo con violencia. Si estos tres delitos se analizan conforme a lo que recoge el Código Penal, suman entre todos penas de prisión que superan los 25 años.
En cuanto al delito de homicidio, está recogido en el artículo 138 y contempla penas de prisión de entre 10 y 15 años. Cierto es que a falta de que el escrito de acusación de la fiscalía y de conocer si se presentarán como acusación particular los familiares o el propio ayuntamiento, queda por determinar si en sus peticiones elevarán su calificación a asesinato si consideran que hubo dolo, es decir, intencionalidad en la muerte. Este delito está regulado en el siguiente artículo, 139 y contempla penas de entre 15 y 25 años en función de si concurren determinadas circunstancias como ensañamiento o alevosía.
En cuanto al delito de robo con violencia, la ley contempla penas de dos a cinco años de prisión y por último, en relación a la estafa, el Código Penal contempla multitud de supuestos y la ley contempla penas de uno a seis años cuando «se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador».
Por su parte la defensa del acusado ejercida por Joana Sánchez ha confirmado a este diario este viernes que pedirá que sea juzgado por homicidio y no por asesinato, la condena es sustancialmente inferior en hasta diez años, y alegará que padece un problema de ludopatía y un atenuante por confesión.
Tal y como ocurre en los casos en los que se juzgan homicidios y se sigue un procedimiento particular, será un tribunal popular el que determinará la culpabilidad del acusado en base a su declaración, si quiere declarar, y las pruebas que se exhiban en el juicio que, con certeza se celebrará en la sala de jurado de la Audiencia Provincial.
El funeral de Vicente se celebrará hoy después de que el ILM haya entregado el cuerpo a la familia
El juzgado número 3 de Cáceres instruye las diligencias y decretó su ingreso en prisión provisional