«Aplicar la ley para revertir el cambio climático supone 30 euros por español»
Catedrático de Ecología y asesor de la ley de restauración de la naturaleza aprobada por la UE
¿Qué supone la ley de restauración de la naturaleza?
– – Financiar la recuperación de los ecosistemas degradados en toda Europa. El estado de estos ecosistemas, incluso de los hábitats más emblemáticos de la Red Natura 2000, no es satisfactorio en la gran mayoría. Esta ley es relevante porque obliga a eso y además ofrece oportunidades para restaurar agroecosistemas, ecosistemas urbanos, forestales, ríos, etc.
– ¿A qué tipo de suelo afecta?
– A todo tipo. Es muy amplio, pero ha habido presiones para que solo afectara a zonas protegidas y en eso ha consistido buena parte de la discusión. Finalmente, aunque de una manera muy tímida, también incluye incidir fuera de esas zonas. Para nosotros es importantísimo porque permite restaurar bosques, por ejemplo, gestionarlos para disminuir su vulnerabilidad a la sequía y los incendios.
– ¿La ley se ha quedado corta?
– La propuesta que hizo la Comisión Europea era más ambiciosa; se han atenuado las metas y los plazos se han relajado. Incluso se ha introducido algo inédito en la legislación europea: un freno de emergencia. Si en un momento dado se considera que la aplicación de la ley puede suponer un riesgo para la soberanía alimentaria, los Estados miembros pueden solicitar su parada durante un periodo de hasta un año.
– ¿Se establecen plazos para llevar a cabo las medidas?
– En 2030 tiene que estar en fase de restauración el 20% del territorio y la mayoría de ecosistemas degradados deben estar en restauración en 2050. Para objetivos concretos hay diferentes plazos. No es un brindis al sol, hay metas concretas en tiempo y en ambición. Es una parte importante de la ley, que tiene medidas legalmente vinculantes. Obliga a los Estados miembros a desarrollar su propio plan de restauración y luego a implementarlo.
– ¿A qué porcentaje de superficie del territorio afecta?
– Es difícil de decir. Se conoce a escala de las zonas protegidas, pero nos falta información precisa sobre qué sitios están degradados y poder restaurarlos. Estamos ha
blando de millones de hectáreas, es una cifra enorme, pueden ser diez millones en España. Pero hay que tener en cuenta que España en la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI repobló más de cinco millones, probablemente siete. Nos estamos exigiendo ahora lo que nuestros abuelos hicieron con muchos menos medios.
– ¿Qué inversiones de las administraciones serán necesarias?
– En España serán necesarios 1.400 millones de euros. Es una gran inversión porque tenemos un gran problema, el descenso de las poblaciones de polinizadores o la desertificación y la sequía. El coste que representa para cada español sería unos 30 y pico euros por persona. Es una cantidad relativamente pequeña. Además se trata de una actuación que nos genera beneficios, por lo que no se trata de un gasto, es una inversión. Van a fijar más carbono, a retener el suelo, controlar mejor la hidrología, mejorar la salud de las poblaciones urbanas. Por cada euro que se invierta en restauración, el beneficio económico que obtiene la sociedad se multiplica por ocho y hasta diez.
– ¿Cuál es el principal factor de degradación del suelo?
– Hay muchos. Uno sería la urbanización, el sellado de los ecosistemas, prácticas agrícolas insostenibles que permiten obtener una abultada producción a corto plazo, pero a costa del deterioro de las condiciones del suelo. No englobaría a toda la agricultura, que es una aliada magnífica de la biodiversidad. Hay ecosistemas agrícolas sostenibles, explotaciones tradicionales con un valor ecológico enorme. Pero hay otra que con el uso de fertilizantes, de químicos, de fitosanitarios... suponen una degradación. Y luego está el marco general de cambio climático y aridificación, que aquí es un problema gravísimo.
– ¿Cuál es la agricultura perjudicial para el territorio?
–La intensiva. Grandes campos que no dejan espacio al desarrollo de especies nativas o de ecosistemas naturales, donde se usan fertilizantes por encima de lo que puede soportar el medio y se homogeneiza el paisaje. Eso es terrible para la biodiversidad y la sostenibilidad a largo plazo. En términos generales, las pequeñas explotaciones agrarias se han reducido en España brutalmente y se están incrementando las grandes explotaciones de este tipo.
– ¿Está prevista la intervención de otros agentes al margen de la Administración?
– Los planes nacionales de restauración deben ser participativos. Además se deben desarrollar en un plazo de dos años y demostrar de qué manera se van a cumplir. Y ahí los Estados tienen bastante flexibilidad, la ley establece directrices generales, pero el Gobierno de España, en colaboración con las comunidades, que son competentes en materia ambiental, tienen que diseñar esos programas, teniendo en cuenta los diferentes sectores de la población, como los agricultores, los cazadores, etc.
– ¿Qué tipo de suelos deben ser preferentes a la hora de actuar?
– Las prioridades se deben establecer en base a los criterios generales que establece la ley. La Red Natura 2000 es prioritaria, y eso es irrenunciable. Pero también conviene que las comunidades identifiquen cuáles son sus preferencias.
«La dicotomía que se ha venido planteando entre la agricultura y la naturaleza es falsa»
– ¿Ha habido muchas presiones para suavizar esta ley?
– Estas presiones han sido mayormente una cuestión política. Muchas de las afirmaciones que se están haciendo no son ciertas. La Ley de restauración no amenaza la soberanía alimentaria; contribuye a ella. Si estamos luchando contra el cambio climático y las variaciones en el clima que van a afectar a la producción, no se puede decir que esta ley está en contra. Esa dicotomía entre agricultura y naturaleza, como sabe cualquiera que trabaje el medio rural, es falsa.