Los derechos humanos y el agua potable
Más de 2.000 millones de personas no tienen acceso garantizado al agua potable y más de 4.000 millones carecen de saneamiento básico. Esta crisis, agravada por el cambio climático, está generando inseguridad hídrica y competencia por los recursos hídricos disponibles, poniendo en peligro los derechos humanos de miles de millones de personas.
Los conflictos relacionados con el agua suelen surgir debido a la percepción del agua como un recurso económico que debe gestionarse bajo el paradigma del dominio humano sobre la naturaleza. Esta perspectiva fomenta la competencia y las controversias sobre la gestión y utilización del agua, así como el control de los caudales. Las infraestructuras, como las presas, tienen un papel importante en la modificación del caudal de agua y pueden generar tensiones por el control y el uso del agua. Además, los impactos sociales y ambientales de las grandes obras hidráulicas pueden provocar conflictos cuando se inundan áreas habitadas o se arruina la pesca. El colapso de los sedimentos en los embalses causa problemas graves, como la subsidencia de los deltas y la degradación de las playas. La contaminación del agua también desencadena conflictos, ya sea por contaminación orgánica, exceso de nutrientes, contaminación biológica o contaminación tóxica que afecta a la salud pública. Estos efectos sobre la calidad del agua se ven agravados por la ruptura de la biodiversidad acuática y sus funciones autodepuradoras.
Por todo esto, es necesario adoptar un enfoque ecosistémico en la gestión integrada del agua a nivel de las cuencas. Los ríos, lagos, humedales y acuíferos son ecosistemas vivos cuya sostenibilidad es esencial para la vida y el bienestar de las comunidades ribereñas. Más allá de proporcionar agua, estos ecosistemas ofrecen servicios ecosistémicos como la pesca, la salud, la autodepuración y la regulación de caudales. Por lo tanto, es fundamental reconocer y valorar estos servicios para garantizar la conservación y restauración de los ecosistemas acuáticos. La obligación de garantizar los derechos humanos al agua potable y al saneamiento se convierte en una responsabilidad compartida de los Estados que integran una cuenca transfronteriza. En este contexto, es fundamental fortalecer los marcos jurídicos e institucionales que permitan una gobernanza democrática del agua basada en los derechos humanos. La participación equitativa, la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información son elementos clave en la gestión de las cuencas transfronterizas.
Promoviendo la cooperación
Los conflictos en las cuencas transfronterizas a menudo están marcados por asimetrías de poder. Es importante reconocer y abordar estas asimetrías para lograr una gestión cooperativa y equitativa del agua. La movilización social puede desempeñar un papel vital al compensar estas asimetrías y fomentar el diálogo entre las comunidades ribereñas. Sin embargo, es necesario fortalecer los marcos jurídicos e institucionales para superar estas asimetrías y garantizar una gestión sostenible y saludable de los ecosistemas fluviales. La gestión cooperativa de los recursos hídricos en las cuencas transfronterizas puede generar importantes beneficios sociales, económicos y políticos. A través del diálogo entre las partes interesadas, se pueden encontrar soluciones pacíficas y sostenibles para la gestión conjunta de los recursos compartidos. La igualdad y reciprocidad de derechos y obligaciones son fundamentales para garantizar una cooperación efectiva y evitar daños significativos en los ecosistemas fluviales.
Ejemplos de conflictos y soluciones
Existen ejemplos positivos de resolución de conflictos relacionados con el agua. Por ejemplo, las tribus Yurok, Karuk y Hoopa Valley lograron eliminar las presas hidroeléctricas en el río Klamath para salvar al salmón. En el caso del proyecto de Zapotillo en México, se logró un acuerdo que evitó el impacto negativo de una gran presa en las comunidades cercanas y propuso alternativas para garantizar el suministro de agua. La adopción de un enfoque basado en los derechos humanos en la gestión de las aguas transfronterizas es crucial para promover la paz, el desarrollo sostenible, la adaptación al cambio climático y la integración regional. Este enfoque garantiza la igualdad de participación, la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información, lo que contribuye a la seguridad hídrica y previene los conflictos relacionados con la escasez, el acceso y la gestión del agua.
La crisis del agua podría provocar desplazamientos masivos de población, violencia y la deslegitimación de las instituciones a nivel local, nacional e internacional.